El presidente del TSJA, Lorenzo del Río
El presidente del TSJA, Lorenzo del Río - Raúl Doblado
Justicia

Los problemas de acceso condicionan el traslado de la Ciudad de la Justicia a Palmas Altas

Otro de los requisitos será evitar la dispersión de órganos judiciales, incluyendo la reubicación de la Audiencia y la Fiscalía

Junta, Ayuntamiento y TSJA crean un grupo de trabajo y hablan de cuatro años para el traslado

SevillaActualizado:

La adaptación de Palmas Altas para acoger la Ciudad de la Justicia de Sevilla está condicionada a dos cuestiones: un plan de movilidad para garantizar el acceso a la zona y garantías de que no se produzca la dispersión de órganos prevista inicialmente que consistía en trasladar solo los órganos unipersonales y dejar la Audiencia Provincial en el Prado de San Sebastián.

Esas son las conclusiones tras la primera reunión que el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, el alcalde de la ciudad, Juan Espadas, y él presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo Del Río, han mantenido hoy en los tribunales sevillanos con jueces, fiscales, secretarios, abogados, procuradores y graduados sociales para presentarles el proyecto.

Tras el encuentro, el regidor sevillano ha considerado que ha sido una reunión positiva y que se ha dado «un paso de gigante» para la solución de la ubicación. «No recuerdo una reunión con tantos actores y actuaciones», ha dicho. De hecho, en esa reunión han participado además el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, el decano de los jueces, Francisco Guerrero, la secretaría coordinadora, Felisa Panadero, el vice decano de los abogados, Adolfo Cuéllar, y la decana de los procuradores, Isabel Escartín, entre otros.

Sin embargo, pese a que el alcalde ha dicho estar muy satisfecho, ha reconocido que «la decisión no está tomada» y que lo que se ha hecho hoy es identificar las posibilidades y los problemas que plantea trasladar los órganos judiciales a Palmas Altas, sobre todo la cuestión de la movilidad. En esa línea se ha manifestado el consejero Juan Marín, quien ha explicado que a partir de ahora se creará un grupo de trabajo en el que estarán presentes además de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, el TSJA. Ese grupo hará un diseño de un plan de movilidad ya que la los accesos a Palmas Altas es la principal preocupación del sector. Se estudiará incremento de líneas de autobuses, Cercanías e incluso la posibilidad de que el metro llegue hasta allí, algo que está condicionado a un acuerdo entre administraciones.

En cuanto a los plazos, Marín ha admitido que la Ciudad de la Justicia podría tardar aún tres o cuatro años. Sobre el coste, ha cifrado en 33 o 34 millones de euros la adaptación de los edificios a lo que habrá que sumar una inversión en torno a 60 millones por la adquisición de las torres, ahora en manos de Abengoa y la Universidad Loyola Andalucía.

Por su parte, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha abundado en las mismas tesis que hay que solucionar los problemas de movilidad e igualmente evitar la disgregación de órganos. Pese a que la idea inicial era dejar la Audiencia de Sevilla y la Fiscalía en el Prado de San Sebastián y que el resto de órganos se trasladasen a las siete torres de Palmas Altas, Del Río ha reconocido que ahora mismo «todo está abierto». Es decir, que se está estudiando también el traslado de la Audiencia.

Los procuradores

De momento, lo que salido de esta reunión es la creación de un grupo de trabajo inmediato en el que participará la Junta de Andalucía el Ayuntamiento de Sevilla y el TSJA, los tres que defienden el proyecto frente al escepticismo de otros sectores judiciales. Y tras la reunión, Damián Álvarez, presidente de la Audiencia de Sevilla, ha dejado claro que la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas está condicionada a dos cuestiones: la resolución de los problemas de movilidad y la no dispersión de órganos.

Desde la Fiscalía de Sevilla, el fiscal coordinador de Delitos Económicos, Arcadio Martínez, que ha acudido a la reunión en nombre del fiscal jefe, hoy en Madrid, ha admitido la necesidad que tiene Sevilla de una Ciudad de la Justicia. Sin embargo, al igual que la mayoría de sus compañeros considera que el traslado a Palmas Altas está condicionado a que haya un plan de accesos y ha recordado que si hay que trasladarse, «lo ideal es que nos fuéramos todos» en referencia a que se evite la disgregación de órganos judiciales.

La decana de los procuradores, Isabel Escartín, ha insistido en que la apuesta de colectivo que representa sigue siendo aprovechar el entorno del Prado de San Sebastián buscando mejoras y espacios y aprovechando «las magníficas redes de comunicación ya existentes». En cualquier caso, Escartín admite que, si no es así y hay que buscar un traslado serían necesarios dos requisitos previos: una red de comunicación cómoda, accesible y económica y que no hubiera disgregación de órganos.

En esa línea, la decana de los procuradores ha hecho hincapié en la dificultad que conllevaría mantener una disgregación de órganos tan significativa y con la lejanía entre ambos núcleos judiciales. Por ello ha insistido en la relevancia «de mantener concentrados los órganos judiciales y los servicios centrales dado que una disgregación tal y como está prevista ante la falta de espacio en Palmas Altas no es admisible ni viable».