El nuevo barrio del Pítamo estará bloqueado entre dos y cinco años

El recurso que ya han presentado los servicios jurídicos de la Junta está motivado principalmente por la falta de una Evaluación Ambiental Estratégica a la que debía haberse sometido el proyecto antes de la aprobación inicial del plan parcial de ordenación. El Ayuntamiento, entonces gestionado por Juan Espadas, dio ese paso cuando todavía no estaba en vigor el Decreto-ley 3/2015 de 3 de marzo, por el que se modifica la Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental (GICA, Ley 7/2007) que es la que obliga a realizar el estudio ambiental. Pero la interpretación que hace el Gobierno andaluz es distinta y está apoyada en la jurisprudencia creada por diversas sentencias del Tribunal Supremo, que desde noviembre de 2015 ha anulado varios PGOU como el de Marbella, Chiclana, El Puerto, Torremolinos o Jaén por motivos similares.

Otros defectos que se señalan en el recurso es que no hay informes vinculantes de las administraciones competentes en el plan de ordenación como la Demarcación de Carreteras del Ministerio, la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Fomento o Adif, que tiene en proyecto llevar allí el Cercanías. La consulta a todos ellos ha tenido el silencio como respuesta y eso se ha dado por bueno sin más.

El alcalde, José Luis Sanz, arremetió ayer contra esta gestión urbanística, que se aceleró en el último año, llegando a aprobarse definitivamente un mes antes de las elecciones municipales. Así, recordó que él mismo ya había advertido de que tal como se habían hecho las cosas podría traer problemas, más aún desde que la Agencia Andaluza de Vivienda (AVRA) emitirá un informe negativo sobre la tramitación.

La intención del regidor es desatascar cuanto antes el asunto, pero garantizando la seguridad jurídica. Todavía no ha tomado una decisión, aunque lo que le parece «más razonable» es dar marcha atrás en el trámite para someter todo el desarrollo a la evaluación ambiental con el fin de «no perder más tiempo». Irremediablemente eso supondrá una demora de al menos un año y medio, como aclararon fuentes municipales. Esperar a la respuesta de los jueces, en el caso de que no den la razón al Ayuntamiento, puede conllevar hasta cinco años, calculan.

La decisión de la Junta de Andalucía fue ayer duramente criticada por el grupo municipal socialista, que en su día se encargó de desatascar este terreno para convertirlo en suelo finalista. La concejala Carmen Fuentes consideró que la única intención es «volver a frenar un proyecto estratégico para el desarrollo de la ciudad, alineándose con la posición del PP de Sevilla, cuyo grupo municipal votó en contra de la propuesta el pasado 21 de abril». La edil reprochó que «a Sanz le queda muy grande el traje de alcalde de Sevilla, y por eso se lo está arreglando la Junta de Andalucía. Está utilizando su influencia para recortar todo lo que le sobra de un proyecto de gran ciudad, diseñado y aprobado por el anterior gobierno socialista». «Así lo ha demostrado también con el proyecto para la antigua fábrica de tabacos de Altadis, que ha intentado bloquear influyendo sobre la Comisión de Patrimonio», dijo.

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«La excusa de la Junta es la de dar seguridad jurídica a los propietarios, pero no se sostiene porque no hay ningún incumplimiento de la normativa ambiental», criticó Fuentes, lamentando el perjuicio que todo esto supone para los ciudadanos.