El Gobierno sólo se da prisa con la SE-40 cuando hay que aprobar el puente

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana informó en un escueto comunicado que ya ha enviado el informe de alegaciones junto con su estudio de impacto ambiental al Ministerio de la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Ambos documentos se sometieron a información pública a finales del pasado año y también se ha terminado ya el análisis de las alegaciones recibidas por parte de los ciudadanos y de las administraciones, «redactando el informe correspondiente e incorporando en el anteproyecto las modificaciones necesarias».

Una de las instituciones más críticas con la solución del puente es la Autoridad Portuaria, cuyo presidente, Rafael Carmona, es muy insistente con los perjuicios que «este nuevo obstáculo» va a generar a los muelles. Recordó en sus alegaciones que «las actividades portuarias se han trasladado a la zona sur», para evitar así la limitación del puente del Centenario y cuando se va a iniciar esta nueva etapa, se proyecta otra infraestructura que empeora las condiciones de navegabilidad. En sus conclusiones recalcó que «lo mejor es un túnel que no tiene ninguna incidencia sobre la navegación ni sobre el estado de las aguas del río».

La base aérea del Copero es otro de los puntos sensibles para la construcción de un puente. La obra tendrá que respetar las servidumbres de su espacio aéreo y dejar el margen suficiente para una ampliación de las instalaciones en el futuro. En las alegaciones presentadas se recuerda que el Ministerio de Defensa deberá aprobar cualquier actuación que pueda interferir con el recinto militar.

No es la primera vez que se somete a un trámite ambiental el cierre de la SE-40 mediante un puente. No con un anteproyecto redactado como en esta ocasión, pero sí como una alternativa. La Declaración de Impacto Ambiental de 2001 rechazó esta solución constructiva por el tremendo efecto visual que tendría sobre una zona tan llana. Y eso que en aquel momento se valoraba un viaducto de 50 metros de altura, veinte menos que la propuesta actual y con una longitud de tres kilómetros, casi la mitad de los previstos en este nuevo intento.

Los documentos que se han enviado al Ministerio de Transición Ecológica son el informe técnico del anteproyecto, el estudio ambiental y el de alegaciones. La respuesta establecerá una serie de medidas preventivas, correctoras y compensatorias para garantizar la protección de la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el medio marino, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales y el patrimonio cultural. Pero sobre todo dirá si es o no viable la opción del puente.

Una vez que se obtenga la DIA favorable, se procederá a redactar y aprobar el proyecto de construcción, que es el paso previo para el inicio de las obras. El plazo que ha comprometido el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras enterrar los túneles es el cierre del anillo en 2028 y la construcción de toda la autovía en 2030. En este tiempo se han realizado algunos estudios técnicos, pero no se ha ejecutado ningún nuevo tramo. Los últimos que se construyeron, que conectan los municipios de Coria, Espartinas y Almensilla, fue durante la etapa del PP, aunque los inauguró el socialista José Luis Ábalos. Justo después se inició todo el movimiento para cambiar el tramo subterráneo por el viaducto que se presentó el pasado noviembre, una maniobra que ha contado con el apoyo de los alcaldes socialistas y la oposición férrea del regidor de Coria que sigue reclamando el proyecto original que fue adjudicado y del que se llegaron a comenzar las obras.