La Junta de Andalucía abrió 26.500 protocolos por casos graves de absentismo en Sevilla en el último curso

A mediados de los noventa en la Fiscalía de Sevilla comenzó a tomarse el absentismo escolar como una forma de desatención a los menores. La patria potestad obliga a los padres a velar por la formación integral de los hijos, por lo que no educarlo es motivo de incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad. Desde entonces, en el Ministerio Público se viene valorando que en aquellos casos de absentismo grave pudieran deducirse testimonio o presentar denuncia contra los progenitores por un presunto delito de abandono de familia del artículo 226 del Código Penal.

Marta Valcarce es la fiscal delegada de Menores en Sevilla desde mayo de 2019, aunque no olvida el trabajo de otros compañeros como Daniel Valpuesta. Eran conscientes de que había que perfilar el procedimiento de actuación y ganar en agilidad para atajar el problema cuanto antes. Para ello desde el seno de la Fiscalía se ha ido manteniendo reuniones con el Ayuntamiento de Sevilla, para los colegios de la capital, y con la Delegación Territorial de Educación, para los centros educativos de la provincia.

Había que ponerle freno a los casos más graves en la etapa de escolarización obligatoria (de 6 a 16 años), que son los que los alumnos registran un 25 por ciento o más de faltas sin justificar en días lectivos en un año (175 días aproximadamente) o en un trimestre. Encima de la mesa de la fiscal hay expedientes que alcanzan unos niveles del 78 por ciento de faltas.

Si un niño de seis años pierde un curso o dos meses de clases sufrirá graves consecuencias en su educación y formación, por eso es tan importante que la Justicia y las administraciones públicas acorten los tiempos de reacción.

Han creado un modelo común de informe para que con un solo vistazo la fiscal detecte las situaciones de riesgo y desamparo por casos de absentismo, que ha sido transmitido a los servicios sociales, comisiones de absentismo escolar y centros educativos.

Entre otros datos de interés los informes deberán recoger todos los aspectos que sirvan para valorar si los padres están cumpliendo con sus obligaciones inherentes a la patria potestad o no, y si esta conducta es constitutiva, de forma indiciaria, de un delito penal. El curso donde se produce el absentismo; los días lectivos de cada periodo anual o, si es el curso vigente, las jornadas lectivas por trimestre; el número total de falta no justificadas anuales del alumno o de cada menor si se trata de hermanos o del mismo núcleo familiar; el porcentaje de inasistencia del menor en cada curso, es el dato más relevante. Éstos son algunos de los elementos imprescindible del informe modelo.

Además, se deberá reflejar los requerimientos a los padres realizados desde el centro escolar, los servicios sociales o la Policía Local. Estos avisos o requerimientos deben realizarse al menos tres meses antes de la remisión del informe a la Fiscalía, con la finalidad de comprobar si los progenitores, pese a estar informados de las consecuencias que su actuación les puede acarrear, siguen o deponen su actitud. Dicho requerimiento se realiza con expresa información de que el incumplimiento de la obligación de escolarización de sus hijos puede llevar responsabilidad penal, cárcel incluida. El modelo incluye todos los informes sociales, psicológicos, escolares y policiales que se consideren de interés.

Esto es, los servicios sociales o el colegio citan a los padres para conocer la situación caso a caso. Les avisan de que pueden estar cometiendo un delito. Tienen tres meses para cambiar su actitud. Si no surte efecto, el caso llega a la Fiscalía de Menores. Y de ahí a los tribunales. Es la última vía, según reconoce la propia fiscal Marta Valcarce, para cuando no haya otra solución.

La pena a la que podrían enfrentarse los padres acusados por un delito de abandono de familia puede ir de tres a seis meses de prisión y una multa de seis a doce meses. Y la Fiscalía está pidiendo, en sus escritos de acusación pena de prisión para que no sea fácil librarse. A veces se plantea la suspensión de la pena de prisión a cambio de que lleven a sus hijos al colegio. «El bien superior es proteger al menor».

La Delegación Territorial de Educación, durante el curso 2021/2022, abrió 26.587 protocolos por casos graves de absentismo en Sevilla capital y la provincia. Doscientos de estos casos se solucionaron sin necesidad de llegar al Ministerio Público. Por su parte, la Fiscalía llevó a los tribunales más de 150 situaciones de riesgo entre 2021 y lo que llevamos de año.

Una de las principales bolsas de absentismo existente en Sevilla se sitúa en el Polígono Sur, donde el Ministerio Público tiene una fiscal con dedicación exclusiva, Susana Hernando. Aunque no es la única zona de la ciudad que sufre esta lacra, ni el único pueblo. Después, la Fiscalía se enfrenta a situaciones totalmente distintas a las que se producen en barrios con problemas sociales y económicos como pueden ser Los Pajaritos o las Tres Mil Viviendas, son los padres que deciden que sus hijos crezcan con una educación en el hogar. Ellos también se enfrentan a la posibilidad de ser denunciados por incumplir la normativa sobre la escolarización obligatoria.