Tribunales

Seis policías del distrito Macarena, imputados por supuesto cohecho

Unos contrabandistas afirman que se quedaban con dinero y tabaco de las aprehensiones

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Los papeles se han invertido y los habituales denunciados se erigen en este caso como denunciantes y los policías que deben ejercer como vigilantes de la legalidad están bajo sospecha. Seis policías de la escala básica y destinados en la Comisaría del distrito Macarena están suspendidos de empleo y sueldo desde el mes de agosto.

Están siendo investigados por la supuesta comisión de los delitos de cohecho, exacciones ilegales, falsificación documental y omisión del deber de perseguir delitos a raíz de la denuncia de una pareja rumana que regenta una tienda de alimentación en la Ronda de Pío XXII. Un establecimiento señalado en reiteradas ocasiones por el colectivo de estanqueros como un punto negro de comercio de tabaco de contrabando y donde se ha aprehendido mercancía de esas características en varias ocasiones.

Los denunciantes sostienen que el pasado 19 de mayo los seis agentes imputados registraron su establecimiento, donde encontraron 156 cajetillas y dinero en metálico escondido en varios rincones del local. La pareja asegura que los policías se llevaron 17.350 euros y los cartones sin levantar un acta de denuncia.

Su relato va más allá y afirma que uno de ellos les pidió 10.000 euros a cambio de hacer la vista gorda, pero que tras negociar le pagaron finalmente 5.000 euros. Acusan a estos funcionarios de extorsionar a otros comerciantes de la zona que también venden tabaco de contrabando.

Al mes siguiente, uno de los denunciantes que arremete contra estos agentes fue arrestado por la Guardia Civil por distribución de tabaco. Le incautaron a él y a otras dos personas más de 5.000 cajetillas que tenían como destino los canales clandestinos de este mercado negro, en pleno auge en la capital.

«Operación Dani»

La denuncia de esta pareja fue puesta en conocimiento de la Unidad de Coordinación Operativa Territorial (UCOT) (conocidos también como asuntos internos) por un inspector de la brigada de Extranjería. La mujer le entregó, a través de su abogado, una memoria con el contenido de las grabaciones de las cámaras de seguridad del comercio.

Asuntos internos fue alertado por un inspector de Extranjería

Esto motivó la apertura de una investigación interna («Operación Dani») 14 días después de la actuación policial y derivó en un procedimiento judicial que dirige el juzgado de Instrucción nº 1 y que, por ahora, se ha saldado con la imputación de los funcionarios policiales.

En agosto, la jueza, a petición de la Fiscalía, dictó una orden de alejamiento que impide a los agentes acercarse a los denunciantes y a su tienda. A esta medida le sucedió una de carácter disciplinario: han sido suspendidos provisionalmente de empleo y sueldo.

La defensa

Los policías niegan en rotundo haberse quedado con el dinero y el tabaco. Afirman que redactaron una denuncia, que la denunciada se negó a firmar y que la mercancía fue entregada en el depósito. Los agentes han aportado dos actas; si bien, asuntos internos investigan si pudieron falsificar esa documentación, rellenándola a posteriori, amañando la cantidad de género decomisado. De ahí que hayan sido imputados por un delito de falsedad documental.

Los agentes aseguran que en la tienda encontraron 8.000 euros pero que no lo requisaron porque sólo estaban levantando un acta por infracción administrativa al no hallar más de 15.000 euros, límite a partir del cual se considera delito el contrabando. Sostienen que ese dinero se quedó en poder del matrimonio.

Cuatro de los seis agentes expedientados pertenecen a la Unión Federal de Policía (UFP) cuyos servicios jurídicos se han hecho cargo de su defensa. Su secretario provincial, Antonio Jurado, lamenta que se haya tomando una medida disciplinaria sin que exista un dictamen judicial firme como un auto de procesamiento. «Es muy peligroso que se le dé verosimilitud a cualquier denuncia de un delincuente porque juega en contra del trabajo policial». Sus críticas se endurecen al responsabilizar al jefe superior de Policía, Francisco Perea, «de estas suspensiones que sólo obedecen a un interés por guardar las apariencias. Su falta de apoyo a los policías es muy lamentable».