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Las cámaras del antiguo Plan Centro no vulneran la intimidad de los sevillanos

Día 06/01/2013 - 07.59h
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La Agencia de Protección de Datos archiva la denuncia contra el actual gobierno y afirma que es lícito grabar para controles estadísticos del tráfico

Las cámaras que registran los accesos al centro de Sevilla tras la derogación del Plan Centro no vulneran la Ley de Protección de Datos según la Agencia que regula esta normativa, que ha decidido archivar la denuncia efectuada por el Grupo 17 de Marzo, compuesto por juristas «progresistas» de la ciudad, contra el actual gobierno municipal por seguir dando uso a estos dispositivos. La Agencia Española de Protección de Datos sostiene que «los hechos denunciados y la documentación acompañada al escrito de denuncia no acreditan, con la certeza que exige el procedimiento sancionador, indicio alguno en relación con el posible incumplimiento» de la ley.

El Grupo 17 de Marzo aseguraba en su escrito que «una vez derogado» en julio de 2011 el Plan Centro impulsado por Monteseirín, «se procedió a retirar las señalizaciones de la existencia de dichas cámaras de acceso al centro». «Los derechos de información y de intimidad de los ciudadanos de Sevilla se están viendo afectados», decía la denuncia que este organismo interpuso el 28 de diciembre de 2011.

Un año después, la Agencia estatal de Protección de Datos echa por tierra todos los supuestos de la denuncia y avala la actuación del gobierno de Juan Ignacio Zoido. «En primer lugar —recoge la resolución a la que ha tenido acceso ABC— conviene señalar que en el supuesto que nos ocupa las videocámaras ejercen un control general e indeterminado sobre el tráfico como actividad pública, y no persiguen la vigilancia de sujetos o circunstancias predeterminadas». Además, «ha quedado acreditado que el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Area de Seguridad y Movilidad, se encuentra legitimado para tratar los datos de las imágenes de personas que pueden ser captadas a través de las cámaras instaladas, al resultar esta medida un instrumento necesario para el control del tráfico». Igualmente, «en este contexto, en el supuesto de hecho al que se refieren las presentes actuaciones, no cabe atribuir la vulneración del deber de secreto al Ayuntamiento».

A los denunciantes ya se les ha agotado la vía administrativa para alcanzar su fin y sólo les quedan los tribunales.

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