El sector inmobiliario es relevante por su aportación al PIB nacional, pero mucho más por la creación de ciudades. Es el que construye los lugares donde vivimos y pasamos nuestra existencia, tenemos las mayores inversiones de nuestra vida y nos ayuda a ser felices. Es más importante de lo que los números económicos nos digan.
La situación inmobiliaria, en estos momentos, puede decirse que se encuentra en una fase de normalidad, ya que se ha profesionalizado mucho a raíz de la última crisis del 2008. Tanto los promotores como las entidades financieras han avanzado mucho en ese sentido, lo cual es bueno para el sector. No obstante, no es capaz de satisfacer en estos momentos las necesidades sociales del país.
La producción de viviendas está muy por debajo de la demanda, en cantidad y precio.
Es necesario poder realizar más viviendas. Sin embargo, el agente constructor en estos momentos no tiene capacidad de más ejecución, por la falta de mano de obra en el sector.
Es preciso entrar de lleno en la industrialización de la construcción. En España se sigue construyendo prácticamente igual que hace décadas, y esto tiene que cambiar forzosamente desde el proyecto arquitectónico. Hay que cambiar los hábitos, buscando nuevas soluciones y materiales. El sector constructor tiene que implicarse en la creación de nuevos sistemas y el promotor, aceptar esta revolución necesaria.
Otro de los problemas actuales es la demora en los procesos administrativos. La consecuención de las licencias, acto reglado, ha pasado a eternizarse. Desde el legislativo se ha regulado excesivamente. Toca ahora simplificar y crear mecanismos que agilicen los procesos. Hay un campo importante por recorrer todavía con las declaraciones responsables. Las entidades urbanísticas certificadoras son una buena solución, pero tienen que ser reguladas por las normativas municipales, con lo que volvemos a entrar en un proceso administrativo que, a la altura que estamos, no ha habido ningún municipio en Andalucía que las haya regulado, y ya ha pasado tiempo desde la aprobación de la lista.
La creación de nuevos suelos se ha convertido en un proceso interminable. Hay que crear mecanismos que agilicen su existencia, es la única forma de poder hacer la tan necesitada vivienda asequible.
Pero la ejecución de la vivienda asequible tiene prácticamente los mismos costes que la vivienda libre, debido a los requisitos técnicos que debe cumplir. Por lo tanto, la única forma de abaratar es la creación de suelo barato y reducirle los costes impositivos por parte de las administraciones, que ahora no tiene ningún tipo de bonificación. Resulta imposible su promoción, ya que hay municipios cuyos precios máximos de venta hacen imposible su construcción por estar por debajo de costes, y hay que considerar que la vivienda es un bien de primera necesidad.
Por fin se están tratando las ayudas a la adquisición de primera vivienda por jóvenes, mediante avales que permitan a los bancos dar hipotecas de un elevado porcentaje sobre el precio. España es un país donde la costumbre es la vivienda en propiedad y, por lo tanto, hay que ayudar a su adquisición. Hay que considerar que, dada la fiscalidad tan alta que tiene la promoción, cualquier ayuda se rentabiliza impositivamente inmediatamente.
Otro aspecto que deberá cambiar en la construcción es dirigirla hacia la sostenibilidad, en dos frentes. Uno, en la construcción, con nuevos sistemas y eliminando la cantidad de residuos que se producen, o reciclándolos para darles una segunda vida. Y otro es dotar a las viviendas de energías renovables, que en Andalucía con las horas de sol que tenemos es fácil, más nuevos sistemas que habrá que abordar como las mini eólicas.
Hay subsectores de la promoción, como el de las oficinas, que no arrancan, hay exceso, y no hay demanda o es muy baja, y solo en determinadas localizaciones, por lo que los suelos terciarios existentes deberán ser reconvertidos de forma sencilla para su utilización.
Sin embargo, va avanzado lentamente el sector del Built to rent, promover para alquilar, pero que no despegará como debe hasta que no se dé más seguridad a los propietarios de los inmuebles.