El banquillo de los acusados lo ocupan más de una treintena de agentes de la Policía en servicio
El banquillo de los acusados lo ocupan más de una treintena de agentes de la Policía en servicio - Raúl Doblado
Tribunales

Un complot sindical y una venganza para negar el amaño de las oposiciones de la Policía de Sevilla

El juicio que sienta en el banquillo a 37 agentes por obtener una plaza por la puerta de atrás, arranca con tono grave y las críticas de la fiscal a la acusación por vincularla con uno de los funcionarios policiales que investigó el caso

SevillaActualizado:

La sala más amplia de los juzgados del edificio Noga alberga desde este martes las sesiones de uno de los juicios más esperados de los últimos años en Sevilla. No es habitual ver en el banquillo de los acusados a 37 agentes de la Policía Local, acusados de haber participado en el amaño de las oposiciones para entrar en el cuerpo en el año 2012.

La mayoría son antiguos opositores, hoy agentes en servicio y cinco de ellos al borde del ascenso a oficial, que según la Fiscalía consiguieron plaza por ser amigo o familia de miembros del tribunal o de responsables del sindicato mayoritario en la jefatura hispalense, el Sppme. En total, la acusación se dirige contra 45 personas, entre las que se encuentra el superintendente Juan José García, que ha ejercido de jefe de la Policía y que presidió el tribunal de unas oposiciones en las que participaron su sobrino y su cuñado.

«Con salpicaduras de fango», así ha definido la fiscal el arranque del juicio que ha dejado pequeña la sala entre acusados, abogados, prensa y público. Mucha expectación a pesar de que las primeras jornadas se han reservado para que las defensas planteen las cuestiones previas y no será hasta el próximo 2 de octubre cuando comiencen a declarar los acusados.

Lo que parecía que iba a ser una sesión de carácter muy técnico, ha ganado en interés mediático desde el minuto uno con la primera intervención de la fiscal, quien ha criticado que la defensa del superintendente haya presentado «en el último momento» un escrito en el que cuestiona su imparcialidad.

El organigrama: «Una trama corrupta»

La representante del Ministerio Público ha hecho referencia a un organigrama, titulado «una trama corrupta», en el que se la vincula a ella y a su anterior superiora, hoy fiscal general del Estado, María José Segarra, con un agente del grupo de Asuntos Internos (Gepol), desmantelado por el Gobierno de Espadas, a quien la Fiscalía le encomendó la investigación del caso. «Por mucho que busquen no van a encontrar nada y si encuentran algo sospechoso, tendrán que demostrarlo».

En dicho documento, que los periodistas han podido consultar al término de la sesión, aparece una fotografía de la fiscal robada de su página de facebook. Algo que ha censurado en sala, advirtiendo que denunciará cualquier intromisión ilegítima en su honor o ataque a su intimidad.

Dado el tono grave de la intervención de la fiscal, el abogado del superintendente, que había presentado el escrito, matizó que ese documento no había sido elaborado por su despacho sino que formaba parte del expediente aportado por uno de los funcionarios del Gepol que denunció acoso en su puesto de trabajo por algunos de los acusados.

La fiscal ha censurado «el uso torticero» de una fotografía «robada» de su página de facebook y en la que aparece sola para señalarla como amiga íntima de uno de los policías que investigó el supuesto fraude

Las defensas han anunciado que presentarán 16 cuestiones previas, argumentos que a su juicio servirían para anular el juicio. La vista oral tiene establecido un calendario de sensiones que se prolongará hasta el 21 de diciembre y la primera sesión se ha dedicado a cuatro de dichas cuestiones.

Los letrados han vuelto a insistir en que el juzgado no es competente para juzgar el caso por el tipo de penas que hay en juego y que debería ser materia de la Audiencia; algo que ya provocó una primera suspensión y que se resolvió judicialmente. Pero las defensas siguen explotando esa vía en el ánimo de obtener una nueva paralización del proceso.

Centenares de recursos para frenar el proceso

También han solicitado la recusación de los agentes del Gepol que llevaron a cabo la investigación y a los que acusan de tener un interés particular, derivado de unas supuestas luchas sindicales internas.

Por último, también se ha cuestionado el testimonio de una vocal del tribunal de las oposiciones, que comparecerá como testigo. En 2016 aportó al procedimiento unos documentos «que acreditaría que los miembros del jurado elaboraron las preguntas del examen varios días antes de celebrarse», señala la fiscal, y no el día de la convocatoria lo que hubiera impedido la filtración.

A esa primera batería de argumentos, la representante del Ministerio Público ha respondido lamentando que la estrategia de la defensa sea dilatar aún más un proceso que ya ha cumplido seis años desde que un grupo de opositores denunciara el enchufe masivo de aspirantes. En estos años, el juez ha tenido que resolver centenares de recursos planteados por los acusados, que han ralentizado el avance de las diligencias. El juicio se retomará el próximo jueves.