La Junta de Andalucía rechaza el gran proyecto urbanístico de Espadas y Muñoz

En concreto, el gabinete jurídico ha recurrido el acuerdo del pleno del Ayuntamiento del pasado 21 de abril por el que se aprueba definitivamente el Plan Parcial de Ordenación del Sector SUS-DBP-06 'Villanueva del Pítamo'. Este paso era el definitivo para empezar a plantear este distrito urbano en el que están puestas las esperanzas para el crecimiento de la ciudad. La administración andaluza, que es parte interesada al ser propietaria de 31.761 metros cuadrados (un 23,87% de la superficie total), ha detectado vicios de nulidad que generan inseguridad jurídica tanto a los dueños de los terrenos como a los posibles inversores.

En el recurso se alega que «esta situación es incompatible con la seguridad que requieren las inversiones millonarias que la Dirección General de Patrimonio debe realizar como propietaria de los suelos para el desarrollo del sector». Se calcula que los gastos de gestión y ejecución del planeamiento a que están obligados los propietarios de los terrenos, una vez aprobado el plan parcial, ascienden a unos 240 millones de euros, de los que a la Junta corresponderían alrededor de 57 millones.

La cifra es lo suficientemente importante como para que la exigencia de un defecto de nulidad permita a un tercero impugnar el acuerdo, lo que daría al traste con las inversiones realizadas hasta el momento y retrasaría la urbanización de este nuevo distrito urbano en el que están puestas todas las esperanzas para el crecimiento de la ciudad.

Una declaración de nulidad conlleva volver a tramitar el plan parcial desde el principio y afecta también al resto de trámites como convenios, proyecto de reparcelación o proyectos de urbanización. No hay que olvidar que se ha tardado una década para llegar a este punto y liberar los suelos.

El principal defecto que ha detectado la Junta es que el plan parcial debía haberse sometido al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y no lo ha hecho. Esta circunstancia no ha sido una sorpresa, pues desde enero de 2021 la Dirección General de Patrimonio viene advirtiendo de ello al Ayuntamiento de Sevilla. No obstante, el departamento jurídico municipal entendía que no necesita tal procedimiento porque la tramitación se llevó a cabo antes de la entrada en vigor del Decreto-ley 3/2015 de 3 de marzo, por el que se modifica la Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental (GICA, Ley 7/2007) que es la que obliga a someterlo al estudio ambiental.

Pero la interpretación de la Junta es otra y es lo que ha provocado esta desavenencia que se resolverá en los tribunales. El gobierno andaluz se apoya en la jurisprudencia creada por diversas sentencias del Tribunal Supremo, que desde noviembre de 2015 ha anulado varios PGOU como el de Marbella, Chiclana, El Puerto, Torremolinos o Jaén por motivos similares.

Otros defectos que se señalan en el recurso es que no hay informes vinculantes de otras administraciones competentes en el plan de ordenación como la Demarcación de Carreteras del Ministerio, la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Fomento o Adif, que tiene en proyecto llevar allí el Cercanías. La consulta a todos ellos ha tenido el silencio como respuesta y eso se ha dado por bueno sin más.

La Junta defiende en su recurso que durante la tramitación la Agencia Andaluza de Vivienda (AVRA) ha advertido en sucesivas ocasiones de que el mismo debía someterse a Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). También el grupo del PP en el Ayuntamiento de Sevilla dejó patente en la sesión plenaria en la que se aprobó definitivamente el plan parcial su oposición, haciendo suya la postura de AVRA, pero estas advertencias no se tuvieron en cuenta y tendrá que ser la justicia la que se pronuncie.

La gran bolsa de suelo, de Villanueva del Pítamo dispone de una superficie de edificabilidad de 568.908 metros cuadrados, que se ha traducido en 9.730 viviendas, de las que buena parte de ellas serán protegidas, tanto para alquiler como para venta. Esta zona podría acoger un crecimiento poblacional y demográfico cuantificable en unas 30.000 personas, según desgranó ante el Pleno el exdelegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores en aquella sesión del 21 de abril que ahora se recurre.

Es un proyecto público-privado que, en el horizonte temporal de 2029 y desarrollado en distintas fases, contempla la construcción de un nuevo barrio en el sur de la ciudad y ya en la frontera con Dos Hermanas.

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El diseño urbanístico y arquitectónico esbozado para estos terrenos y de los que el anterior equipo de gobierno ha exhibido infografías como las que acompañan a esta información, plantea una zona residencial de baja densidad, que responde a los modelos y valores de smartcity, en la que prevalezca la movilidad sostenible, el uso de fuentes de energía renovable y la preservación del medio ambiente. Por tanto, el proyecto de urbanización incluye carriles bici, carriles bus, una futura parada de metro y la incorporación del ferrocarril de Cercanías en virtud al anillo planteado, que vendría además a reforzar las conexiones metropolitanas.