Las claves del juicio por el supuesto amaño en las oposiciones de la Policía Local de Sevilla

Tras sortear un largo proceso judicial , uno de los juicios más esperados de los últimos años en Sevilla arrancará este martes en los juzgados del edificio Noga. En el banquillo, 45 acusados por participar en el supuesto amaño de las oposiciones de la Policía Local convocadas en 2012 . Desde los miembros de los dos tribunales hasta los opositores, hoy agentes en ejercicio, se enfrentan a penas de inhabilitación, a la pérdida de la plaza para aquellos que hicieron trampas en el examen, el pago de multas y el veto al acceso de nuevos procesos selectivos durante un tiempo. Estas son las claves para seguir una vista oral que se prolongará hasta el mes de diciembre.

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¿Quienes son los acusados?

De los 45 acusados, 37 son agentes de la Policía Local y la mayoría, más de una treintena, opositores que obtuvieron una plaza, según la Fiscalía, con ayuda de varios miembros del tribunal a los que estaban unidos por lazos de amistad o de tipo familiar. Otros tenían vínculos con el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en Sevilla ( Sppm e ), mayoritario en la jefatura. A día de hoy, cinco de los encausados están admitidos para ascender a oficial. El principal acusado, por pena solicitada y rango en el cuerpo, es el superintendente Juan José García, que en varias etapas ha ejercido de facto como jefe de la Policía. Era presidente del tribunal en las oposiciones bajo sospecha.

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¿Qué penas se solicitan?

La Fiscalía solicita 13 años de i nhabilitación para el superintendente Juan José García por los delitos de descubrimiento y revelación de secreto y un segundo de prevaricación. La misma calificación la reserva el fiscal para el resto de integrantes del tribunal. Para los opositores, el Ministerio Público reclama cuatro años de inhabilitación, una multa de 100.000 euros y la pérdida de la plaza porque se anularían las oposiciones. En el banquillo también se sienta un funcionario, que ejerció de vocal en el tribunal, quien presuntamente aceptó un soborno (un viaje a Madrid) de un empresario para que enchufara a su hijo. En caso de aceptarse los argumentos del fiscal, el Ayuntamiento sería condenado como responsable civil subsidiario.

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¿Cómo se filtró el examen?

En 2012 se convocaron dos oposiciones para cubrir 47 y 56 vacantes en cada proceso. Según la Fiscalía, en la primera convocatoria se llegó a filtrar el caso práctico a 19 aspirantes. La norma establece que la redacción de dicho caso y la plantilla de corrección se elaboran el mismo día del examen para evitar filtraciones. Sin embargo, en esta ocasión, señala el Ministerio Público, se hizo días antes. En cuanto a la segunda convocatoria, a 16 opositores les facilitaron las respuestas de 80 preguntas del cuestionario tipo test.

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¿Cuáles son los vínculos entre acusados?

A pesar de los lazos que unían a varios miembros del tribunal con determinados opositores, que les habría obligado a abstenerse, los acusados presuntamente usaron su posición como jurado de la oposición para favorecer a los suyos. El fiscal cita los casos del cuñado y el sobrino del superintendente Juan José García, que obtuvieron plaza; el hijo del presidente del sindicato Sppme o el hijo del responsable de ventas de la empresa que le suministra ropa a la Policía Local.

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¿Cuáles son las pruebas?

Además de los vínculos familiares y sindicales que habría obligado a abstenerse a miembros del tribunal, la Fiscalía esgrime los exámenes que presentaron los beneficiarios. El desarrollo de sus casos prácticos era calcado e incluía erratas que venían en el ejercicio que les habían filtrado previamente y que se habían subsanado en una ampliación posterior. Si no hubieran tenido acceso a esa plantilla, no habrían cometido esos errores.

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La duración del juicio

El juicio arranca este martes con las cuestiones previas que plantearán las defensas. Hasta el próximo 2 de octubre no comenzarán las declaraciones de los acusados. El primero en hacerlo será el superintendente Juan José García. Los primeros testigos están citados para el 23 de octubre. La última sesión está prevista para el 21 de diciembre.

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¿Por qué ha tardado tanto en juzgarse?

La denuncia de un grupo de opositores dio origen a este caso. La Fiscalía inició una investigación en 2012, en la que se ayudó del desaparecido grupo de asuntos internos de la Policía Local (Gepol), creado en la etapa del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín y que ha disuelto Juan Espadas. La instrucción concluyó en 2016 pero el asunto no se va a juzgar hasta dos años después. En 2017 se suspendió la vista oral por un problema técnico con un disco duro que forma parte del material probatorio. Después las acusaciones recurrieron que el caso sea materia de un juzgado de lo Penal y no de la Audiencia. Una cuestión que retrasó la fecha definitiva del juicio. Es muy probable que las defensas aprovechen este cúmulo de incidencias para pedir la aplicación de una atenuante por dilaciones indebidas que conlleve una rebaja de pena.