Balance judicial en Sevilla: El año en el que el foco se centró en el caso Marta del Castillo

La familia puso en conocimiento de la Justicia los papeles presuntamente «falsos» que usaron ambos para la concesión de una hipoteca sobre el piso de León XIII , donde ocurrieron los hechos. A su juicio, estos documentos corroboraban la versión de Carcaño de que el 24 de enero de hace ahora casi trece años discutieron por los impagos de dicha hipoteca y Marta se interpuso entre ambos, golpeándola Francisco Javier con la culata de su pistola. El fiscal y el juez no concedieron credibilidad a Carcaño . Aún tiene que pronunciarse la Audiencia sobre este archivo.

En el segundo semestre del año, coincidiendo con el estreno de una docuserie sobre el caso, se conoció que Francisco Javier García, el 'Cuco' , el menor condenado por encubrimiento, y su madre serán juzgado el próximo mes de mayo por un delito de falso testimonio al presuntamente mentir en el juicio en la Audiencia de Sevilla contra Carcaño y el resto de adultos por la muerte de Marta.

Pero además, ha sido en este tiempo cuando se ha sabido que un perito forense informático está analizando los móviles del asesino y los «datos crudos» de los terminales del resto de implicados en este caso, incluido el de la víctima, para intentar conocer los movimientos de todos ellos en las horas claves de la noche del 24 de enero de 2009.

Lo último que ha trascendido en este asunto, según publicó en exclusiva ABC de Sevilla, es que Antonio del Castillo y Eva Casanueva habían comprado el piso de León XIII donde ocurrió el crimen a un fondo inmobiliario y se lo habían ofrecido como donación a Carcaño, a través de una carta, para cuando salga de la cárcel, que en teoría será en 2030. La única condición que le ponían a cambio es que dijera «la verdad» del paradero del cadáver de su hija. No obtuvieron respuesta y la oferta caducó.

El 2021 empezó con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de corregir el polémico fallo de la Audiencia de Sevilla sobre el triple crimen de Dos Hermanas .

El Alto Tribunal andaluz impuso la prisión permanente revisable para dos de los tres acusados para los que las acusaciones particulares y la Fiscalía reclamaban la máxima pena, Ricardo García Hernández, conocido como 'El Pollino', y su padre, Ricardo García Gutiérrez, 'el Cabo'.

Este giro suponía una victoria para las familias de las tres personas asesinadas, aunque suponía un palo pues el TSJA absolvió a la mujer del Pollino, que estaba considerada coautora de los terribles crímenes perpetrados en el interior de una vivienda de la barriada del Cerro Blanco.

Las cuatro secciones penales de la Audiencia de Sevilla tenían señalados para este año que termina más de ochenta juicios por delitos contra la libertad sexual , principalmente agresiones o abusos. Sólo los asuntos de drogas han ocupado más veces las salas de vistas.

Esto junto a otros datos evidencian que esta lacra sigue latente. En 2020, un año marcado por la pandemia, según el Ministerio del Interior , se registraron 31 denuncias por agresiones sexuales en Sevilla, donde hasta en el primer semestre de este 2021 se denunciaron tres casos al mes.

Entre los juicios más mediáticos estuvo el dirigido contra Fernando G.S., quien violó a una joven tras abordarla por detrás en el portal de su piso en Triana y agredirla sexualmente en su propio piso. Allí la dejó encerrada. Este violador reincidente, viajó desde Jaén a Sevilla para escoger a su víctima. Fue condenado a 14 años y diez meses.

El crimen de Cayetano Romero en Dos Hermanas y la paliza a un joven en una discoteca de la capital al que dejaron en silla de ruedas. El primero acabó con siete condenados y más de doce años de cárcel para los dos principales acusados, dos hermanos vecinos de las Tres Mil Viviendas. Secuestraron, maniataron y golpearon a la víctima por una operación de venta de drogas fallida .

El segundo caso también acabó en condena, en este caso a Iván H.P., conocido en el mundo de la delincuencia como 'Ivi', el líder de una banda de aluniceros . Junto a su tío y otro joven le pegaron una paliza a un chaval en una discoteca en la capital, lo dejaron en silla de ruedas. Los gritos de los testigos evitaron que lo metieran en el maletero de un coche para tirarlo al río Guadalquivir.

Entre los juicios con jurados, dos resaltan por encima del resto . El crimen machista de Loli Ortiz en San Juan de Aznalfarache , en el que 'el Moco' fue condenado a más de 21 años por maltratar y asesinar a quien había sido su pareja, en la madrugada del 1 de febrero de 2020.

Dieciocho años fue la pena impuesta a Alfonso G.R., conocido en Carmona como Gonso, por robar y asesinar el 19 de mayo de 2018 al dueño, de nacionalidad china, de una tienda del pueblo. Y todo por recriminarle que se llevase una litrona y una botella de anís sin pagar.

Los juzgados de Sevilla volvieron a acoger este año asuntos derivados de la gestión de PSOE e IU en el Ayuntamiento de Sevilla . En abril se conoció la sentencia sobre el fraude en las subvenciones otorgadas por la Fundación DeSevilla entre los años 2007 y 2011, durante el mandado del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín y el comunista Antonio Rodrigo Torrijos en el Consistorio de la capital. Un año de cárcel y a una multa de 742.500 euros fue la pena impuesta a Miguel López Adán, exdirigente de Izquierda Unida y exgerente de la citada fundación.

El pasado mes de noviembre la Audiencia volvía a sentar en el banquillo a Fernando Mellet , director gerente de Mercasevilla desde 2002 hasta 2009. En esta ocasión por su gestión del contrato de adjudicación de la guardería de la lonja. Un acuerdo entre su abogado, Mercasevilla y la Fiscalía le llevó a aceptar una pena de dos años de prisión. Era la segunda condena para Mellet, que tiene pendiente el caso del ERE de Mercasevilla.

Otro de los asuntos que ha vertebrado el año en Sevilla es la desbandada de magistrados de la Audiencia de Sevilla saturados por la sobrecarga de trabajo. Algo inusual. Un juez haciendo el camino a la inversa del habitual.

Francisco Gutiérrez, Inmaculada Jurado o María Dolores Sánchez han abandonado su plaza en las secciones penales o están a punto de hacerlo. Además, Juan Antonio Calle, el magistrado que juzgó el caso de los ERE , pidió su jubilación.

A esta situación novedosa hay que añadir que el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial ha dejado a la Audiencia con un presidente provisional , Juan Márquez, tras la salida de Damián Álvarez.