Patrimonio
La Junta de Andalucía elimina la norma que retrasa todas las obras de Sevilla
El decreto de simplificación administrativa incluye que las obras en casas y comercios en el Centro no tengan que pasar por la Comisión de Patrimonio
Más del 70% de los expedientes que se tramitan ahora son menores y acaban bloqueando los grandes proyectos
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Cualquier familia o empresa que quisiera hacer una obra en el Centro de Sevilla no tendrá que pasar por el angustioso trámite de la Comisión Provincial de Patrimonio. Hasta ahora, para renovar un baño o reparar la solería de una vivienda o comercio en ... un entorno declarado Bien de Interés Cultural (BIC) tenía que elevar un expediente a Cultura para obtener el informe favorable, lo que suponía en algunos casos hasta un año de demora por el colapso de la administración, con lo que ello supone para un negocio o para los residentes que quieran rehabilitar su casa. Además, esto ocasionaba que más del 70% de los expedientes que se trataban en la Comisión de Patrimonio fueran de obras menores, por lo que bloqueaba en todos los casos la aprobación de los grandes proyectos como pueden ser las Atarazanas, el Pumarejo o el entorno del Casino de la Exposición, por poner ejemplos reales que han sufrido serios retrasos antes de obtener un dictamen favorable.
Esta nueva medida que ha aprobado la Junta de Andalucía no supone dar carta blanca a la hora de hacer estas obras. Está por vez una vez se dé a conocer el decreto al completo si se aplicará el mismo criterio que para el resto de la ciudad –cambiando la autorización pertinente a la declaración responsable, que también incluirá algunas actividades arqueológicas afectadas por la Ley de Patrimonio– o si le pasará la competencia a los ayuntamientos. «No se va a producir una merma en la seguridad y en la vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente. Se eliminan trámites, pero no se rebaja las garantías que ya existen», ha dejado claro el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz.
Según el decreto aprobado por el Gobierno andaluz, se modifica también la composición y funciones de las comisiones provinciales para reducir el número de procedimientos y, en cifras globales de toda Andalucía, gracias a esta simplificación administrativa, unos 500 expedientes anuales vinculados a grandes proyectos de infraestructura verán reducido su tiempo de tramitación en hasta dos meses. Se eliminarán en toda la comunidad unos 1.800 expedientes, lo que supone un 70% del total.
Fuentes de la Consejería de Cultura han reconocido a ABC que Sevilla es una de las provincias donde más colapso existe en Patrimonio, teniendo en cuenta el volumen de expedientes y la magnitud de la zona protegida, como es el casco histórico y otras zonas de entornos BIC como es el caso de Triana. También, por el hecho de que en Sevilla aún no están aprobados los planes sectoriales del casco histórico.
El porcentaje de asuntos que ya no tendrían que ir a la Comisión gracias al nuevo decreto, en la provincia, es muy variable y no está cuantificado pero, en cualquier caso, es superior a la media andaluza. Asimismo, el retraso actual que tiene la Comisión Provincial de Patrimonio de Sevilla es de nueve meses.
Plan de choque
A pesar de ello, la Consejería de Cultura ha puesto en marcha un plan de choque desde el pasado mes de enero. Se trata de una de las medidas estrella de este departamento, que se aprobó en los presupuestos y que incluye un aumento del número de técnicos que evalúan los expedientes. Ahora, hay dos arquitectos y dos arqueólogos más en la Comisión Provincial de Patrimonio de Sevilla, lo que ha permitido que el mes pasado se hayan visto más proyectos que en el mismo periodo del año anterior.
A esta agilización se le suma ahora la cuestión burocráctica, lo que sin duda supondrá una revolución positiva para poder acometer las obras.
Los promotores ven la luz
La nueva normativa que adoptará la Junta de Andalucía es un enorme alivio para los promotores de las obras, que pasan un auténtico calvario para poder afrontarlas. Inversores que adquieren casas en ruinas para rehabilitarlas como apartamentos u hoteles, o para viviendas, ven frustrados en muchas ocasiones su proyecto e incluso pierden dinero por estos retrasos.
Un ejemplo palmario fue el del promotor que adquirió la antigua Sala X de la calle Trajano, de Aníbal González, para convertirla en un hotel con un teatro. Tardó tanto la Comisión de Patrimonio en informar favorablemente de su proyecto, pese a la urgencia por la ruina del edificio, que se vino abajo la montera, que arrastró las fachadas interiores y se acabó desplomando antes de obtener el visto bueno de Cultura. Esto provocó un incremento del presupuesto y el hartazgo del empresario, que acabó dándole el pase a otro promotor.
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El problema del colapso en Patrimonio afectó notablemente al Ayuntamiento, que vio cómo se frenaron multitud de proyectos en el mandato anterior y que la agilización de licencias que puso en marcha la Gerencia de Urbanismo no tuviera éxito. El gobierno municipal llegó a plantear a Cultura la posibilidad de que los expedientes menores dejaran de pasar por la Comisión Provincial y que lo hiciera por la Local.
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