El Colegio de Abogados de Sevilla mantendrá su nombre, aunque se anuncian recursos
Los impulsores del cambio de denominación aseguran que el Estatuto General de la Abogacía y la legislación nacional y autonómica obliga a ello
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¿Colegio de Abogados de Sevilla o Colegio de la Abogacía de Sevilla? Ésta fue una de las cuestiones que se debatieron y votaron en la última junta general extraordinaria de la institución colegial. De un lado los partidarios de mantener el nombre que históricamente ha tenido la entidad desde hace tres siglos, de otro lado, los que impulsaban una denominación inclusiva. Seguirá el mismo nombre, al menos de momento, porque ya se anuncian recursos ante el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.
A pesar de las altas temperaturas que se registraron en la tarde del pasado lunes en Sevilla, más de trescientos colegiados acudieron a la sede de la calle Chapineros, una cifra relevante para la asistencia habitual. Según ha informado el propio Colegio, se aprobó el nuevo estatuto de la entidad que viene a adaptarse a las normas que se han ido aprobando en los últimos 22 años, principalmente el Estatuto General de la Abogacía Española que entró en vigor el 1 de julio del año pasado, en materias cómo funcionamiento de la corporación de Derecho Público y requisitos para el ejercicio de la abogacía.
Las principales novedades son su adaptación a las normas deontológicas, a la formación profesional, a la normativa del Turno de Oficio y al uso de medios telemáticos. En cuanto al funcionamiento interno de la corporación se destacan, como novedades, la limitación de mandatos, el voto telemático o la delegación del voto. Esto es, el nombramiento del decano y del resto de los miembros de la Junta de Gobierno está limitado a dos mandatos o un periodo máximo de ocho años.
Eran dos puntos los que se sometían a votación: la denominación del Colegio y el proyecto de nuevo estatuto. «Desde la junta de gobierno del Colegio se ha querido evaluar el sentir del colectivo antes de plantear cualquier modificación de un nombre con más de 300 años de historia y sondear la postura generalizada. La opción de mantener el nombre de ilustre Colegio de Abogados de Sevilla ha sido la más votada por la mayoría de los más de 300 colegiados asistentes», recoge el comunicado remitido por la entidad.
Aprobado el proyecto de modificación y adaptación de sus estatutos, el Colegio dará traslado del mismo al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y al Consejo General de la Abogacía Española para que informen acerca de la legalidad del mismo. Posteriormente, el texto adaptado se remitirá al Registro de Colegios Profesionales de Andalucía de la Junta para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Intenso debate
Hasta aquí el resultado de la junta general extraordinaria del pasado lunes aunque las horas previas y el debate fue intenso, viviéndose momentos desagradables, según lo califican algunos asistentes, con una especie de campaña entre los partidarios del cambio de nombre, encabezado por la abogada María Jesús Correa, y los que apostaban por mantener la actual denominación, liderados por el decano emérito José Joaquín Gallardo.
Correa, con casi 25 años ejerciendo la abogacía, ya pidió el cambio de denominación en 2016. Entonces la junta encabezada por Gallardo le remitió una carta en la que indicaban que abordarían en tema con la modificación de los estatutos del Colegio, que se ha producido este 2022.
En este periodo de tiempo, se modificaron el Estatuto General de la Abogacía, que entró en vigor el 1 de julio del año pasado. Según ha explicado Correa a ABC, dicho estatuto «da a los colegios un año para adaptar los estatutos y denomina a los colegios como colegios de la Abogacía». Este texto derogaba al anterior estatuto que hablaba de Colegios de Abogados.
El nuevo estatuto de la Abogacía, según María Jesús Correa, recoge que en caso de que haya conflicto entre acuerdos de los colegios y las normas deontologías, prevalecen éstas, que estipulan que «se use el término abogacía para incluir al colectivo y a los hombres y mujeres que lo integran».
Además, el Consejo General de la Abogacía de España cuenta con un plan de igualdad para cumplir con la legislación vigente, cuyos principios rectores promueven el uso del lenguaje inclusivo y el cambio de denominación de los colegios. Según Correa, quien fuera durante ocho años presidenta la Asociación de Juristas Derecho y Democracia, nunca se debió votar la nueva denominación del Colegio, sino acatar las normas vigentes, aunque la junta de gobierno del Colegio se amparó que el Estatuto General de la Abogacía hace una recomendación y no es una ley.
Una «chapuza»
A juicio, se olvida que todo está legislado y apunta la Ley 3/2007 para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, de ámbito estatal, y la Ley 12/2007 para la Promoción de Igualdad de Género en Andalucía, que señala que las corporaciones de Derecho Público como el Colegio de Abogados de Sevilla «adaptarán su denominación oficial a un lenguaje no sexista». Y añade en este sentido el Estatuto de Andalucía.
María Jesús Correa ha asegurado a este periódico que la junta de gobierno del Colegio en el proyecto de nuevo estatuto tenía recogida la nueva denominación, Colegio de la Abogacía de Sevilla, pero un cambio a última hora en el seno de la junta hace que se lleve a votación.
«No había que votarlo, estaban obligados a adoptar el nuevo nombre, no sólo por el Consejo General de la Abogacía, sino por la legislación estatal y autonómica», insiste la impulsora del cambio, para quien el Colegio «ha ido por libre».
Durante la junta extraordinaria, Correa leyó un escrito, apoyado por 66 compañeros, impugnado esa votación. Anuncia que se recurrirá al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, aunque sólo será el primero paso. No descarta recurrir todo el marco estatutario o llegar a los tribunales.
María Jesús Correa, además, lamenta cómo se desarrolló la votación de este punto. A mano alzada y con un recuento que califica de «chapuza». No se permitió el voto telemático ni la delegación del voto.
Gallardo y la denominación histórica
Frente a la postura que ha defendido Correa y otros compañeros de la abogacía sevillana, emergió la figura de José Joaquín Gallardo, decano emérito del Colegio, quien desde día antes insistió en la importancia de votar y conservar la denominación «histórica». Según ha trasladado a ABC, celebra que se rechazara la opción de llamarse Colegio de la Abogacía que «era la opción prioritaria, según el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española».
La denominación aprobada fue: El Colegio de Abogados de Sevilla es una corporación de derecho público amparada por la Ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines», según el artículo 1 de los nuevos estatutos particulares del colegio.
Gallardo, que fue decano efectivo de la corporación durante veinticuatro años consecutivos, y otros compañeros recabaron entre el censo colegial apoyos para que se mantuviese la denominación que la institución ostenta desde su creación en 1706, como colegio filial del de Madrid, y desde 1732 en sus primeros estatutos propios.
Para Gallardo, «carecía de sentido cambiar la denominación al lenguaje inclusivo cuando ni en el Colegio ni en el ejercicio profesional jamás se ha discriminado a ningún colegiado por razón de sexo ni de ninguna otra circunstancia», añadiendo que «la abogacía es una profesión manifiestamente igualitaria en la que letradas y letrados padecen la misma problemática, generada por las dificultades inherentes al ejercicio profesional, las trabas para conciliar la vida familiar y profesional y el endémico mal funcionamiento de la administración de justicia, pero en ningún caso existe problemática efectiva por discriminación de genero».
El decano emérito de los abogados sevillanos defiende que «las mujeres abogadas y los abogados tienen la misma visualización social y profesional, por lo que en el caso de la abogacía no tiene ningún sentido la denominación inclusiva», manifestando su satisfacción porque tan amplia mayoría del colectivo haya corroborado con sus votos la tesis de no modificar la denominación colegial.
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