El control, sea del tipo que sea, tienen una relación directa con el desarrollo de una sociedad: cuanto más avanzada es, más necesitada está de mecanismos de control del poder político. Y la nuestra es una sociedad cada vez más preparada y con mayor capacidad de crítica. Por ello, podemos afirmar con absoluta rotundidad que nunca han existido tantos y tan precisos controles tanto internos como externos.
La regularidad y claridad en las cuentas públicas, así como la responsabilidad, transparencia y eficacia en la gestión, se han convertido en los principios claves de los sistemas de actuación pública. Los ciudadanos exigen, cada día con mayor insistencia, que la administración pública sea lo más eficaz y eficiente posible, y la transparencia y el control son instrumentos muy precisos para medir el grado de implantación de estos conceptos, y, lo que es más importante, ofrecer alternativas que introduzcan mejoras en la gestión.
Plenamente conectado con un sistema democrático está el grado de depuración y profundidad al que hayan llegado los instrumentos y mecanismos de control establecidos. El equilibrio entre poder y control no debe entenderse como contrapuesto, al contrario, se trata de partes integrantes y complementarias del propio sistema.
En este contexto, la Cámara de Cuentas es, o al menos pretende ser, una Institución que brinda confianza a los ciudadanos y genera la seguridad de que las administraciones llevan a cabo un uso racional de los fondos públicos. Nuestra institución no debe ser temida, debe ser respetada por sus aportaciones y por sus recomendaciones. Debemos ser capaces de transmitir la idea de que el control de la gestión de las diferentes administraciones no se identifique como una forma de mera rendición de cuentas o de cumplimiento normativo. Pretendemos que nuestra labor se perciba como un instrumento dirigido a perfeccionar la convivencia y el progreso, y, en definitiva, a servir al interés general.
La permanente búsqueda de la mejor información posible en materia de gestión pública, en general, y de fondos públicos, en especial, es ciertamente una necesidad objetiva de la propia gestión, pero es, en todo caso, una exigencia democrática en el sentido de que los ciudadanos en concreto tienen derecho a un conocimiento riguroso de los parámetros por los que se desenvuelve dicha gestión.
No es discutible que, sin perjuicio de que se pongan de manifiesto todas las irregularidades que sean del caso o de que se efectúen las denuncias que haya que hacer, el control debe entenderse, ante todo, como un incentivo para el perfeccionamiento. La primera virtualidad del control debe ser su capacidad para servir en la apreciación de las deficiencias y su eliminación o corrección más fácil e inmediata.
La Cámara se encuentra en una posición de imparcialidad que le permite pronunciarse por encima de los intereses de los servicios, organismos o empresas directa o indirectamente afectados por nuestro trabajo. No resulta concebible una actuación sesgada a favor o en contra de ninguno de sus posibles intereses, pero, en todo caso, nuestro complejo procedimiento de actuación es garantía suficiente para la depuración de cualquier contaminante a estos efectos.
La neutralidad es otro de nuestros deberes. Cualquiera de las fases del procedimiento de fiscalización, incluida la planificación de los trabajos, puede estar afectada por un sesgo determinado, sea cual sea su orientación. Ante este riesgo sólo puede oponerse la máxima profesionalidad de cuantos intervienen en la elaboración de los informes.
Finalmente, la objetividad nos impone actuar de acuerdo con parámetros muy claros. Esta es posiblemente la exigencia que requiere ser administrada con mayor prudencia por parte de la institución puesto que supone su actuación con arreglo a criterios y referencias conocidos, contrastados y, en lo posible, que tengan la mayor aceptación.
El trabajo de la Cámara produce otros efectos, además del que queda de manifiesto en los propios informes. El anuncio de una fiscalización lleva aparejado un esfuerzo de revisión en la entidad auditada, que se potencia en gran medida cuando la auditoría pone de relieve soluciones alternativas a las aplicadas hasta ese momento.
Transformación digital
Asistimos a una profunda transformación tecnológica en el funcionamiento y gestión de las administraciones públicas. Para responder a esta nueva situación estamos transitando hacia un modelo de auditoría digital, que supone un proceso de transformación interna sobre los métodos y procesos de trabajo en la auditoría.
La automatización y eficiencia de los procesos y el análisis de datos está desplazando los tiempos que se dedican a la realización de las pruebas y procedimientos que descienden frente a la planificación y realización de los informes donde el juicio profesional, la diligencia debida y el escepticismo profesional siguen siendo factores clave. Esta transformación digital conlleva la aparición de nuevos riesgos de la auditoría, como pueden ser la ciberseguridad, la privacidad y seguridad de los datos, y la información es un elemento imprescindible.
En definitiva, el control externo no solo permite identificar errores o corregir desviaciones. Su misión más importante es actuar como catalizador del buen gobierno, fortaleciendo la rendición de cuentas y promoviendo una gestión orientada al interés general. Nuestro objetivo último es claro y firme: contribuir a fortalecer la confianza ciudadana en la compleja y vital tarea que desempeña la administración pública.