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El CGPJ reconoce la sobrecarga de trabajo denunciada por los jueces de la Audiencia Provincial de Sevilla

La Comisión de Seguridad y Salud Laboral constata que los magistrados sufren «estrés laboral» y propone refuerzos

Expedientes archivados en cajas en la Audiencia de Sevilla Raúl Doblado

ABC

La Comisión de Seguridad y Salud Laboral del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) ha elaborado un informe , tras la denuncia presentada por los jueces de las cuatro Secciones Penales de la Audiencia de Sevilla por su sobrecarga de trabajo, en el que constata que sufren «estrés laboral» y propone medidas de refuerzo.

El informe es el resultado de las inspecciones realizadas por esta comisión sobre la carga de trabajo de 20 de los 21 magistrados de estas cuatro secciones encargadas de enjuiciar al menos 32 macrocausas complejas la primera de las cuales, la pieza política del caso ERE , se juzga en la Sección Primera desde diciembre.

Los magistrados elevaron una denuncia el pasado 6 de febrero ante la Comisión de Seguridad y Salud Laboral del Consejo General de Poder Judicial en la que pedían un informe sobre «la situación de riesgo» para su «salud física y psicosocial» ante la sobrecarga de trabajo que padecen y tras reiteradas peticiones al TSJA de refuerzos sin éxito, una denuncia en la que reclamaban que desde el CGPJ «se impulsen las medidas necesarias», que para los denunciantes pasaban por al menos ocho magistrados más de refuerzo.

Ante esta denuncia, el CGPJ activó por primera vez en un órgano colegiado el «sistema de alertas establecido» para detectar «factores de riesgo psicosocial» y proponer medidas , que incluía realizar inspecciones para conocer las causas que lleva cada sección y juez y la complejidad de las mismas.

Mientras, los jueces se plantaron y acordaron no asumir más de los 316 casos anuales que fija el módulo del CGPJ para estas secciones.

El informe de Prevención de Riesgos Laborales constata que la carga de trabajo de estos magistrados ha ido «en ascenso desde el 2015, situándose por encima de la media nacional y autonómica» por lo que pese a que todos ellos resuelven también por encima de la media, la tasa de pendencia que acumula cada órgano sigue superando la media nacional cada año.

Destaca que las causas de especial complejidad que están empezando a abordar, y que los magistrados denunciaron que seguirán llegando más en los próximos años, «implican un importante nivel de exigencia para los magistrados, tanto por el elevado número de sesiones de juicio que se precisa dedicar en las causas como por el tiempo extraordinario y especial dedicación empleado en su resolución».

Una situación ante la que ven un riesgo psicosocial de «estrés laboral moderado por el elevado ritmo de trabajo y el nivel de atención requerido».

Actualmente, existen dos jueces de refuerzo en la Sección Primera de Audiencia , que enjuicia la primera pieza del caso ERE , permitiendo liberar a los tres magistrados que componen el tribunal de este caso y contando con una «sección bis» para afrontar el resto de asuntos que llegan a esta sección.

Al igual que piden piden los magistrados, el informe recomienda «estudiar medidas semejantes para el resto de las Secciones , durante el tiempo que transcurra el enjuiciamiento de las causas de especial complejidad».

También hay un juez de refuerzo en la Sección Tercera para cubrir la reducción de jornada de uno de sus magistrados por adaptación de su puesto de trabajo, medida que el informe defiende que se mantenga así como cubrir las eventuales bajas temporales que se produzcan con rapidez para no sobrecargar al resto.

El informe también reseña «riesgos de fatiga física, visual y mental por la falta de los equipos adecuados -como sillas regulables, reposapiés o suficiente espacio en los despachos compartidos-», así como «riesgo de disconfort ambiental» por problemas de iluminación en la sede de la Audiencia , en ambos casos igualmente «moderados».

La propuesta para éstos es reiterar a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía la exigencia de dotarles de todo ello ya que las infraestructuras judiciales y los recursos materiales son competencia del Gobierno andaluz , no así las plazas de jueces.

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