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La Justicia en Sevilla se une contra la Ley de Amnistía en una concentración histórica
Jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores, graduados sociales y funcionarios se reúnen delante de la Audiencia para mostrar su preocupación por un ataque a la división de poderes y la independencia judicial
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La Justicia de Sevilla han unido sus fuerzas este martes en una concentración histórica contra la Ley de Amnistía acordada por el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez. Jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, abogados, procuradores y graduados sociales se han reunido delante de la Audiencia Provincial para mostrar su preocupación ante lo que consideran un ataque a la división de poderes y la independencia judicial.
El acto, convocado por las asociaciones judiciales, aunque a última hora se ha desmarcado Juezas y Jueces para la Democracia, ha contado con los máximos responsables de la Judicatura y la Carrera Fiscal sevillana, en muestra de apoyo, así como con los decanos de los colegios de Abogados y Procuradores, entre otros altos cargos. También estaba el expresidente de la Junta de Andalucía, el socialista José Rodríguez de la Borbolla.
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El juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero; el presidente accidental de la Audiencia de Sevilla, Juan Márquez; el fiscal jefe, Luis Fernández Arévalo; la coordinadora de los secretarios judiciales, Felisa Panadero; el decano del Colegio de Abogados, Óscar Fernández León; o la decana del Colegio de Procuradores, Teresa Rodríguez; han mostrado su apoyo a la convocatoria de las asociaciones judiciales, que han congregado a unas 300 personas.
El juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, ha sido el primero en intervenir. Ha mostrado su preocupación por este acuerdo entre PSOE y Junts, de él y de todos los profesionales del Derecho, por la afección que este pacto tiene sobre la independencia judicial y al principio de la separación de poderes.
No ha querido pronunciarse sobre cuestiones jurídicas complejas, pero ha recordado que el Estado de Derecho es una exigencia de la Unión Europea para formar parte de la misma. No ha valorado la gravedad del acuerdo que recoge la Ley de Amnistía.
El Estado democrático de Derecho se basa en unos principios básicos, entre los que está como fundamental la independencia judicial, es decir, «los jueces sólo están sometidos al imperio de la Ley». Por tanto, los ciudadanos tienen que entender que la garantía de sus derechos y libertades están protegidos por los jueces.
Sobre la recomendación del comité de ética del Consejo General del Poder Judicial de no acudir a las manifestaciones. «Con el máximo respeto, esto es imperativo categórico y ético entender la preocupación de los miembros del la Carrera Judicial y otras profesiones jurídicas respecto a la independencia judicial».
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Aunque el concepto 'lawfare' o judicialización de la política no se recoge en el texto de la ley presentada por el PSOE en el Congreso, el juez decano insiste que el motivo de la concentración es la preocupación por no respetar el principio de división de poderes y atacar la independencia judicial.
Más contundente se ha mostrado Joaquín Yust, magistrado de la Audiencia de Sevilla y presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Andalucía Occidental, frente a la proposición de Ley de Amnistía presentada en el Congreso de los Diputados.
«La ley en sí misma es 'lawfare', viene a decir que lo ocurrido en un determinado periodo de tiempo no ha existido, pónganse un tupido velo y aquí no ha pasado absolutamente nada. Nos apunta que todo lo que ha ocurrido a nivel judicial es una persecución política»
Joaquín Yust
Magistrado de la Audiencia de Sevilla y presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura en Andalucía Occidental
«Es una norma compleja que requiere de un examen exhaustivo. Pero la primera preocupación es que es su carácter genérico e indefinido de sus primeros artículos. Ya podemos decir que es una ley que planteará problemas interpretativos en los órganos judiciales encargados de aplicarla», ha expuesto el magistrado.
No obstante, precisa que resuelve algunas cuestiones más inmediatas, como la necesidad de su aplicación «en un plazo muy corto de tiempo», lo que ante la situación de colapso en los tribunales «no será fácil en el plazo de dos meses». Y, sobre todo, «llama a la retirada y a dejar sin efecto cualquier medida cautelar en los procedimientos abiertos» contra los independentistas catalanes investigados.
Para poder entender bien la ley, «tenemos que entrar en los expedientes individuales que puedan verse afectados, sólo así podemos entender el alcance de la ley». Ha admitido que es «difícil entender el fin constitucional» que guía la aplicación de la norma y su entrada en vigor.
Sobre la cuestión de inconstitucionalidad, ya en la propia ley se manifiesta de que las medidas cautelares vigentes en determinados procedimientos deberán dejarse sin efecto aunque se planteen cuestiones de inconstitucionalidad.
Además, según Yust, hay un mandato muy imperativo a los jueces de su inmediata aplicación, a instancia de parte o de oficio. El problema viene más por el carácter genérico de su redacción y la indefinición sobre los expedientes a los que hace referencia.
Sobre el concepto de 'lawfare' no recogido en la ley, el magistrado ha respondido tajantemente: «La ley en sí misma es 'lawfare', viene a decir que lo ha ocurrido en un determinado periodo de tiempo no ha existido, pónganse un tupido velo y aquí no ha pasado absolutamente nada. Nos señala y apunta que todo lo que ha ocurrido a nivel judicial es una persecución política. Es lo que se llama 'lawfare'».
En este sentido, ha añadido que el acuerdo entre PSOE y Junts sigue vigente y «lo que más nos asustaba, la creación de comisiones parlamentarias para fiscalizar la actuación judicial, será el desarrollo y ejecución de la ley la determine si tienen intención de controlarnos».
Yust, molesto con la normal, penal y resquicios procesales-penales, sin antecedentes inmediatos en el ordenamiento jurídico español que «genera mucha inquietud», no sólo las comisiones parlamentarias, sino su propia aplicación.
«Es un tema de mucha gravedad»
Ha destacado que hoy ha acudido a la concentración «todo el mundo que tiene que ver con el mundo del Derecho» para mostrar una intensa preocupación ante la aplicación de la ley de amnistía. «Todos los actores de la Justicia sevillana».
Óscar Fernández León, decano del Colegio de Abogados de Sevilla, también ha atendido a los medios. Ha asistido junto a la junta de gobierno de la entidad, para mostrar su honda preocupación de que el pacto de PSOE y Junts se pudiera «vulnerando» la separación de poderes y la independencia judicial. «Es un tema de mucha gravedad».
Sobre las posibles consecuencias de la Ley de Amnistía, desde una perspectiva jurídica, defiende la protección del principio de la separación de poderes. Aunque ha admitido que desconoce las consecuencias que puedan suscitar el texto normativo.
Por último, la decana del Colegio de Procuradores de Sevilla, Teresa Rodríguez, en representación del colectivo ha explicado que acude a la concentración en apoyo a la Constitución y el absoluto rechazo a la instrumentalización del Poder Judicial. «Es grave que la Justicia sea vea instrumentalizada por intereses políticos», ha concluido.
La concentración judicial no sólo se ha celebrado en la capital. En Dos Hermanas, medio centenar de personas. Allí estaba Esther Moreno, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales, cuyo congreso nacional tuvo lugar el pasado fin de semana en Jerez de la Frontera.
Moreno ha trasladado a este periódico las conclusiones de la Asociación de Fiscales respecto a la amnistía, cuyo texto normativo aún tienen que estudiar de forma exhaustiva. Dicha entidad muestra «su más absoluto y enérgico rechazo a cualquier iniciativa legislativa sobre amnistía, que no responde a razones de justicia y de equidad, sino de mera utilidad particular».
«La amnistía desconoce la obligación de los poderes públicos de sujetarse al orden constitucional e implica la quiebra de los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad, la vulneración del derecho a la igualdad y la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas y de los perjudicados por los hechos delictivos objeto de amnistía».
Por último, se añade que su aprobación produciría »la quiebra de las reglas y principios básicos que definen a España como un Estado de Derecho y, en particular, del principio de separación de poderes, porque supone una injerencia del Poder Legislativo en el Poder Judicial»
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