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Tres meses de cárcel por usar ilegalmente aguas públicas para el riego de una finca

Construyó sin permiso un pozo y una presa de grandes dimensiones para regar más de 400 hectáreas de cultivos

sevilla Actualizado: Guardar
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El apoderado de una finca de Écija (Sevilla) ha sido condenado a tres meses de cárcel y multas de 180 y 360 euros por construir sin autorización un pozo y una presa sobre un arroyo público, cuyas aguas utilizó para regar un olivar y otros cultivos sobre una superficie de 416 hectáreas.

La sentencia del juzgado penal 6, a la que ha tenido acceso EFE, recoge que el acusado M.M.M. construyó alrededor de noviembre de 2006 un pozo sobre el arroyo conocido como Las Cruces o El Nuño "con el fin de desviar las aguas públicas para utilizarlas en su beneficio". Además, levantó una presa con materiales de obra, especialmente hormigón, sobre el arroyo, con tres huecos para permitir el paso de las aguas pero toda la que superaba el nivel de la presa caía en una arqueta, desde la cual era conducida por tres tuberías hacia una balsa de unos 20.000 metros cuadrados de superficie y seis metros de profundidad.

Precisa la sentencia que una inspección de la Guardia Civil el 24 de febrero de 2009 detectó que "todo el caudal del arroyo aguas abajo del dique se derivaba a la balsa, de modo que el cauce estaba seco". Desde la balsa, añade, el agua así sustraída se utilizaba para el riego por goteo del olivar y otros cultivos plantados en la finca de la que el acusado era apoderado. Cuando el procesado supo de la actuación policial, tapó la arqueta y el agua del arroyo "volvió a circular normalmente".

Sin permisos ni licencias

Las obras no habían sido autorizadas por el Ayuntamiento de Écija ni por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), quien además le había denegado expresamente la construcción de la balsa en una resolución de junio de 2008.

El acusado no pidió licencia de ninguna clase "a sabiendas de la imposibilidad de que se le autorizara, ya que invadía dominio público hidráulico", precisa la juez, que condena a M.M.M. a tres meses de cárcel y multa de 180 euros por un delito contra la ordenación del territorio y a otra multa de 360 euros por un delito de usurpación por distracción de aguas públicas.

La resolución le aplica la atenuante de reparación del daño pues previo al juicio depositó los 5.445 euros en que se ha pasado la reposición del terreno a su estado original, que llevará a cabo la consejería de Medio Ambiente de la Junta. Durante el juicio, según informa EFE, la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla retiró su anterior acusación contra un matrimonio de octogenarios, propietarios de la finca, por considerar que no tuvieron parte activa en los hechos denunciados.