Las claves del caso Marismas, la punta del iceberg de un fraude masivo en Andalucía

A. G. REYES

22/03/2015
Actualizado a las 11:47h.

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El caso Marismas es uno de los escándalos que más recorrido judicial tendrá en los próximos meses porque tiene el aliento de la Unión Europea en el cogote para comprobar si, como aventura ya la Oficina Europea Antifraude, esta estafa en las subvenciones públicas gestionadas por la Junta de Andalucía para el sector agrícola fue generalizada. Es decir, el desvío del dinero de la obra para la modernización de las marismas del Guadalquivir entre las localidades de Dos Hermanas y Lebrija podría ser sólo la punta del iceberg de una extensa trama de concursos amañados y facturas falsas para justificar ayudas que nunca se llevaron a cabo en este ámbito tan sensible para la economía andaluza.

De hecho, las ayudas europeas tenían ese fin: renovar las infraestructuras del campo para adaptar la producción agrícola a las nuevas tecnologías y dotar así a las zonas rurales de una salida. Pero el dinero nunca terminó de llegar a su destino. Se perdió en el camino. Y ahora las marismas sevillanas no tienen la subvención ni el sistema de regadío previsto funciona. Pero, ¿cómo se pudo organizar un fraude así? Y, sobre todo, ¿quiénes son los responsables de este escándalo? Éstos son los datos básicos para saber en qué consiste el caso Marismas, el último frente judicial que azota al PSOE por su gestión en la Junta de Andalucía.

El proyecto de modernización de la margen izquierda del Guadalquivir desde Dos Hermanas a Lebrija fue una solicitud de la Comunidad de Regantes para modernizar los sistemas de riego de la zona. La obra costaba 66 millones y la Junta aprobó en 2005 conceder una subvención de 40 millones de euros con cargo a los fondos europeos, el 60 por ciento del coste total del proyecto. El resto del dinero lo tendrían que poner los propios agricultores. Pero la Consejería de Agricultura tramitó la ayuda sin comprobar si los regantes podían hacer frente a esta cantidad. Según la Fiscalía, no tenían el dinero. Pero la Junta licitó el concurso a sabiendas de que la obra no se terminaría.

El concurso para adjudicar este proyecto tuvo un doble amaño, según la investigación de la Guardia Civil. En primer lugar ganó una UTE compuesta por una empresa nacional, Teconsa, y dos de la zona, Meci y Tegner. Esta unión de empresas había presentado la oferta económica más cara de las doce que concursaron y su primera baremación la situó en el puesto once. Sin embargo, la mesa de contratación cambió los criterios y la citada UTE en la que participaban los empresarios locales Manuel Moreno y Antonio Navarro «El Murciano» se colocó entre las primeras y logró ganar. Sin embargo, la misma noche en la que se decidió el resultado, la Junta indicó que estas sociedades no tenían calificación para optar al concurso y mandaron repetirlo.

Varios miembros de la mesa de contratación han declarado a la Guardia Civil que desde Agricultura hubo una llamada al presidente de los Regantes y que éste instó a apostar en la segunda adjudicación por la UTE Befesa-Alpi, que en la primera baremación había quedado en el puesto número 10. Es decir, los regantes apostaban por una y la Junta por otra. Al final se impuso la opción de la Junta, que podría estar relacionada con una deuda que Agricultura mantenía con Befesa por otra obra en el Andévalo onubense. No obstante, la solución final fue salomónica porque a la ganadora se le instó ante notario a aceptar que subcontratara a los empresarios locales si quería hacerse con el concurso.

La UTE a la que los regantes quisieron dar el contrato y la supuestamente impuesta por la Junta firmaron un acuerdo interno para subcontratarse entre ellas y lo cumplieron. La Guardia Civil investiga sobornos, ya que considera sospechoso que todos los implicados tuvieran tanto interés en este acuerdo. De hecho, los agentes aseguran que hubo un «reparto del pastel» y tratan de averiguar si el presidente de los regantes recibió como regalo un Mercedes por parte de uno de los empresarios beneficiados. Además, sigue la pista a varios viajes que realizaron los miembros de la mesa de contratación supuestamente a cargo de los empresarios en aquellas fechas.

Nada más adjudicarse la obra, la UTE emitió una certificación de cuatro millones de euros pese a que era imposible que se hubiera gastado ese dinero en apenas unas semanas. Los implicados declaran que la Junta les instaba a falsificar las facturas para poder justificar los fondos europeos y no perderlos. Otro juzgado, el número 1, instruye otra causa de facturas falsas tras una inspección de Hacienda. Y un peritaje externo asegura que se ha realizado sólo el 70 por ciento de las obras que se justificaron. De momento, la Fiscalía solicita 21 imputaciones, cinco de ellas a altos cargos de la Junta. Pero esto no ha hecho más que empezar.

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