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Tribunales

Un acuerdo con la Fiscalía permite eludir la cárcel a tres varones tras estafar 130.000 euros en seguros

El juicio iba a celebrarse más de doce años después de los engaños que se produjeron por toda la geografía nacional

La Audiencia tenía previsto en junio el juicio contra los tres acusados por estafar ABC

Jesús Díaz

La Audiencia de Sevilla fijó cuatro días el pasado mes de junio para el juicio contra tres varones acusados de estafar casi 130.000 euros en distintas operaciones realizadas por todo el territorio nacional en la venta de diferentes tipos de seguros y avales. Los hechos ocurrieron e ntre 2006 y 2007 y la Fiscalía pedía inicialmente penas por encima de los cinco años de cárcel . Pero un acuerdo entre las partes permitió a los procesados eludir la cárcel y ser condenados a 1 6 y 19 meses de cárcel , respetivamente.

Seguros para daños materiales en edificios construidos, para cantidades entregadas a cuenta de la construcción de viviendas y avales eran los productos objetos de la estafa que llevaron a cabo los tres varones, dos de ellos, J.M.A.C. y A.J.C.S.M., como administradores de una empresa de intermediación y asesoramiento inmobiliario que no tenía autorización para operar en España como correduría de seguros .

Esta empresa, constituida en 2003, tenía su sede social en la avenida de la Constitución de Sevilla . Estos dos acusados eran los que captaban a los clientes para la contratación de los supuestos productos de seguros y avales. Recopilaban toda la documentación y cobraban el importe de los productos vendidos.

El otro acusado, que responde a las iniciales de J.E.M.S., era el representante legal, en base a una escritura otorgada en Panamá en 2001, de una compañía internacional que tampoco era entidad autorizara para actuar en este país ni como aseguradora ni como mediador de seguros.

Sin autorización para vender seguros

Sobre esta compañía europea no constaba ningún dato en España , pues no estaba inscrita en el Registro Mercantil como sociedad española. Además, no existía ninguna delegación o sucursal de la misma en el territorio español como empresa extranjera, ni tenía empleados ni bienes a su nombre.

Pero su domicilio comercial era el mismo que de la otra empresa, en la avenida de la Constitución. Esta compañía internacional era a través de la que presuntamente se concertaban los seguros.

Dentro del plan urdido por los tres, J.E.M.S. presentó en marzo de 2006 ante la Abogacía del Estado del Ministerio de Justicia una solicitud para que se le declarase apoderado de la compañía internacional.

Ese documento oficial, con membrete y sello del Ministerio y Abogacía , y con firma del abogado del Estado, fue «aprovechado» por los acusados «para hacer creer a terceros» que esta compañía estaba autorizada para dar seguros y avales en España, tanto a entidades públicas como privadas. Nada más lejos de la realidad.

También confeccionaron los documentos en los que se plasmaban las diferentes garantía o avales. Todos los documentos venían firmados en Luxemburgo , donde no se suscribieron ninguno.

Una vez remitida toda la documentación de las personas estafadas a Sevilla y abonadas los importes de los productos contratados, el apoderado de la compañía de seguros internacional los firmaba y lo hacían llegar al contratante.

En los registros domiciliarios, intervinieron una pistola a uno de los acusados, que no tenía licencia de armas

Con este método consiguieron vender sus productos por toda la geogría nacional. Según se recoge en la sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial facilitada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) a este periódico, los engaños se llevaron a cabo en Arrecife de Lanzarote, en los municipios murcianos de Lorqui, Moratalla y Campos del Río, en Barcelon a , en Montserrat ( Valencia ), en Pontevedra , en La Laguna (Tenerife) y Jerez de la Frontera . Pero también lograron llevar su estafa ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Fue un juzgado de La Laguna quien abrió la primera investigación sobre estas productos engañosos, cuyo perjuicio asciende en su totalidad a 128.081 euros.

Una vez fueron detenidos los tres individuos, las fuerzas actuantes en esta investigación procedieron entre diciembre de 2009 y mayo de 2010 al registro domiciliario de los tres acusados, dos en Madrid y uno en Sevilla, interviendo a José María A.C., además de ingente documentación sobre las operaciones realizadas, una pistola en perfecto estado de funcionamiento para cuyo uso no tenía licencia . Por esto le ha caída tres meses más de condena.

Más de doce años después de los hechos la Audiencia de Sevilla iba a enjuciar a los tres acusados, que reconocieron la estafa y la falsedad documental. El acuerdo con la Fiscalía les permitió eludir pisar la cárcel.

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