Hazte premium Hazte premium

Consorcio de Medio Ambiente

Los directivos de la «falsa» planta de reciclaje se auto adjudicaron 1,3 millones

El secretario y el jefe del Consorcio de Estepa crearon una empresa con sede en una parcela sin construir de un pueblo de Alicante

La planta de reciclaje de Estepa en la que se investiga el fraude ABC
Alberto García Reyes

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El escándalo de la planta de reciclaje del Consorcio de Medio Ambiente de Estepa-Sierra Sur no sólo es ecológico. Los responsables de este organismo creado por la Diputación de Sevilla y participado por 17 municipios de la comarca habían creado también una empresa que facturaba a la entidad pública que ellos mismos dirigían cantidades millonarias, a pesar de que la selección de basura no se llevaba a cabo y los residuos se enterraban en fosas cercanas a las instalaciones del Consorcio junto a los olivos. Concretamente, el secretario de este órgano , José Antonio Mañas, que también es secretario-interventor del Ayuntamiento de Algámitas, y el jefe de la planta, Manuel Ibáñez, crearon el 31 de octubre de 2014 una empresa denominada Magno Ambiental del Levante dedicada al «servicio de recogida y transporte de residuos no peligrosos, la gestión de residuos y servicios de construcción y movimiento de tierras en general», así como al «suministro de materiales y la redacción de documentos ambientales y realización de trámites administrativos en materia ambiental ». Es decir, todo lo que se hacía en el Consorcio: recogida de basura, transporte, movimiento de arena… Esta sociedad, que casualmente tenía el mismo fin comercial que el Consorcio que dirigían como responsables públicos, facturó cantidades que aún están por determinar , ya que la investigación policial sigue abierta y el caso está bajo secreto de sumario.

No obstante, ABC ha podido tener acceso a la documentación correspondiente al año 2019 y al presupuesto de 2020, que forman parte del material con el que trabaja la Policía, y en ella se demuestra que Magno Ambiental del Levante era uno de los principales proveedores del Consorcio . De hecho, en un documento fechado el 16 de diciembre de 2019 sobre los proveedores que están pendientes de distintos pagos por parte del organismo público aparece la empresa de los responsables de la planta de reciclaje pública como la segunda a la que más dinero se adeuda, exactamente 40.474 euros . No se trata, en principio, de una cantidad excesiva, pero este «desliz» ha permitido a los investigadores llegar más allá. Curiosamente, Mañas envió este documento a los miembros del Consorcio, entre los que actualmente hay dos alcaldes del PP y uno de IU , y un día después lo volvió a reenviar «corregido». En el segundo ya no aparecía su empresa en el listado de proveedores. Pero tirando de ese hilo se descubrió que en el presupuesto de 2020, el Consorcio de Medio Ambiente de Estepa-Sierra Sur incluye en su capítulo de «inversiones reales» , al que destina 2.117.474 euros, una partida de 1.300.000 euros para Magno Ambiental del Levante y otras dos empresas, más de la mitad de todo el presupuesto previsto. Es decir, la mayor inversión del presupuesto anual vigente es para ellos mismos. Es más, otra de las empresas incluidas en esta partida es Excavaciones Manuel Guillén, cuyo administrador es Miguel Ángel Guillén, socio de Mañas en Magno. La Policía investiga en estos momentos cuántos contratos más han adjudicado los responsables del Consorcio a su propia empresa en años anteriores, así como a otras sociedades de las que son administradores.

Pero el caso no termina ahí. Además del posible fraude medioambiental y las adjudicaciones de contratos a sí mismos, la empresa con la que facturaban, Magno Ambiental del Levante, tiene su sede social en el número 7 de la calle Picasso de Benferri, una pequeña localidad de Alicante sin actividad industrial. Según las fuentes consultadas, esta dirección es la de una parcela abandonada . La investigación, que se saldó con seis detenidos el pasado 30 de enero –todos puestos en libertad con cargos tras declarar en la ciudad malagueña de Antequera—, está todavía abierta, ya que se están rastreando las cuentas desde hace al menos un lustro para averiguar cuántos contratos se dieron los responsables del Consorcio a sí mismos.

El PSOE se desmarca

En todo caso, el PSOE se desmarcó ayer del escándalo en un comunicado enviado a este periódico, tras horas de deliberación de la dirección provincial, en el que asegura que « el Consorcio Estepa-Sierra Sur no es gobernado por el PSOE », sino que «lo integran ayuntamientos de distinto color político», obviando que eso ocurre desde las últimas elecciones municipales, cuando los municipios de Herrera y La Roda eligieron alcaldes del PP y Herrera de IU. Hasta entonces, los 17 pueblos que componen el Consorcio han sido socialistas y nunca a lo largo de la historia de este organismo se ha elegido como presidente a un responsable de otro partido distinto al PSOE. En el comunicado, que está firmado por la secretaria de Organización del PSOE de Sevilla, Sonia Gaya , se explica en que el partido es «escrupulosamente respetuoso con los procedimientos judiciales, en concreto con la investigación de un procedimiento administrativo en torno al Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur», pero Gaya reitera que este ente público «no está gobernado por el PSOE, sino que desde su creación está integrado por 17 ayuntamientos de distinto color político . Es más, la Diputación de Sevilla ni siquiera forma parte de él, tal y como se ha apuntado». La Diputación fue la institución impulsora del Consorcio y actualmente aporta 550.000 euros al año a su presupuesto.

No obstante, para Gaya toda la culpa es del PP, que «pretende tapar sus asuntos turbios y sus líos judiciales con este tema, cuya investigación está bajo secreto de sumario». «En el barro y en las amenazas no nos van a encontrar a los socialistas» , subraya la secretaria de Organización, para quien su partido «desde el primer momento ha mostrado su respeto a la investigación». Eso sí, su breve declaración oficial concluye con la frase tradicional en estos casos: «Quienes hayan cometido algún tipo de infracción administrativa deberán responder ante la justicia». Gaya reduce a «infracción administrativa» un asunto en el que, por el momento, hay seis detenidos.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación