La exconsejera de Economía, Magdalena Álvarez durante su declaración
La exconsejera de Economía, Magdalena Álvarez durante su declaración - EFE

CASO ERE ANDALUCIAMagdalena Álvarez: «En diez años como consejera no me llegó ningún reparo de la Intervención»

La exconsejera de Economia admite en el juicio de los ERE que en 2004 hubo 70 transferencias de financiación

SEVILLAActualizado:

La que fuera consejera de Economía entre los años 1994 y 2004 ha dicho en la mañana de este lunes que en los diez años que estuvo al frente de ese departamento no tuvo conocimiento de ninguna irregularidad ni de ningún reparo de la intervención sobre las transferencias de financiación. Magdalena Álvarez ha comenzado a declarar en el juicio del Caso ERE, imputada de un delito de prevaricación, por el que la Fiscalía le pide una pena de diez años de inhabilitación. Su táctica ha sido en todo momento la misma: negar la mayor de las graves acusaciones por las que está siendo juzgada.

De hecho, al inicio de su comparecencia, Álvarez, que solo está contestando al fiscal, su abogado y al juez, ni siquiera ha ratificado la declaración que hizo ante la juez instructora, Mercedes Alaya. «No me ratifico porque no se recogieron con fidelidad mis manifestaciones de aquel momento», ha anunciado al comienzo de su comparecencia.

Álvarez, que tras cesar como consejera de Economía fue designada ministra de Fomento y posteriormente vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, ha recalcado que en diez años nunca le ha llegado «ninguna información ni ningún reparo de la Intervención». En este sentido ha explicado que ella «nunca llegó a despachar con la Intervención».

Durante toda su declaración la exconsejera ha empleado la misma actitud: negar que tuviera conocimiento de alguna de las irregularidades que se le imputan. Según ha dicho, no tenía conocimiento, ni antes ni después, del sistema o de la normativa que empleaba la Junta de Andalucía para conceder las ayudas previas a la jubilación. Y tampoco de que existiera un reparo de la Intervención ya que, según ha recalcado, las transferencias de financiación tenían su propio expediente de fiscalización y no recuerda ningún reparo hacia ellas.

En ese sentido, Álvarez ha explicado que no habló con los consejeros de ningún programa concreto y que «nunca se llegaba a ese nivel de detalle». Y que era muy frecuente que se produjeran modificaciones presupuestarias en las consejerías para que los entes públicos hicieran la dotación de recursos para que los entes públicos lleven a cabo su financiación.

«Es muy frecuente; creo que en 2004 hubo 70 transferencias de financiación», ha explicado la procesada que también ha dicho que era normal que los consejeros necesitaran mas recursos. «Eso me lo decían todos los días», ha manifestado.

La exconsejera ha demostrado una gran soltura ante el tribunal adelantándose en algunas ocasiones a las preguntas del fiscal. «Si lo que me pregunta es que....» le ha dicho varias veces al representante del Ministerio Publico al que luego le ha tenido que añadir... «Si es que va a preguntarme eso».

Magdalena Álvarez ha insistido en que no tuvo contacto con los ERE aunque sabía que, durante los años que estuvo en el Gobierno andaluz, era «una época de recesión» y sabia que había «problemas» en algunas empresas andaluzas como la de Hijos de Andrés Molina pero sin llegar al detalle porque no era competencia de su consejería, sino de la de Empleo.

En este sentido Álvarez también ha negado que el consejero de Empleo le pidiera la elaboración de una normativa especifica para regular las subvenciones. O incluso que conociera el funcionamiento de la partida 31-L, que era competencia exclusiva de la «consejería gestora», como ha denominado al departamento de Empleo.

«¿Podía existir disposición de fondos públicos que no fueran conocidos por la Consejería?», le ha preguntado el fiscal Juan Enrique Egocheaga. A esa cuestión la exconsejera de Economía ha mantenido la misma respuesta: «Si pagan los entes instrumentales no lo conoce la consejería».

La declaración, que está siendo muy técnica con términos como el «procedimiento especifico» o los números de las partidas presupuestarias. Por ejemplo, la procesada ha explicado que la partida presupuestaria que se llamaba 22-E pasó luego a denominarse 31-L. Una partida que, según ha recalcado, era de «relaciones laborales» aunque ella ha dicho desconocer su contenido al detalle. «Yo no tenía nada que ver con la ejecución de la 31-L; era de la consejería gestora», ha recalcado desviando la responsabilidad a la Consejería de Empleo y recordando también que los presupuestos de la Junta pasaban por el Parlamento andaluz.

«Yo no soy la interventora»

«Yo no sé si se respetaba el procedimiento y además no tengo porque saberlo», ha recalcado rechazando cualquier responsablidad. Hasta el punto de que, en un momento de su declaración, ha llegado a exclamar: «Yo no soy la interventora». Tampoco, según ha dicho, «sabia nada de ayudas o de subvenciones», ni tuvo conocimiento de que existiera un déficit en la agencia IDEA.

Según el auto de procesamiento Magdalena Álvarez participó en la instauración del procedimiento para la distribución de ayudas y «conociendo tanto los mecanismos destinados a ello, transferencias de financiación y modificaciones presupuestarias, como la falta de un procedimiento de mínimas y elementales garantías para el reparto de ayudas y subvenciones».

Tras el interrogatorio del fiscal, que se ha prolongado por espacio de dos horas, Magdalena Álvarez, ha contestado a unas pocas preguntas de su abogado, Rafael Alcácer, en las que ha mantenido la misma línea de negar el conocimiento de cualquier irregularidad.

En este sentido, la exconsejera ha explicado que el control de la legalidad «lo tenía siempre la Intervención» y ha reiterado que no conoció ningún informe de éste órgano.

Además Álvarez ha explicado que el Parlamento tiene conocimiento «casi al mismo tiempo que los demás de las modificaciones presupuestarias» al mes de aprobarse porque la ley lo establece así que además tiene una oficina de control presupuestario. Y también que la cámara autonómica «conocía perfectamente» la partida 31-L porque los parlamentarios de todos los grupos políticos la enmendaban. Tras la declaración de Magdalena Álvarez continúan la del resto de procesados.