La explotación laboral en el campo sevillano: dos euros por jornal y durmiendo al raso

ABC ha hablado con el responsable de la investigación policial días después de conocerse los primeros resultados de una operación que sigue abierta porque hay ramificaciones en el extranjero a las que no han podido llegar «por ahora». Este agente detalla cómo tras recibir esa primera información procedente de la capital del país rastrearon en denuncias similares y se encontraron con otra, «fechada hacía dos años», en la que otro ciudadano rumano señalaba a la misma persona, a la que también acusaba de haberla explotado laboralmente. Esa denuncia, que se había presentado en Torrejón de Ardoz, no había llegado a ninguna parte hasta este año. Los agentes comprobaron que al menos había dos víctimas , que había un periodo de tiempo entre ambas denuncias que hacían sospechar que podría haber una actividad criminal más o menos estable, y centraron sus pesquisas en el sospechoso: un vecino de Brenes que lleva varios años afincado en la provincia, casado y con hijos.

Esta persona encabeza presuntamente una trama que se dedicaba a captar a braceros en países como Rumanía, Moldavia o Bulgaria a los que les prometía unas buenas condiciones laborales que al llegar a España se esfumaban por completo. El jefe de la investigación subraya la especial vulnerabilidad de unas personas dispuestas a creer lo que fuera porque partían de una situación muy desfavorable en sus países de origen.

Gracias al testimonio de algunas de esas víctimas, que constituyen una prueba fundamental en este tipo de asuntos cuando llega el momento de juzgarse, la Guardia Ci vil pudo conocer los abusos que sufrían tan pronto aceptaban la oferta de trabajo y tomaban un autobús con destino a España. «Desde ese mismo momento empezaban a generar una supuesta deuda con los detenidos que iba creciendo, que no podían asumir y que les iba atrapando aún más», describe este agente de la Benemérita.

La red desmantelada se comprometía con las víctimas a costear el desplazamiento a España, en torno a unos 100 euros el billete de Sofía (Bulgaria) a Sevilla . Para después reclamar ese dinero junto a otros conceptos como gastos de manutención o alojamiento. Las víctimas veían cómo había días que sólo cobraban dos euros por jornal y sufriendo condiciones infrahumanas. Había jornaleros que dormían en cortijos abandonados, al raso, a los que les descontaban de su salario dinero por vivir en una casa en ruinas. En la misma localidad de Brenes, los agentes llegaron hasta una casa donde en el momento de la redada había unas 25 personas cuando el inmueble, de reducidas dimensiones, sólo tendría capacidad para cuatro o cinco personas. Colchones tirados en el suelo en una estancia con serios problemas de habitabilidad y salubridad. Los agentes no sólo encontraron a hombres, también a mujeres. Había matrimonios que habían viajado a España en busca de una oportunidad. En esta ocasión, la Guardia Civil no localizó a ningún menor entre las víctimas.

Además del cabecilla, los agentes detuvieron a tres ciudadanos rumanos más que ejercían de controlador, encargado o manijero de los jornaleros y de reclutador. En la redada cayó también una mujer española, que tiene una asesoría que servía a los intereses de la trama para facilitarles la documentación y el movimiento de dinero que obtenían a través de la explotación laboral.

La investigación cifra en unos 30.000 euros el dinero que podía embolsarse esta organización al mes con una cuadrilla de unos 30 trabajadores con salarios miserables. Un caudal de dinero que luego redirigían a través de empresas que se creaban con ese fin y ocultar así la procedencia ilícita de unos beneficios que salían de explotar a trabajadores. Tras la operación policial, el cabecilla y dos de sus colaboradores rumanos fueron enviados a prisión.