Antonio Manuel Paz, en su despacho con la prolija documentación de su caso
Antonio Manuel Paz, en su despacho con la prolija documentación de su caso - ABC

Diez años como «maltratador» aunque la condenada es ella

Antonio Paz denuncia que su exmujer le ha «destrozado la vida» gracias a «un documento falso de mujer maltratada»

SevillaActualizado:

El año pasado fueron asesinadas en España 49 mujeres por sus parejas o exparejas y se interpusieron más de 150.000 denuncias por violencia de género. Aunque el número de víctimas mortales ha bajado desde 2015 y las denuncias y controles han aumentado, el fenómeno sigue presentando cifras escandalosas. Pero el fulgor de esta lacra impide a veces detenerse en casos en los que el supuesto maltratador no lo es pero debe arrastrar durante años dicha condición.

El sistema está dispuesto y cada vez más reforzado para proteger a quien asiste de buena fe y con un problema real, pero carece de mecanismo para repeler al que lo usa de mala fe, sin base real o para perjudicar, vengarse o lucrarse a costa de su pareja. En este caso, cuando se produce una denuncia falsa, la normativa y el aparato administrativo-judicial siguen sin tener suficientes opciones para detener la marcha de las ruedas del molino y que éstas no aplasten a quien sufrió una acusación sin motivos ciertos. En este grupo hay que incluir a hombres como Antonio Manuel Paz, un sevillano de Carmona que, tras resultar insostenible su matrimonio y ser agredido en tres ocasiones, decidió separarse en 2001, sufriendo un verdadero calvario hasta hoy.

Antonio denuncia ser «víctima de un sistema contaminado» en el que «una mujer puede destrozar la vida a su exmarido sin que nadie se detenga a analizar si está mintiendo o salga a defender al hombre señalado, acabando con el principio de presunción de inocencia y, de paso, con la vida entera de una persona y de toda su familia, ya que los hijos tienen una sola versión sin que nadie se detenga a comprobar las mentiras y falsas acusaciones». Su «situación límite» le ha llevado a escribir en más de diez ocasiones al Consejo General del Poder Judicial y también, hace varios meses, a la Fiscalía General del Estado solicitando «protección» y una «resolución urgente» a su proceso de separación, dilatado desde hace 17 años de «manera imprudente, maliciosa e irreparable a nivel psicofísico y económico».

Este funcionario asegura que existe una «trama irregular utilizando un documento de contenido falso de mujer maltratada y una prueba pericial de contenido falso a una falsa maltratada que ha favorecido y favorece a la mujer con la que estuvo casado, I.A.H., a pesar de que ella ha sido la agresora condenada por violencia doméstica con sentencia firme»; Antonio fue agredido por ella cuando fue a buscarlo a su puesto de trabajo como sanitario en el año 2008. Precisamente a raíz de esa discusión por la que ella fue condenada, esta mujer, según narra Paz, se marchó a ponerle una denuncia de violencia de género en el cuartelillo, mientras él tuvo que curarse las lesiones y después irse al juzgado. Al pasar a comunicarlo luego a los agentes de la Benemérita, este hombre fue detenido ipso facto, sin que se le tomara declaración, llevándolo al calabozo durante 24 horas y soportando medidas de alejamiento hasta que se celebró el juicio. Sin poder ni opinar.

El juicio se celebró con la absolución de Antonio y, para la que fue su esposa, una condena y medidas de alejamiento que ella quebrantó en tres ocasiones. Asesorada por su abogada, la exmujer se trasladó entonces con una comisión de servicio a Burgos concedida por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), ya que era trabajadora del hospital Virgen Macarena, lograda con el «beneficio de que se le consideraba mujer maltratada. Hoy todavía nadie del SAS ha explicado los motivos de esa concesión, cuando sabían que no se trataba de una mujer maltratada sino condenada por maltrato y revelación de secreto», ya que extrajo el historial clínico de su exmarido del mencionado hospital para usarlo en un procedimiento hasta que terminó marchándose a Burgos. Por ello fue condenada a dos años y seis meses de cárcel.

Pidió al Gobierno dos indultos que le fueron denegados. «Viendo que tenía que ingresar en prisión, solicitó un suplicatorio y mientras tanto, ingresó en Madrid en el centro penitenciario Victoria Kent, para pasar al poco tiempo a formar parte de las mujeres maltratadas del llamado Centro de Atención, Recuperación y Reinserción, que consideró que era maltratada simplemente porque en la entrevista ella lo decía». Con ello, «se ha aprovechado de vivir cuatro años en Madrid sin pagar alquiler, presentando dicho documento en procedimientos judiciales y, lo que es más grave, portando desde 2008 un dispositivo de seguridad que es necesario para las víctimas verdaderamente maltratadas que no lo tienen».