El Alcázar cobra por las entradas a discapacitados y parados

Varias asociaciones de discapacitados han denunciado en el Ayuntamiento que el Alcázar está incumpliendo la Ordenanza Reguladora del Precio Público del monumento, ya que los colectivos exentos del pago de la entrada tienen que abonar los costes de la gestión telemática si quieren realizar una visita a pesar de que la normativa es taxativa explicando que para ellos es gratuita. El conflicto tiene su origen en el año 2013, cuando el Alcázar activó la venta de localidades por internet . Como consecuencia de la gran demanda que tiene el monumento, actualmente es prácticamente imposible conseguir entradas en la taquilla, en la que se reserva un porcentaje que se retira de la ventanilla a primera hora de la mañana. Por lo tanto, la mayoría de personas que tienen la intención de visitar el recinto tienen que conseguir los tiques a través de la web, que está subcontratada a una empresa que cobra un euro por la gestión.

Según la ordenanza vigente, la tarifa primera , que es la estipulada para el horario general de apertura, es de 11,5 euros para todos los palacios y jardines, 4,5 más para el Cuarto Real Alto y tres euros la reducida para pensionistas y estudiantes hasta 25 años. Sin embargo, dicha tarifa tiene una serie de excepciones que vienen claramente recogidas en la normativa, en la que se explica que «no estarán sujetos al pago» los visitantes «nacidos o residentes en Sevilla», «los menores hasta 16 años acompañados de una persona mayor de edad, las personas con discapacidad y su acompañante, los desempleados de la provincia de Sevilla debidamente acreditados con la tarjeta de desempleo en vigor», así como los investigadores y científicos.

Es decir, estos colectivos están completamente exentos del abono, pero la normativa tiene un limbo que está permitiendo a la empresa que gestiona la venta por internet cobrar a estas personas los gastos de gestión , lo que hace que la entrada no sea realmente gratuita a pesar de que el Patronato no ingresa nada.

En la ordenanza se incluye una «nota a la tarifa primera» que aclara que «en la venta de entradas que se realice de forma anticipada empleando medios telemáticos , los importes de la tarifa primera se verán incrementados en un euro». Este es el beneficio que obtiene la empresa adjudicataria de este servicio por su trabajo. Pero el conflicto está en que también está aplicando este cobro a las personas que están liberadas del pago , por lo que de facto el acceso al monumento no es gratuito para ellos, ya que no pueden conseguir las entradas en la taquilla y sólo tienen la opción de internet. Desde que este modelo se empezó a aplicar en 2013, han visitado el Alcázar cada año una media de 300.000 personas exentas del pago de la tarifa , por lo que la empresa que explota la venta telemática ha cobrado en torno a 1,5 millones de euros por esta gestión. Los afectados entienden que, con la ordenanza en la mano, este cobro es ilegal, pero la norma no aclara esta situación en ningún punto.

Las quejas han llegado directamente a la Alcaldía porque las asociaciones de discapacitados que las han emitido, que organizan numerosas visitas en grupo al monumento, consideran que esta situación contradice los postulados del gobierno municipal de apoyo a los sectores más desfavorecidos. Pero el contrato vigente con la empresa Stendhal no especifica este detalle, por lo que el Ayuntamiento sólo puede solucionarlo en la licitación de la siguiente convocatoria pública para la gestión telemática de las entradas del Alcázar.

Hasta entonces, los grupos con derecho a acceder gratuitamente al monumento tendrán que seguir abonando los gastos de gestión derivados de la adquisición de entradas, ya que aunque tienen acceso libre, sí están obligados a obtener un tique con antelación para adaptarse al aforo permitido.