Tuberías de las obras de modernización que finalizan en un canal en mitad de la marisma
Tuberías de las obras de modernización que finalizan en un canal en mitad de la marisma - abc

La Unión Europea destapa otro fraude en las ayudas de la Junta al sector rural

La Oficina Europea Antifraude certifica que el dinero del caso Marismas se ha perdido y que la Consejería de Agricultura pudo usar el mismo «modus operandi» en otros casos

alberto garcía reyes
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La Oficina Europea Antifraude ha certificado, punto por punto, el escándalo desvelado por ABC del llamado «caso Marismas», en el que el juez de instrucción número 16 de Sevilla investiga el desvío de 40 millones de euros de los fondos europeos que tenían que haber ido destinados a las obras de modernización de la margen izquierda del Guadalquivir desde Dos Hermanas hasta Lebrija. En un informe enviado al magistrado asegura que en la adjudicación y ejecución de esa gran obra hubo «graves irregularidades», ya que, en primer lugar, «el contrato se adjudicó al licitador que tenía lazos con el órgano de contratación a pesar de que debía de haber sido excluido por incumplir los criterios de capacidad técnica», una decisión que buscaba adjudicar la obra «a un operador económico concreto», ya que «no se adjudicó el contrato a la oferta que presentaba la mejor relación calidad-precio, con el consiguiente impacto en los intereses financieros nacionales y europeos».

Por otra parte, según los investigadores de la Oficina Antifraude (OLAF), «el proyecto fue modificado de manera irregular prescindiendo de los procedimientos establecidos», a lo que hay que sumar que «el proyecto no está terminado y presenta graves deficiencias que impiden que las partes ya ejecutadas pueden ponerse en funcionamiento en su estado actual». Además, como ya reveló este periódico, «hay indicios para pensar que algunas de las obras certificadas podrían ser falsas».

Ante estos hechos, que el informe detalla con precisión tras una investigación que comenzó en julio del año pasado, la Unión Europea ha iniciado el expediente para reclamar 11.035.189 euros, que fue el dinero abonado por este organismo. El resto lo tenía que adelantar la Junta de Andalucía, a la que la Oficina Antifraude también implica en el caso de forma muy directa. Uno de los miembros de la mesa de contratación ha declarado a la OLAF que «la posibilidad de elegir al contratista de entre una terna de licitadores era una práctica habitual en la administración de la Junta de Andalucía». Los tres instructores de este informe —una española, un griego y un inglés— tiraron de ese hilo y han llegado a la conclusión de que «algunos de los hechos constatados en relación con la actuación de la Junta de Andalucía constituyen irregularidades que podrían avalar la tesis de los denunciantes». Se refiere a la nueva junta de los regantes, que sostiene que desde Agricultura se hizo una llamada indicando quién debía ganar y se aceptaron certificaciones de obra falsas para poder usar el dinero de la subvención, entre otras muchas cosas. El informe de la Oficina Antifraude habla de «trato de favor» por parte de la Junta a la empresa ganadora, ya que también «autorizó una modificación irregular del proyecto que podría haber incluido partidas artificialmente infladas». Por todo ello, el informe certifica que «las conductas de la Junta de Andalucía podrían ser constitutivas de ilícitos penales previstos en el Código Penal español». Y añade otro dato crucial para la investigación judicial: «Además, podría tratarse de irregularidades no circunscritas exclusivamente el proyecto investigado, sino que podrían extenderse a otros proyectos de la misma medida gestionados por la Junta de Andalucía».