El precio del alquiler en Sevilla sube un 10%, el efecto de la Ley de Vivienda de PSOE y Podemos

Pero éstas no son las únicas consecuencias negativas del nuevo marco legislativo, que generó tensiones entre la parte podemita y los miembros socialistas del Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Han trasladado el cumplimiento del derecho constitucional a una vivienda digna (de los poderes públicos) a los propietarios». Así lo expone el delegado de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en Andalucía, José Carlos Cutiño, quien se muestra «muy crítico» con esta ley.

Los propietarios han decidido salir del mercado del alquiler por la «inseguridad jurídica» que les genera este texto normativo. O venden sus inmuebles o los trasladan al sector turístico. Otros optan por vender y comprar locales comerciales o inmuebles para oficinas, ámbitos que ofrecen más seguridad y más beneficios. La ley, con la limitación de subida de los precios de la renta, también limita los beneficios de los dueños.

«El 44 por ciento de los arrendadores cuenta con unos ingresos anuales inferiores a 21.000 euros», según la OCU, lo que evidencia que para éstos esta renta supone un ingreso vital. «No son grandes tenedores».

Pero hay más. Los arrendatarios, ante la falta de oferta y el aumento de precio, son víctimas de un mercado canibalizado. Se alquilan pisos a través de fotos, sin llegar a verlo. Se ha perdido la opción de negociación con los dueños porque siempre hay clientes dispuestos a pagar lo que se pide. Se han incrementado las exigencias antes de alquilar: contrato de trabajo, declaración de hacienda, nóminas, avales e, incluso, tres o cuatro meses por adelantado.

Son las principales consecuencias de la radiografía del mercado que hacen tres inmobiliarias de la capital consultadas por este periódico. José Gamero, dueño de Sevilla 2000, con seis oficinas en la capital y más de un centenar de empleados, es claro: «La ley ha tenido un efecto contraproducente». No hay más oferta y sí más demanda. Antes esta inmobiliaria contaba siempre con una cartera de 15 a 20 viviendas en alquiler, ahora, a veces, tienen uno o dos, o «ninguna».

Se está produciendo un fenómeno de «migración» a otros ámbitos del mercado inmobiliario, como los locales comerciales o las oficinas, en busca de «garantía jurídica». Muchos pequeños y medianos tenedores están vendiendo sus inmuebles en zonas residenciales como Sevilla Este o Pino Montano que tenían destinados a alquiler de larga duración y han comprado pisos en Triana o Nervión para destinarlos a fines turísticos. «Se ha generado miedo en el inversor».

Además, se ha instalado una sensación de «vulnerabilidad» entre los propietarios, sobre todo por la protección de la ley de los 'okupas' o a las familias con especial vulnerabilidad. La consecuencia directa es que se están endureciendo los requisitos a familias «normales», lo que reduce considerablemente las posibilidades de acceder a una viviendas para este perfil de clientes.

Según Gamero, el 60 por ciento del mercado son inversores pequeños (entre uno y tres inmuebles) y medianos (entre cuatro y ochos). Los grandes tenedores son los que cuentan entre diez y doce inmuebles, o más. No obstante, precisa que la ley, que dejaba la definición de zonas tensionadas y la figura de las grandes tenedores a las comunidades autónomas, pero en el caso de Andalucía, gobernada por el PP, no se ha hecho nada al respecto.

Un ejemplo, un inversor vendió cuatro pisos en el Centro de Sevilla en régimen de alquiler de larga duración para invertir en los locales comerciales de la calle Cuna, zona «prime» de la ciudad.

Antonio Canto Montero de Espinosa es el dueño de la inmobiliaria Torre del Oro, ubicada en el Cerro del Águila. La situación no va por barrio, sino que es generalizada. Suben los precios y los pisos disponibles se alquilan muy rápido. «Entran seis pisos y se alquilan en una semana». Hay miedo en el arrendatario a que le quiten el piso y hay miedo en el arrendador por la «inseguridad» jurídica que provoca la ley.

Pero la reforma legal no sólo genera «perjuicios» a los dueños de las viviendas. Las inmobiliarias están perdiendo «el 50 por ciento de los ingresos». Ya no pueden cobrar a los arrendatarios.

Este gestor inmobiliario califica de «barbaridad» el incremento de los precios. «Un piso en la barriada Hispalis de 55 metros cuadrados, tres habitaciones, tercera planta sin ascensor, por encima de los ochocientos euros». Se anunció y llegaron 50 correos electrónicos en media hora. Se lo quedaron unos estudiantes sin llegar a ver el piso. «La negociación entre partes se ha perdido».

En la zona de la Cruzcampo ha alquilado un piso para estudiantes donde los padres de los jóvenes han pagado dos años por adelantado de renta para garantizarse que se lo alquilaban los cinco años de estudios. «Está pasando todo lo contrario a lo que se buscaba con la ley».

En el barrio del Juncal o el Plantinar, zonas «saturadas» de pisos de estudiantes, se están pidiendo entre 800 y 900 euros por pisos de 55 metros de hace 60 años. En Bami, lo que antes costaba entre 600 y 700 euros, ahora ha pasado a mil euros: un cuarto con ascensor con cuatro dormitorios. En esta zona hay mucha demanda de sanitarios.

El propietario de la Inmobiliaria Torre del Oro también tiene ejemplos del otro lado. Un inversor madrileño ha embarcado en Sevilla comprando 27 pisos en Las Letanías para alquilarlos a 600 euros. Antes la renta era de 350 euros.

En el polo opuesto a esta oficina inmobiliaria está Metron Sevilla, ubicada en la calle Recaredo, dirigida por Andrea Gnavolini, un italiano con más de tres décadas en el sector y en España desde 1996. Trabajan la zona del Centro de la ciudad, pero también Nervión o la Buhaira, «zonas prime».

En su análisis del sector tras el cambio legislativo llega a la conclusión de que las inmobiliarias son las más fastidiadas. Su fuente de ingresos (comisiones) se ha eliminado «sin nada a cambio», la intermediación ya no genera beneficios, pero el Gobierno no ha ofrecido como contraprestación una bajada de impuestos, por ejemplo. «Hay malestar en el sector ante un ley tan agresiva».

Tampoco los inquilinos se han beneficiado de la ley, ni el mercado, que se ha convertido en una odisea. «No mejoran los precios», que era el «supuesto» objetivo del Gobierno con una norma «contra los propietarios y las inmobiliarias»: regulando los precios quitando las comisiones.

Los grandes tenedores se están quitando del sector del alquiler por «miedo». Se están pasando al sector del alquiler turístico, o cierran las viviendas o las venden para adquirir locales comerciales u oficinas. Andrea Gnavolino, a diferencia del Gobierno de PSOE y Podemos, cree que los precios se pueden regular por otra vía: levantando más viviendas y más viviendas sociales, según precisa el delegado en Andalucía de la OCU.

El mercado del alquiler en Sevilla no es como en Londres. Aquí hay familias con dos o tres inmuebles, que residen en una casa y viven del alquiler de las otras, es su fuente de ingreso básico para vivir. Se les ha generado un problema.