Carmen Hermosín y Monteseirín firmaron, en 2003, el protocolo para promover el proyecto de la Ciudad de la Justicia
Carmen Hermosín y Monteseirín firmaron, en 2003, el protocolo para promover el proyecto de la Ciudad de la Justicia - Rocío Ruz

Ciudad de la Justicia de Sevilla: vuelta al punto de partida 20 años después

La Junta de Andalucía asegura ahora que está a punto de reunirse con el Estado para avanzar en el proyecto judicial en Los Gordales, con el que se negocia desde 1998

SevillaActualizado:

La consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, respondía este jueves en el Parlamento a una pregunta del PP sobre el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla aludiendo su equipo está ultimando los detalles para «una reunión inmediata» con el Ministerio de Hacienda para hablar de los terrenos de los Gordales -de titularidad estatal- y que existe «plena disposición» por ambas partes para avanzar.

Porque, según dijo, existe un «compromiso firme» de la Administración andaluza con esta infraestructura tan necesaria y demandada por el sector en la capital autonómica. Las palabras de Aguilar, responsable de esta cartera desde el pasado junio, sonaban, con todo, a huecas a consecuencia de lo mucho que todos sus antecesores han repetido ese argumento sin que, por el contrario, se produjera paso adelante alguno en el proyecto, que lleva prácticamente veinte años dando vueltas entre las tres administraciones implicadas sin que se logre algo más que una mera declaración de intenciones, como acaba de ocurrir. De hecho, ese escenario de ronda de contactos con el ministerio de Cristóbal Montoro no hace sino colocar el asunto de nuevo en la casilla de salida pese al paso de los años. Y han pasado prácticamente veinte.

Siendo consejera de Justicia Carmen Hermosín, ya se hicieron las fotos de rigor ella y el entonces alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, en los terrenos frente al parque de los Príncipes que finalmente se señalaron como parcela idónea, la del Cordel de Los Gordales, que venía a poner fin a una ya por entonces larga polémica en torno a la ubicación después de barajarse Villanueva del Pítamo y el Higuerón.

Al poco de los pomposos anuncios, sólo un par de años después, la propia Hermosín empezaba a recular y matizaba que los suelos y el PGOU en general estaban «en constante revisión» y que no había que precipitarse, exponiendo que la Ciudad de la Justicia se haría pero «a largo plazo, ya que es una inversión importantísima, de muchos miles de millones, y no se trata de algo para hoy ni para mañana». Y tanto. Visionaria fue.

El cambio de María José López

Pese a los apoyos que parecía concitar la ubicación junto al campo de la Feria, un recurso del Gobierno central, propietario del terreno en un 79%, hizo a la siguiente consejera, María José López, diera un extraño golpe de timón y se llevara el proyecto a terrenos del puerto a pesar de la cercanía de depósitos de carburante y de la falta de conexiones. Hasta el entonces presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, anunció un ramal del metro para unir esa zona con la ciudad. La nueva ubicación desencadenó una gran hilera de protestas, puso en un brete el PGOU y hasta hizo temblar el pacto de gobierno PSOE-IU. Al final, la Junta dio marcha atrás y devolvió la Ciudad de la Justicia a Los Gordales.

Ese lugar es, de hecho, el que se había señalado en el primero documento, a modo de protocolo, firmado al respecto de esta iniciativa por Monteseirín en 2003. En el mismo se aludía claramente a la parcela de 40.000 metros cuadrados en Los Gordales. Pero no fue hasta seis años después, en 2009, cuando la siguiente consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, presentó ya los datos concretos de la parcela para levantar el complejo. La misma superficie y el mismo lugar, pero seis años después. En medio había quedado como anecdótico capítulo aquella opción en terrenos portuarios.

Con Naranjo al frente se anunció que el concurso público para la redacción del proyecto de ordenación y proyecto ejecutivo básico de la Ciudad de la Justicia se adjudicaría en septiembre de 2009 y se dio un plazo de 22 meses para la redacción y entrega del proyecto definitivo.

Pero esas promesas quedaron en papel mojado y cuando entró en la Consejería Begoña Álvarez tuvo que poner en marcha el «edificio puente» en la Buhaira, una sede que debe ser provisional, ante la saturación de los juzgados del Prado. Entonces estalló la crisis económica y todo lo que hizo a partir de ese momento el Ejecutivo andaluz fue marear la perdiz aludiendo a reuniones y discrepancias con el Ayuntamiento y el Estado y consignando cantidades ridículas para el proyecto en sus presupuestos de cada año.

Ni para empezar. Ni Álvarez ni luego Francisco Menacho dieron respaldo alguno a la Ciudad de la Justicia, el segundo de ellos escudándose en la llegada de un nuevo alcalde, el popular Juan Ignacio Zoido, con un planteamiento distinto. Lo cual era cierto, ya que el actual ministro del Interior propuso que, ante la falta de fondos para el proyecto en Los Gordales, se apostara a corto plazo por remodelar los actuales juzgados hasta convertirlos en la Ciudad de la Justicia que reclamaban los profesionales del sector.

La posición municipal sirvió a Menacho y luego a Emilio de Llera para aparcar el plan de Los Gordales -sin dotarlo de fondos- alegando que el Ayuntamiento estaba en contra del mismo. Este último, De Llera, sí fue, al menos, el único consejero que pareció verdaderamente sincero con respecto al proyecto y nada más llegar al cargo deslizó unas declaraciones en las que tildó a la Ciudad de la Justicia hispalense como «ciencia ficción». No le faltaba razón. Su sucesora vuelve a sacarlo ahora del cajón.