Los arquitectos de Sevilla llevan a los tribunales el plan de Urbanismo para Santa Justa

La intención del Colegio es que todo vuelva a empezar de cero, es decir, que se vuelva a redactar un nuevo PERI que sea más ambicioso para estos suelos, cuyo desarrollo considera fundamental para el crecimiento de la ciudad. Esto sería posible si el nuevo gobierno municipal decide modificarlo, que es factible gracias a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). El alcalde, José Luis Sanz, aseguró que es partidario de la propuesta de Cruz y Ortiz y, de hecho hace una enmienda a la totalidad del proyecto que le legó su antecesor: «Se ha hecho para salir del paso, tiene muy baja densidad, desarrolla sólo usos residenciales y toda la plusvalía que genera no se queda en la ciudad de Sevilla, sino que son incautadas por Adif», explica a ABC.

Tendrá que negociarlo con Adif -cuya dirección podría cambiar también tras las elecciones generales-, propietaria del 70% de los suelos y que también apostó por el plan de la Gerencia, ya que era mucho más rápido de afrontar al no tener que modificar el PGOU y para obtener cuanto antes las plusvalías -aprovechando las convocatorias de fondos europeos- que tanto necesita para afrontar macroproyectos como el que está desarrollando en la nueva estación de Chamartín en Madrid.

El técnico que lleva la parte técnica de la denuncia es el urbanista Rafael Daza, que explica a ABC que en la evaluación de alternativas el procedimiento fue irregular ya que se evitó que se evaluase el proyecto de Cruz y Ortiz del que bebe el PGOU de 2006 en su definición para esta zona, como una 'segunda piel' de la estación. «Establecieron la alternativa 'cero' (dejarlo como está), hacer lo que dice el PGOU y se inventaron parámetros y otras alternativas para cumplir el expediente dejando fuera la de Cruz y Ortiz». Y se pregunta: «¿Por qué no la evaluaron? ¿Porque sabían que es mejor?», a lo que añade que «la alternativa 'cero' puede ser, en sí misma, la que dice el PGOU, no es dejarlo tal y como está ahora mismo sin desarrollar».

Por otro lado, en los solares laterales «hubo un informe negativo de Patrimonio porque había un nivel de protección que desapareció, algo que no hubiese ocurrido si el proyecto fuera de un promotor privado», por lo que apunta a una clara «conducta especulativa» ya que «cuando la Administración actúa saltándose el procedimiento que tiene que hacer cualquier promotor genera un agravio comparativo». Prueba de ello es que «hicieron un 3D antes de la evaluación ambiental, porque ya tenían la decisión tomada».