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El Ayuntamiento de Sevilla prohíbe el acceso de Uber y Cabify al Centro saltándose su propia normativa

La Ordenanza de Circulación vigente permite a todos los vehículos con licencia de transporte público operar en las zonas de acceso restringido

Un usuario de Uber contratando un servicio en la calle Mateos Gago Raúl Doblado

Alberto García Reyes

El dispositivo que ha activado el Ayuntamiento este último fin de semana para controlar el acceso de los VTC —los vehículos de transporte concertado de las empresas Cabify y Uber— a determinados puntos de la ciudad como el casco histórico , la estación de Santa Justa y el aeropuerto contraviene la normativa que la propia administración local tiene en vigor. La Policía Local ha sancionado a 18 vehículos de dichas empresas por circular por estos puntos a pesar de que la Ordenanza de Circulación vigente desde el año 2014 indica en su artículo noveno, dedicado a las «Autorizaciones de acceso a Zonas de Tráfico Restringido», que podrán acceder todos los vehículos «pertenecientes al transporte público de viajeros» . El Ayuntamiento defiende que ha adoptado la medida « para garantizar el cumplimiento de la normativa de transporte y de la normativas de circulación en cuanto a los accesos restringidos para residentes, taxis, Tussam y vehículos de emergencias por determinadas vías», pero obvia que los VTC tienen licencias de transporte público y, por lo tanto, están incluidos en este epígrafe.

La actuación municipal tuvo como resultado seis vehículos VTC denunciados por no respetar la señal vertical que les prohibía la circulación y acceso al lugar en que fueron detectados, concretamente la calle Juan de Mesa , por donde accedían al casco histórico. Además, otros siete VTC fueron multados por circular por la calle Águilas . Es decir, el Ayuntamiento ha dado a estos vehículos tratamiento de privados a pesar de que prestan un servicio para el que la propia administración pública otorga licencia oficial.

La decisión se ha adoptado, además, en unas circunstancias muy concretas, ya que el pasado viernes las asociaciones del taxi de Sevilla habían convocado un paro , que finalmente desconvocaron al conceder «un margen de confianza» al Ayuntamiento respecto a las promesas de éste a sus demandas de que se refuercen los controles a los conductores de VTC. Representantes de la Unión Sevillana del Taxi, Solidaridad Hispalense del Taxi y Élite Taxi Sevilla se reunieron con el delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera , y desconvocaron el paro ante las promesas de éste de reforzar las medidas de control a Cabify y Uber, una medida que Cabrera explicó de la siguiente manera: « La apuesta del Ayuntamiento va a ser un mayor control ante estos incumplimientos de los VTC para impedir que circulen por los carriles reservados a autobuses y taxis o accedan a las áreas declaradas de especial restricción al tráfico, que son aquellas en las que sólo se permite el acceso, circulación o estacionamiento de los vehículos autorizados expresamente por la ordenanza municipal de Circulación».

Para Cabrera, « los VTC son vehículos privados y como tal están sujetos a las mismas limitaciones que el resto de vehículos particulares». Pero las licencias que obtienen las empresas dedicadas a este tipo de transporte las emite la Junta de Andalucía y en ellas se especifica que se trata de un servicio público. Se diferencian del taxi en que un cliente no puede parar un coche de Cabify o Uber mientras está circulando para que lo lleve a cualquier punto, sino que está obligado a concertarlo con anterioridad . En el resto de cuestiones, el funcionamiento es el mismo y, de hecho, estas compañías operan en estas condiciones desde hace años, aunque lo hacían con una flota bastante menor. Su actual expansión es la que ha provocado las tensiones con el sector del taxi , que siente amenazado su régimen de monopolio, ya que las aplicaciones móviles permiten contratar un servicio de VTC con apenas cinco minutos de antelación. Y esto ha desembocado en un conflicto en el que el Ayuntamiento de Sevilla ha hecho numerosas concesiones a los taxistas . La última de ellas se ha producido este fin de semana con los controles de acceso al Centro, una medida polémica que pone en desventaja a los residentes del casco histórico que quieren usar este servicio y no pueden hacerlo porque el Ayuntamiento se lo impide a través de una decisión que no se adapta a su propia ordenanza, mientras que un vecino del extrarradio no se encuentra con ninguna limitación al respecto.

La polémica afecta, por tanto, a muchos usuarios y tiene varias aristas. Por un lado, la Junta de Andalucía otorga las licencias de servicio público a los VTC y la ordenanza vigente en Sevilla permite el acceso al centro a todos los vehículos de «transporte público de viajeros», por lo que el Ayuntamiento no puede excluir a Cabify o Uber . Frente a esto, el gobierno municipal alega que en las placas sólo pone «taxis», lo que impide el paso a los demás, pero las compañías de VTC consideran ilegal esta decisión arbitraria. No obstante, más allá de los intereses de taxistas y vehículos concertados, el problema se traslada también a los consumidores con una pregunta que por ahora nadie resuelve: ¿por qué en unas zonas sí y en otras no?

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