El secretario del Ayuntamiento de Sevilla ofrece un recorrido histórico por la figura de este servidor público

'El secretario municipal: pasado, presente, y futuro' ha sido el título del discurso de Flores, especialista en Derecho Público y docente desde 1985, quien ha sido respondido por Eusebio Pérez Torres, en nombre de la corporación académica.

Premio Real Maestranza de Caballería, Flores Domínguez ha iniciado su intervención con una confesión: «hubo un tiempo en el que creí que podía llegar a ser un buen servidor público, ser secretario de ayuntamiento, y serlo de la ciudad más preciosa del mundo, de la ciudad soñada». Después ha sido el momento de acordarse de sus maestros Manuel Clavero Arévalo y los profesores Pérez Moreno y López Menudo.

La Constitución de 1812 ha sido del punto de partida de la disertación del nuevo académico numerario, el origen del secretario de ayuntamiento, aunque antes existió un precedente en los escribanos de concejo. Con la ley de febrero de 1823 se diseña la figura del secretario, «un empleado más del ayuntamiento».

Flores Domínguez ha ido saltando de hito en hito legislativo que suponían nuevos avances, como la Ley de Ayuntamientos de 1840, que originó un conflicto constitucional que acabó con la Reina Regente y con la llegada del general Espartero. Dicha ley atribuía la función de asesoramiento legal: asistir al alcalde para el despacho de los negocios. Décadas después, con la Restauración, el secretario asumió un papel difícil dentro de un sistema caciquil.

Ya en el siglo XX, sobre todo en el primer tercio, hubo intentos de profesionalizar el papel de este servidor público, pero la inestabilidad política del país lo hicieron imposible. Hubo 22 intentos de reforma. No fue hasta 1924, en plena dictadura de Primo de Rivera, cuando se consolida esta profesión, otorgándole una función de «vigilancia» de la actuación corporativa.

El Estatuto Municipal nace en agosto de ese año. Se crea el Cuerpo de Secretarios de Administración Local y se instaura la advertencia de ilegalidad. Además se consagran sus funciones: fedatario, asesor, vigilante de legalidad, gestor y responsable del cumplimiento de las obligaciones municipales.

Con la II República se mantuvo vigente dicho estatuto por «exigencias de la realidad». Después llegó la dictadura de Franco y una «feroz represión» hacia estos funcionarios locales. La visión negativa de éstos, como los que mandaban en los ayuntamientos, llegó al cine español, incluso.

Hasta 1975 lo que el nuevo académico considera el «pasado». El «presente» se inicia con la Constitución de 1978. Se llegó a pedir la desaparición de este servidor, que levantaba muchos recelos por su vinculación al régimen anterior. «Se obvió que se limitaron a interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico vigente. En muchos casos, los únicos que soportaron el funcionamiento técnico de los ayuntamientos», según Flores Domínguez.

Pero hubo dos cambios en 1981 que provocaron la consolidación de la función material del secretario: la adaptación del funcionamiento de las corporaciones locales a los principios constitucionales, que despojó a los secretarios de ese ropaje jurídico que los convertía en el vigilante de la Administración Central del Estado; y la supresión de la facultad de los gobernadores civiles de suspender acuerdos locales, y la residencia del monopolio del control en la jurisdicción contenciosa. La Administración central advierte entonces del peligro que corren los municipios si se les despoja del único control de legalidad que subsiste previo a la toma decisiones: el que llevan a cabo secretarios e interventores. El resultado fue el inverso a la supresión, convocándose oposiciones para miles de puestos entre 1980 y 1985, en lo que supuso una democratización del pensamiento de los cuerpos nacionales.

La Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local soluciona el dilema del mantenimiento de los cuerpos nacionales y la solución pasa por suprimirlos formalmente. Llegan los habilitados nacionales. Se mantenían las funciones. Era la forma del legislador de romper con el régimen precedente, según Luis Enrique Flores.

Después ha analizado el procedimiento de acceso, con sus luces y sus sombras. «En más de dieciséis años en el Ayuntamiento de Sevilla, y con corporaciones diversas, no he recibido una sola presión que pretendiera cuestionar mi independencia de criterio».

En la batalla de las comunidades autónomas por tener su cuota de participación en este sistema, según el ponente, éstas no ejercieron sus competencias y no efectuaron sus convocatorias. Se multiplicaban las vacantes, recurriéndose a interinos. El panorama se ponía «gris». Los habilitados «no interesaban». Entonces llegó la crisis financiera de 2008 y el control del gasto. Se reforzó la figura del interventor, que pasó a ser «la figura estelar de la burocracia local, un orweliano Gran Hermano».

En 2017, la figura del secretario emerge con la Ley de Contratos del Sector Público, que lo vuelve a situar como un asesor general, según Flores Domínguez. «No hay ninguna incidencia en este ámbito que no exija el informe del secretario». Sus funciones se recogen en Real Decreto de 2018 regulador de su régimen jurídico: la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo, principalmente.

Esta función «en los pequeños y medianos municipios, la desarrolla el secretario con una soledad, a veces, dolorosa, enfrentándose a los temas más variados y singulares, con escasez de medios y con la premura por la exigencia que demanda la pronta resolución del problema», según el secretario general del Ayuntamiento de Sevilla. Flores ha tenido unas palabras de agradecimiento a los secretarios-interventores, que existen en el 83 por ciento de los municipios de España.

Por último, ha expuestos los retos del futuro. «Hay que entender el cambio de modelo del papel de las administraciones públicas, una administración prestadora de servicios que surge con el Estado Social y que debe evolucionar hacia un modelo de administración garante, si quiere asegurarse la sostenibilidad económica del sistema y el nivel de prestaciones cuya conquista es obra directa de ese Estado Social. En este contexto los secretarios debemos estar atentos a estos cambios para entender la función que asumirá la administración en estos nuevos tiempos».

Y la inteligencia artificial: «Si la digitalización ha incidido en el ejercicio de la función de fe pública, nos queda por ver si afectará la inteligencia artificial a la función de asesoramiento legal preceptivo, o como puede utilizarse para mejorar su desempeño».

Luis Enrique Flores Domínguez ha cerrado su discurso con las siguientes palabras: «Los secretarios han aplicado el ordenamiento que regía en cada momento histórico, ése ha sido el parámetro de su función de control de la legalidad. Pero también han sido capaces de interpretar ese ordenamiento conforme a la realidad social del tiempo en que han vivido, adaptándolo a las necesidades sociopolíticas y a las nuevas tendencias doctrinales para contribuir al mejor funcionamiento de la Administración Local. Y ello solo se ha conseguido desde la excelencia». Y ha confesado que el «buenos días, secretario», que recibe cada mañana al llegar al Ayuntamiento es el impulso para la grata tarea que tiene por delante cada día.