La huelga de funcionarios de Justicia en Sevilla provoca la suspensión de unos 4.000 juicios

Los 1.900 funcionarios de Justicia en Sevilla capital y provincia comenzaron los paros parciales la semana del 10 de abril. Nueve días después tuvo lugar la primera jornada de huelga. A ésta le siguieron más días de paros totales. Desde el pasado 22 de este mes la huelga es indefinida. Una cifra evidencia las consecuencias de estas huelgas. Desde el inicio de de las medidas de protesta de estos trabajadores en los tribunales de Sevilla se han suspendido en torno a los cuatro mil juicios y señalamientos.

La delegada sindical del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia y vicepresidente de la junta de personal de la provincia de Sevilla, Carmen Lamana, matiza que no es fácil de calcular las consecuencias, porque las cifras de seguimiento son muy desiguales en función de la jurisdicción.

Otro efecto es el número de demandas sin tramitar: entre 15.000 y 16.000. Y eso que Sevilla es la provincia que menos seguimiento está haciendo de todas las medidas de protestas convocadas por los sindicatos en proporción al número de juzgados y funcionarios. En Sevilla hay que días que no llegan al 50 por ciento, otros en cambio superan el 80 por ciento.

Y mientras el Ministerio de Justicia ha apagado el fuego que se le aproximaba con la amenaza de huelga de los jueces y fiscales con un acuerdo con las asociaciones de ambas carreras, que conlleva una subida salarial al mes y otras mejoras, «no tiene la mínima intención de negociar ni convocar a los sindicatos para sentarse», según Lamana. Las exigencias sindicales que justifican estos paros se explican en dos puntos.

Las organizaciones sindicales llevan «meses pidiendo a la ministra que se siente a negociar con los sindicatos las condiciones de trabajo de la Ley de Orgánica de Eficiencia Organizativa del servicio público de Justicia, que supone una nueva estructura de la planta judicial», con un único centro de trabajo. Los trabajadores serán como «piezas de ajedrez» en ese centro.

«No está garantizado que no haya cambio por jurisdicciones, lo que iría en contra de la profesionalización y especialización de los trabajadores», advierte Carmen Lamana.

«El 93 por ciento de los trabajadores de la Administración de Justicia lohacemos todo», señala, asegurando que los funcionarios asumen funciones de los jueces y los letrados de la Administración Justicia.

Por eso, los sindicatos, en este momento, exigen al departamento de Pilar Llop que defina las funciones de cada cuerpo dentro de la nueva estructura, porque «no se reconoce lo que hacemos». Eso sí, «le han subido el sueldo a ellos (jueces y secretarios judiciales) y no a nosotros con respecto a la próxima ley».

Pero la delegada sindical del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia y vicepresidente de la junta de personal de la provincia de Sevilla, además, advierte de que la próxima Ley Orgánica no sólo no contempla una subida salarial, sino que «perderemos derecho y garantías», lo que sienta un precedente «peligroso».