Rivas, en una comparecencia cuando era delegado de Empleo
Rivas, en una comparecencia cuando era delegado de Empleo - EFE
CASO FAISEM

El exdelegado de Empleo falsificó documentos oficiales, según la Guardia Civil

Rivas firmó certificados dando por comprobadas ayudas para enfermos mentales de las que «no se justificó ni un solo euro»

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La Guardia Civil sostiene que Antonio Rivas, exdelegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía, falsificó documentos oficiales para darle apariencia real a la tramitación de las ayudas de su departamento a la entidad San Juan Grande, radicada en Carmona y encargada del cuidado e integración de enfermos mentales y que ha sido denunciada tras desaparecer todos los fondos que recibió. Entre ellos, de Empleo. Tras analizar la documentación y los expedientes de esas ayudas, el Equipo de Delincuencia Económica del Instituto Armado sitúa al que fuera alto cargo del Gobierno andaluz en el centro de una trama que eludió los controles internos y que, con la certificación firmada por el propio Rivas, otorgó categoría de legal a procesos administrativos plagados de anomalías.

Tanto es así que en el informe de conclusiones elaborado por la Benemérita, al que ABC ha tenido acceso y que está en manos del Juzgado de Instrucción 5 de Sevilla, se indica que el ex responsable del Servicio Andaluz de Empleo en la provincia «habría cometido, cuando menos, un delito de falsedad en documento público» con esa firma a certificaciones. Que se explica anteriormente cuando se analiza uno de los expedientes fiscalizados de ayudas a San Juan Grande —entidad que después delegó buena parte de sus gestiones en la fundación Faisem, dependiente de la propia Junta de Andalucía—, concretamente el SE/IGS/0106/2007.

Para seguir dando dinero

En dicho expediente, uno de los documentos, del 9 de abril de 2008, aparece firmado por Rivas para certificar que la subvención concedida a la entidad había sido aplicada a la finalidad para la que se concedió cuando la realidad es que, según se indica literalmente el informe, «nunca se justificó ni un solo euro», sirviendo la justificación, incluso, «para que se le diera a San Juan Grande el 25% restante que faltaba para completar la ayuda». Esto es, 10.386 euros más a añadir a los 31.158,68 euros iniciales. Se abrió un procedimiento administrativo para exigir el reintegro, pero, como en el resto de los casos, Empleo no llegó a exigir la devolución de la ayuda porque se dejaron pasar los plazos legales y caducó, lo que obligó a reiniciar todos los trámites.

Se especifica, además, que el expediente de reintegro puso de manifiesto que no se había justificado un solo euro a pesar de que Rivas hizo constar el «cumplimiento» y el «correspondiente gasto total de la actividad subvencionada». «Por consiguiente, la responsabilidad recaería en el firmante de la certificación acreditativa, es decir, el señor Rivas Sánchez», se señala en el citado informe policial.

Este hecho, la firma del certificado acreditativo del empleo de una subvención cuando en la realidad no existía documentación alguna justificativa, es «la evidencia más clara de que se estaba en una situación de falta de control de los fondos públicos» para los responsables de la investigación. En este sentido, la Guardia Civil analizó cinco expedientes de ayudas a San Juan Grande pertenecientes a la Consejería de Empleo, que subvencionó a la ONG al menos con 1.157.861,70 euros, mientras que la propia Faisem concedió 437.360,80 euros. Ninguna de las subvenciones se usó para los enfermos mentales y el destino de los fondos se desconoce. Por ello, se imputó al responsable de San Juan Grande, Antonio Vargas Luna.

Además del dinero de la Consejería de Empleo, la entidad que estafó más de dos millones entre ayudas públicas y aportaciones privadas recibió subvenciones de la Diputación Provincial y también de los ayuntamientos de Carmona, Lora del Río, La Puebla de los Infantes, Alcolea del Río, El Viso del Alcor, Mairena del Alcor y La Campana.

La Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (Faisem) también aportó, al menos, esos 437.360 euros, aunque en primer juzgado que trató este caso, Instrucción 2 de Carmona, ya indicó que esta fundación controlada por la Junta de Andalucía no advirtió ni denunció irregularidad alguna pese a conocer que no se estaban cumpliendo los fines de las subvenciones que había recibido San Juan Grande, ONG a la que iba a gestionar esas ayudas. Se trataba de un auténtico agujero negro, pero Faisem no alertó de lo que estaba ocurriendo sino que se incorporó al asunto para ser la que gestionase las subvenciones.