Una residencia de ancianos y un hospital de Sevilla, paralizados por un cambio urbanístico

En este caso, los promotores habían comprado la parcela, realizado los proyectos arquitectónicos e incluso tenían informes favorables de la Gerencia de Urbanismo. Pero ahora estas edificaciones están paralizadas y en el aire a la espera de que el Ayuntamiento les dé una solución y después de haber realizado una inversión millonaria.

Se trata de dos proyectos que iban a realizarse en una parcela de 6.000 metros cuadrados en Su Eminencia 10, en una zona amplia que ahora está en desuso y que está rodeada de edificios de viviendas. Una parte de esa parcela, unos 3.000 metros cuadrados, son jardines y el resto es terreno en el que actualmente solo hay un solar vacío y donde iban a edificarse los proyectos.

En esa zona dos grupos inversores tenían previsto sendos edificios. El primero de ellos era una residencia de ancianos con 119 habitaciones individuales para dar asistencia a los numerosas personas mayores que hay en la ciudad ya que, según recalcan los inversores, Ignacio de Andrés y Reyes Artiñano, Sevilla es una de las ciudades con menor ratio de camas por persona por lo que el proyecto cubriría esas necesidades. Además, según explican, la idea era ubicar esa residencia dentro de la ciudad ya que los estudiosos del tema recomiendan que este tipo de centros no se ubique lejos de la ciudad. «A los mayores les gusta estar cerca de la ciudad», explican los empresarios.

El otro gran proyecto es un hospital privado que tendrá 55 habitaciones, ocho quirófanos, seis UCI y que vendría a paliar el déficit de centros sanitarios que hay en la ciudad. Sería, según Juan Bastos, uno de los inversores que está detrás del proyecto, un hospital «de última generación» que completaría el mapa sanitario de la zona. Por eso se ha pensado en la zona cercana al Virgen del Rocío y otros centros sanitarios privados que hay en el entorno.

Se trata, con todo, de una inversión de unos 45 millones de euros que generaría más de un centenar de puestos de trabajo y que ahora está en el aire. Ambos edificios, cuyo anteproyecto ha realizado el arquitecto sevillano Ignacio Ayuso, habían pasado la mayor parte de los trámites. Pero ahora llevan casi dos años paralizados.

¿Qué ha pasado? Los promotores aseguran que compraron el terreno en el año 2019 y que entre los gastos de compra, la demolición de la antigua sala de fiestas que había en la zona, y las tasas que han tenido que pagar, entre ellos la licencia de obras, han invertido aproximadamente seis millones de euros. Sin embargo, el suelo que compraron en condiciones que les permitía la edificabilidad cambiará su uso en función de la inminente modificación del PGOU con la que el Ayuntamiento pretende evitar polémicas como la de las construcciones que afean la Palmera.

De hecho, esa modificación de PGOU elimina el plus de edificabilidad permitida hasta ahora a nuevos edificios que se levantan como equipamientos y servicios públicos en parcelas que no tienen esa calificación urbanística. Y eso les impedirá llevar a cabo esos proyectos ya que, si con la normativa anterior podían edificar sobre unos 3.000 metros cuadrados (de los 6.000 que tiene la parcela), con la modificación urbanística esa superficie quedará reducida a 1.100 metros cuadrados. Algo que hace inviable ambas construcciones.

«Hemos ido de buena fe, comprando a un precio de mercado y el proyecto lleva año y medio parado porque han cambiado las reglas del juego a mitad de partido» se quejan. Porque, según dicen, la parálisis además de generarle pérdidas ya que «han enterrado seis millones de euros», les está provocando una situación de «inseguridad jurídica». A ello unen la queja por la «falta de agilidad» de Urbanismo que mantiene proyectos como el suyo paralizados durante más de año y medio.

Por ello esperan una solución ya que, aunque ven lógico que se quieran proteger zonas como la Palmera, consideran que sus proyectos podrían encajar en una zona de la ciudad en la que hasta los vecinos apoyan que se edifique puesto que el hospital y la residencia acabarían con las fiestas «rave» o el vertedero que molestan a los residentes en los bloques que hay alrededor de la parcela. «Es cuestión de voluntad política», dicen apuntando que si no les dan una solución tomarán medidas legales. Y también hacen una clara advertencia: «Con esta situación de inseguridad, los inversores no van a elegir Sevilla para nuevos proyectos».