Preocupación ante la disolución de los grupos de elite de la Guardia Civil contra el narco

El temor está encima de la mesa, qué va a pasar ahora que se han disuelto los grupos de elite de la Guardia Civil que habían sido creados en 2018 para combatir el narcotráfico en el sur. Desde el Instituto Armado insisten en que se trata de una reorganización de los efectivos, que dejan de estar en comisión de servicio y pasan a sus destinos de origen, muchos de ellos a los equipos antidroga (EDOA) de cada comandancia. Pero el Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico (OCON-Sur), que fue la estructura que nació como respuesta a la creciente impunidad que existía en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar y posteriormente a otras provincias andaluzas como Sevilla, ha dado muy buenos resultados.

Por tanto, la preocupación en esferas sociales y judiciales es obvia, y es si este regreso al sistema anterior no significará un paso atrás en una lucha que no tiene cuartel como demuestran las operaciones en las que son desarticuladas organizaciones que ya habían sido descabezadas con anterioridad.

Es el caso, por ejemplo, del clan del Ginés, cuyo cabecilla tiene su residencia en la urbanización de la Hermandad en Coria del Río. Fue apresado este año pocos meses después de que hubiera pactado una sentencia de menos de tres años. Esa altísima reincidencia que existe entre los narcotraficantes hace que la persecución de estos delitos se eternicen.

«El golpe encima de la mesa se dio en 2018 y se mandó un mensaje muy claro», señalan a este periódico fuentes de la lucha contra el narco en referencia a lo que supuso el despliegue de efectivos en municipios como La Línea de la Concepción, donde se enviaron a agentes del GAR, el mismo grupo que antaño luchó contra ETA. «Esperemos que todo ese trabajo llevado a cabo no se pierda». A esta incertidumbre no ha ayudado nada el giro de timón del ministro Grande-Marlaska, quien anunciaba en marzo la prórroga de este plan y la inversión de más de 35 millones de euros para reforzar la lucha en provincias como Sevilla o Granada. Por esas fechas, el ministerio del Interior hacía balance de las incautaciones y detenciones y ni por asomo se vislumbraba el final de una estructura que estaba funcionando.

Como informaba ABC en su edición de ayer, a estos grupos de elite pertenecían unos 150 agentes que estaban trabajando en comisión de servicio, con una dedicación plena a las operaciones. Un esfuerzo en personal que tiene un coste importante en las nóminas y en los destinos de origen de esos agentes porque no podían contar con ellos.