Alaya confirma el fin de la causa penal del accidente mortal del A400M en el aeropuerto de Sevilla

Mercedes Alaya , magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia, es la ponente del auto, con fecha de 3 de marzo, en el que ratifica el archivo de las diligencias al no apreciar responsabilidad penal alguna en los hechos después de la práctica de las pruebas oportunas durante la instrucción.

En la citada resolución, según han traslado a este periódico fuentes del caso, la juez recuerda a las partes personadas en representación de los intereres de los supervivientes y de las familias de los fallecidos que a partir de ahora podrán acudir a la jurisdicción civil para reclamar a los responsables del siniestro, Airbus (fabricante del modelo siniestrado) y EPI (fabricante del motor usado por el A400M), y a las aseguradoras las indemnizaciones económicas que consideren oportunas.

No obstante, según las citadas fuentes, los abogados aún dispondrían de una posibilidad para seguir batallando en la investigación penal, ya que pueden interporner recurso de casación ante el Tribunal Supremo , aunque todo apunta que la vía penal se cierra tras la decisión de la Audiencia.

Era el mediodía del sábado 9 de mayo de 2015 cuando se registró un accidente en el entorno del aeropuerto de Sevilla durante un vuelo de prueba del A400M . Fallecieron el piloto, Jaime de Gandarillas; el copiloto, Manuel Regueiro; y los ingenieros Gabriel García Prieto y Jesualdo Martínez. Corrieron mejor suerte fueron los tripulantes José Luis de Augusto y Joaquín Muñoz Anaya.

Desde entonces han pasado cerca de seis años y la causa ha vivido repetidos viajes de ida y vuelta entre la juez instructora y la Audiencia de Sevilla, ante l a insistencia de las familias de los fallecidos y los supervivientes para que se esclareciera lo que ocurrió aquella calurosa mañana de mayo.

El 2 de abril de 2018 el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla dictó un auto en el que decretaba el sobreseimiento provisional porque no veía indicios para continuar la acción penal, aunque admitía en el auto que el accidente se produjo por «una concatenación de causas» pero ninguna de ellas con «suficiente» entidad para atribuir responsabilidades penales. Este mismo argumento fue el que expuso en un segundo auto de fecha de 27 de julio de 2020 en el que volvía a cerrar la causa y que ahora ha confirmado la Audiencia.

La instructora recogía en el citado auto de 2018 que se producen «múltiples fallos» por parte de Airbus y de Europe International. La postura de la juez siempre ha contado con el respaldo de la Fiscalía y, por supuesto, de los representantes legales de Airbus, la aseguradora de la compañía y EPI. El Ministerio Público apuntaba entonces que no había una imprudencia relevante a efectos penales de los operarios y de la tripulación del Airbus en el accidente.

En octubre de 2019 , la Audiencia de Sevilla, atendiendo las pretensiones procesales de las familias, ordenaba a la juez la práctica de nuevas diligencias para determinar la posible responsabilidad penal de los distintos actores implicados en este terrible accidente aéreo.

Para la Sala, había indicios de que «pudo haber falta de formación, documentación e instrucciones a la tripulación» que iba al frente de la aeronave, lo que podría suponer el origen del accidente. O lo que es lo mismo, la tripulación contaba con «falta de adiestramiento» con respecto al modelo de motor que llevaba la aeronave y su funcionamiento, lo que conllevó que no pudieran tomar las medidas oportunas para reaccionar ante lo que estaba sucediendo. Además, durante el vuelo recibieron «información insuficiente» desde la cabina de control.

Pero en julio de 2020, después de haber llevado a cabo algunas testificales de responsables de las compañías y denegando otras solicitadas por las familias, la juez decidió cerrar la causa porque sólo apreciaba una concatenación de errores en el diseño de los motores y la cadena de montaje , pero sin entidad suficiente para ser considerado delito.

Esta decisión, que suponía en la práctica el final de la vía penal, teniendo en cuenta que una posible imputación de alguien sería por un delito de imprudencia, que prescribe a los cinco años, fue llevada por las familias a la Audiencia, que ahora, según han confirmado a este periódico fuentes del caso, ha dado carpetazo definitivo a la investigación penal.