La industria de la construcción y la promoción inmobiliaria, junto con sus actividades auxiliares, juegan un papel fundamental en la configuración económica y territorial de España, no solo generando empleo y actividad, sino como el canal donde se implementan políticas públicas, programas de inversión y demandas privadas, lo cual influye en la productividad y competitividad del país.

Tras las fuertes perturbaciones de este siglo –crisis financiera y del ladrillo, los ajustes, la pandemia, la invasión de Ucrania, el alza de precios o la actual guerra arancelaria–, el conjunto de promotoras, constructoras y proveedores de materiales, así como de servicios de consultoría de ingeniería, ha entrado en una fase de recomposición que combina recuperación de obra civil, reactivación residencial y una transición hacia la modernización tecnológica y la sostenibilidad.

Las estadísticas oficiales señalan que el valor añadido bruto de la construcción registra dinámicas positivas, reflejo de una recuperación que ha ido contagiando a proveedoras y subcontratas. Además, la licitación de obra pública experimentó un notable crecimiento que posicionó a 2024 como el mejor ejercicio en términos de contratación de los últimos años, tanto en España como en Andalucía, impulsando la carga de trabajo de grandes constructoras y de la red de empresas auxiliares.

Este avance, sin embargo, no es homogéneo. Conviven el vigor de la licitación pública y la buena marcha de determinados nichos residenciales con problemas que ralentizan esta evolución: la escasez de mano de obra cualificada, los bajos precios en concursos públicos, el alza de costes de materiales y energía, y el coste infravalorado de la necesidad de adaptar procesos productivos a exigencias medioambientales y digitales.

En este contexto, se han puesto en marcha proyectos de infraestructura y obra civil que generan beneficios inmediatos y, a la vez, mejoras en la conectividad, rehabilitación urbana, redes de servicios y capacidades logísticas que favorecen a las economías locales. Destaca el papel de la ingeniería para afrontar catástrofes naturales que, sin estas aportaciones, habrían sido mucho más devastadoras.

La actividad promotora, aunque sin alcanzar los picos de los primeros años de 2000, ha recuperado dinamismo en segmentos como vivienda urbana, turismo residencial, oficinas o naves industriales y logísticas. La estadística de visados de obra –un termómetro del sector– mostró incrementos interanuales que confirman la reactivación, aunque con distribución territorial desigual. Ello obliga a las empresas a gestionar riesgos financieros, permisos y plazos en un entorno donde el coste de materias primas sigue siendo crítico.

Las industrias auxiliares han recuperado actividad, pero encaran un doble reto: asegurar suministros y cadenas logísticas que permitan cumplir con las programaciones de obra y acelerar la transición hacia procesos menos intensivos en huella de carbono y más digitalizados. La modernización del parque de maquinaria, la adopción de procesos industrializados y la innovación (BIM, control en tiempo real, integración de proveedores en cadenas colaborativas) no son modas sino requisitos de competitividad.

Y pese a todo lo anterior, el empleo es la variable social más sensible. Tras años de pérdida de fuerza laboral, los indicadores muestran recuperación en ocupación, pero también un desfase entre oferta y demanda de perfiles cualificados en oficios tradicionales y técnicos en digitalización, BIM o eficiencia energética. La escasez de estos perfiles genera cuellos de botella y aumenta los costes. La solución requiere políticas formativas y alianzas público-privadas que refuercen la formación profesional, faciliten el reciclaje laboral y conviertan la contratación en una palanca de estabilidad social y territorial.

Aunque las Administraciones han lanzado medidas para cubrir la falta de técnicos –facilitar la contratación de mano de obra extranjera, cursos rápidos y refuerzo de la FP–, estas parecen más parches temporales que estrategias a largo plazo, lo que genera dudas sobre su eficacia real para resolver el déficit estructural de trabajadores.

Las universidades, por su parte, tampoco están respondiendo de forma efectiva a la escasez de técnicos. Sus programas siguen centrados en la teoría y alejados de las necesidades prácticas de las empresas, lo que deriva en titulados con baja empleabilidad en obra. Mientras no se cierre esa brecha entre formación académica y realidad laboral, difícilmente podrán ser la solución real al déficit de profesionales.

Lo que parece evidente es que, a medio plazo, las inversiones públicas marcarán el rumbo. La modernización de infraestructuras de transporte, la renovación de edificios, la mejora de redes energéticas y la gestión de aguas generarán un volumen de proyectos que beneficiará a toda la cadena productiva. La colaboración entre administraciones y sector privado será determinante para la viabilidad financiera y la ejecución eficiente de estas obras.

Para el tejido empresarial, la clave no es solo ejecutar volumen, sino elevar la calidad de la respuesta: gestión de riesgo urbanístico, criterios ESG, trazabilidad de materiales, compromiso con la economía circular y transparencia en la cadena de suministro. Los inversores exigen proyectos resilientes y eficientes, y las entidades financieras valoran la capacidad de las empresas para certificar procesos y resultados. Sin embargo, persiste la necesidad de un pago justo por el trabajo, algo que en España aún no está garantizado, obligando a miles de firmas a buscar oportunidades en el exterior.

Otro desafío radica en gestionar la urgencia de proyectos, en especial los financiados con fondos europeos con plazos ajustados, al tiempo que se reorienten los modelos productivos hacia estándares que garanticen sostenibilidad y competitividad internacional. Las empresas que integren ingeniería avanzada, control de costes y cadenas de suministro profesionalizadas estarán mejor situadas para captar inversión pública y privada.

De cara al futuro, la inteligencia artificial (IA) marcará un punto de inflexión. Permitirá planificar proyectos con mayor precisión, calcular tiempos, costes y materiales evitando retrasos y desperdicios. También facilitará el seguimiento en tiempo real y la prevención de riesgos laborales. Sin embargo, plantea retos: su alto coste dificulta la adopción por parte de empresas pequeñas, genera desigualdad en el sector, puede reducir empleos y exige nuevas habilidades, aumentando la dependencia de sistemas complejos.

Desde una perspectiva territorial, la capacidad de ejecutar infraestructuras y regenerar tejido urbano será determinante para reducir desigualdades entre regiones y fomentar polos de especialización industrial vinculados a la construcción.

Para concluir el sector vive un momento de oportunidad y exigencia. La demanda pública reforzada, la reactivación promotora y la recuperación del empleo coinciden con la necesidad de modernización técnica, sostenibilidad y profesionalización. La ingeniería es clave en este proceso, pero el éxito dependerá de una gobernanza capaz de alinear inversiones, formación, financiación y regulación para que la obra que se construye hoy sea la base de un país más conectado, cohesionado, eficiente y resiliente mañana.