El superintendente de la Policía Juan José García, procesado en la causa
El superintendente de la Policía Juan José García, procesado en la causa - Raúl Doblado

El amaño de las oposiciones de la Policía Local sentará en el banquillo a 46 personas

El juez instructor cierra todo el proceso de investigación y envía la causa al juzgado de lo Penal para que se celebre el reparto y se fije fecha

SEVILLAActualizado:

El amaño de las oposiciones de la Policía Local ya sólo está pendiente de la fecha de celebración del juicio y de la elección del juzgado en el que se llevará a cabo. El juez de instrucción número 9, Juan Jesús García, emitió un auto el pasado martes doce de abril en el que dio por acabado su trabajo después de resolver todas las alegaciones de la defensa. La fase de instrucción ya está íntegramente concluida y el magistrado ha remitido «el presente procedimiento al Juzgado de lo Penal y, en su caso, las piezas separadas correspondientes (6 piezas separadas documentales, pieza de medidas cautelares y piezas de responsabilidad civil) para que procedan a su reparto, quedando a disposición del Organo Judicial al que le corresponda el conocimiento de esta causa, si los hubiere, los objetos intervenidos y las cantidades consignadas y/u ocupadas».

Lo más probable es que a finales de este año o principios de 2017 se celebre, por tanto, el juicio, en cuyo banquillo se sentarán 46 personas por la presunta filtración del test de las primeras oposiciones celebras en 2012 y de la plantilla del caso práctica en la segunda convocatoria que se hizo ese mismo año. El juez acusa al superintendente del Cuerpo, Juan José García, de ser el autor de la filtración junto con otros miembros del tribunal, también cargos policiales y funcionarios del Ayuntamiento, con la que supuestamente se favoreció a familiares directos de otros agentes del cuerpo y del sindicato policial, además de un cuñado y un sobrino suyos.

En la causa serán procesados exactamente 35 agentes que el instructor considera que aprobaron aquellas oposiciones gracias al amaño de las mismas, unos hechos de los que asegura que hay bastantes indicios basándose en que, en el examen tipo test, los agraciados acertaron las 80 preguntas controladas por los cargos policiales y fallaron o dejaron sin contestar las 20 que había añadido el mismo día del examen la vocal enviada por la Junta de Andalucía. Igualmente, entiende que las respuestas correctas del caso práctico no aparecían en un sólo manual y casualmente los beneficiados coincidieron en sus contestaciones con el mismo orden que tenía la plantilla de corrección elaborada por el superintendente, al que el juez pide una responsabilidad civil de 258.000 euros.