Los retrasos en las licencias de Urbanismo de Sevilla incrementan las construcciones ilegales

Detrás de esos proyectos urbanísticos no sólo hay empresarios que tratan de sacar adelante una idea de negocio; también hay centenares de familias que dependen de la concesión de una licencia para rehabilitar la vivienda que compraron con un préstamo hipotecario y en la que no pueden vivir porque no está en condiciones o vecinos que solicitaron un crédito para reformar su piso viejo y que están viendo cómo pasan los meses, se encarecen las materias primas y su presupuesto inicial se ha quedado muy corto. El actual contexto tan volátil, con la inflación en niveles muy altos, ha agravado estas situaciones.

Estos son sólo algunos ejemplos de los otros afectados por la tardanza en la tramitación de licencias y la lentitud de la administración.

ABC ha contactado con la decana del Colegio de Arquitectos para saber si después del severo toque de atención que dio hace un par de meses, se ha movido algo en la Gerencia de Urbanismo. Pero la respuesta es descorazonadora: «Seguimos igual o incluso peor porque cada mes que pasa sin que se adopten medidas, la bola de expedientes pendientes de resolver sigue creciendo».

Cristina Murillo señala una vez más la falta de personal en el departamento responsable de la tramitación de licencias tras producirse la jubilación de varios arquitectos. «En 2020 se produjo una situación similar y se optó por trasvasar personal de otros departamentos y se acabó con el problema. Ahora se nos ha dicho que no es posible».

Desde el Consistorio se utiliza el mismo argumento que dio en su día el delegado, Juan Manuel Flores, cuando este periódico publicó la carta del colegio de arquitectos. Para el Gobierno municipal, el problema se circunscribe al casco antiguo, a permisos que tienen que pasar por la comisión de Patrimonio y responsabilizan a la Junta de generar un cuello de botella porque es la Administración que debe visar los proyectos.

Sin embargo, este periódico ha tenido acceso a solicitud de licencias que están fuera del centro histórico y que también acumulan meses sin que los promotores hayan recibido ni siquiera una primera respuesta por parte de la Gerencia. Es el caso del propietario de una vivienda en Bellavista, cuyo arquitecto solicitó el permiso para iniciar la ejecución de una obra mayor en el mes de julio del año pasado. Se han cumplido siete meses de ese primer trámite y aún no sabe si toda la documentación está en regla o falta algún detalle que sume más tiempo. No es una anécdota.

«La tardanza media en los expedientes de proyectos fuera del casco antiguo es de ocho meses; mientras que en el centro la demora se dispara por encima del año», señala la decana. Entre sus clientes, un caso que ejemplifica claramente la situación. Una pareja se compró una vivienda para reformar en el centro, se casaron y cuando sus hijos (mellizos) tuvieron dos años, se encontraron con la tesitura de qué hacer. «Tenían que matricular a sus hijos y no sabían qué hacer, si elegir una guardería que estaba al lado de la casa de los suegros, donde estaban viviendo temporalmente, o buscar plaza en el centro. Hasta ese punto surrealista se ha llegado».

Otra consecuencia negativa que está teniendo esta demora es que está fomentando el aumento de las construcciones ilegales. Como reconoce la decana de los arquitectos, hay promotores que deciden no seguir esperando y arrancan con las obras, exponiéndose a la sanción económica y a la paralización de los trabajos. «Están aumentando los expedientes de disciplina urbanística y eso se traduce en que hay más construcciones ilegales», señala la decana de los arquitectos. Una vía intermedia que usan muchos promotores, aunque no es válida, es solicitar una licencia de obra menor, cuya tramitación es más rápida para que en caso de inspección, poder alegar algo.

Las construcciones sin licencia no son un problema menor. Son el terreno idóneo para que se produzcan accidentes porque no hay ningún profesional que haya verificado los trabajos ni las condiciones en las que se desarrollan. En octubre del año pasado se desplomaba el techo de una nave en el polígono aeropuerto donde se estaban realizando obras de acondicionamiento. Un obrero moría en el siniestro y al día siguiente se confirmaba que los trabajos carecían de cualquier permiso.