El Ayuntamiento de Sevilla recupera el 90% de sus viviendas sociales con okupas
En lo que va de año 2023 los pisos sociales municipales ha sufrido cinco ocupaciones ilegales; Emvisesa tiene actualmente un parque de viviendas que roza las 3.000, de las que el 97% están alquiladas
Los vecinos, los grandes aliados de las víctimas ante las ocupaciones ilegales

La empresa municipal de viviendas de Sevilla no vive al margen del problema social que supone las ocupaciones ilegales. De hecho, también las sufre en sus propias casas. Aunque, en paralelo y las cifras lo evidencian, también se realiza un trabajo para que dichos ... pisos vuelvan a ser regentados por vecinos dentro de un marco de legalidad. Así, casi el 90 por ciento de las viviendas 'okupadas' han sido recuperadas.
Son las cifras que se manejan desde el año 2011 hasta julio del presente. Desde entonces los técnicos de la empresa municipal han contabilizado un total de 161 viviendas ocupadas ilegalmente. El año más negro en esta serie histórica fue 2014 con un total de 25. El año pasado, por ejemplo, fueron trece, como trece fueron los pisos recuperados para un uso legítimo.
En este mismo periodo, en doce años y medio, el trabajo de los profesionales de Emvisesa ha permitido recuperar en total 144 de las viviendas ocupadas. En 2018 se lograron diecinueve, el que más.
Una radiografía
En lo que va de año en curso, hasta el mes de julio, los okupas han entrado por la fuerza en cinco pisos, si bien, los servicios municipales han conseguido recuperar también cinco viviendas. Aún quedan diecisiete pisos usadas por inquilinos fuera de la ley.
Este problema social, según la radiografía que trasladan a este periódico fuentes de los cuerpos policiales competentes en esta materia, «se mantiene» en la capital. Hace menos de una década hubo un 'boom', pero desde entonces el panorama no ha ido a peor, pero tampoco a mejor. No existen barrios de mayor concentración de ocupaciones ilegales, sino que se dan en muchas zonas: San Jerónimo, Bellavista, Los Pajaritos...
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Y en muchas ocasiones, como sucedió en Bellavista, detrás hay mafias que se dedican a detectar las viviendas que son fáciles de ocupar ilegalmente, las señalan, las preparan con el cambio de cerradura y después cobran entre 1.000 y 1.500 euros a las familias que entran en ellas.
Mafias
Otro dato a tener en cuenta en este análisis es que un porcentaje mínimo de personas que ocupan ilícitamente en la vivienda de otro lo hace por falta de recursos, por necesidad. Son familias con hijos pequeños que buscan un cobijo. En esos supuestos, inclusos llegan a encontrar el apoyo de los vecinos. No suelen dar problemas.
En el campo contrario, la gran mayoría, están los que han hecho de la okupación un modo de vida. Generan muchos problemas al vecindario. «Van de piso en piso, se han profesionalizados», advierten fuentes policiales.
Para evitar frenar y reducir al mínimo el impacto del movimiento social okupa en la planta de viviendas sociales municipales, que actualmente está en 2.909, según los datos facilitadas por el Ayuntamiento de Sevilla a este periódico, Emvisesa instala puertas y ventanas antivandalismo, así como alarmas, en aquellas viviendas que están en proceso de entrega por arreglos. Con estas medidas, junto a un servicio de seguridad 24 horas contratado, la empresa municipal consigue persuadir de ocupaciones ilegales o evitan que sea un mayor número.
No obstante, la mejor medida anti-okupa es, precisamente, tener ocupado el parque de viviendas municipal. Actualmente, según datos municipales, de las casi tres mil viviendas existentes el 97 por ciento están alquiladas y el tres por ciento restante están reservadas para realojos, es decir, en rehabilitación para volver a alquilarse. Y esa seguirá siendo la tendencia en la política municipal de vivienda, la apuesta por el régimen del alquiler.
Planes municipales
José Luis Sanz, durante la campaña electoral avanzó que, en caso de llegar a la Alcaldía, iba a incrementar la planta de viviendas de protección oficial. De hecho, su plan estrella en materia de viviendas era la construcción de 8.000 viviendas en ocho años (dos mandatos en el Ayuntamiento) a través de la colaboración público-privada. Y entonces dejó un dato en Sevilla hay 15.000 demandantes de vivienda protegida.
Con respecto a Emvisesa, enumeró otras medidas como garantizar la sostenibilidad y habilidad del parque de viviendas mediante un plan de rehabilitación social, accesible y energéticamente eficiente, mejorar la gestión y mantenimiento de los pisos de Emvisesa.
Como ya publicó este periódico, uno de los frentes heredados del anterior mandato, el alcalde tendrá que dar solución a los graves problemas de mantenimiento que tienen la mayoría de sus viviendas sociales, cuyos edificios se encuentran en pésimas condiciones pese a que apenas tienen diez o quince años.
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