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URBANISMO

La fábrica de Altadis en Sevilla cumple diez años cerrada

El desacuerdo entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía anuló el convenio con la empresa de 2012

Acceso principal a la vieja fábrica de Altadis J. M. SERRANO

EDUARDO BARBA

Este jueves se cumplían diez años del cierre definitivo de la factoría de Altadis en Los Remedios . Nada menos que diez. El Día de los Inocentes de 2007 la vieja fábrica echó el candado, aunque ya llevaba un año sin producción y con los empleados que quedaban dedicados en exclusiva a tareas de desmontaje y limpieza. Se ponía así fin a más de cuatrocientos años de historia tabacalera en Sevilla, desde el impresionante edificio junto al Prado que ahora es sede de la Universidad de Sevilla hasta el inmueble junto al río donde se encontraba la sede de Tabacalera Española en la capital andaluza desde 1954 . Y que suma ya ese decenio abandonado.

Son varias las causas por las que estas instalaciones fabriles no han vuelto a tener uso, ni tampoco el terreno donde se asientan, pero todas redundan en una: la inoperancia de las administraciones implicadas, en este caso el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Por separado pero también cuando han tenido que llegar a un entendimiento para poner en carga de nuevo esos 40.000 metros cuadrados en un lugar privilegiado.

Y eso que el Ayuntamiento comenzó con brío sus movimientos para reconvertir la fábrica, intentando aprovecharse aún de la tendencia al alza del urbanismo previo a la crisis inmobiliaria, ese que le llevó a levantar las Setas de la Encarnación o el nuevo auditorio de Fibes. El gobierno del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín pretendía aprovechar uno de los últimos grandes activos del tablero urbanístico y movió algunas opciones a partir de 2008 junto a Altadis, la empresa que se hizo con Tabacalera y a la que pertenece la antigua factoría. Pero en cuanto el gabinete de Monteseirín levantó la liebre, las intenciones fueron frenadas de manera brusca por su socio de gobierno en ese mandato, IU, que había ganado peso. Su líder, Antonio Rodrigo Torrijos, se opuso con firmeza a cualquier «operación de especulación» en los suelos de Altadis y bloqueó los intentos en ese sentido, esgrimiendo el caduco argumento de que había que mantener el carácter industrial de aquellas instalaciones. Los comunistas llegaron a afirmar, incluso, que habían avanzando negociaciones con empresas interesadas que, sin embargo, habían encontrado problemas de financiación a causa de la incipiente crisis que ya empezaba a azotar.

Precisamente por ese declive económico general, el asunto de la vieja tabacalera de la calle Juan Sebastián Elcano quedó en segundo plano, al ser inviable una operación de envergadura. En plena depresión financiera llegó el mandato del popular Juan Ignacio Zoido , que dio un giro total a esta cuestión y, con una potente maquinaria de comunicación y de propaganda, hizo públicas sus intenciones de desbloquear el suelo de Altadis con un ambicioso proyecto urbanístico que retaba a los malos tiempos. Ya siendo oposición había anunciado usos culturales y comerciales en ese punto. Al convertirse en alcalde, Zoido logró que Ayuntamiento y empresa pactasen en 2012 un convenio para repartirse con Altadis las zonas de la factoría, recalificar los suelos con una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y disponer en esta parcela de usos culturales, comerciales y un centro de día para vecinos.

Pero apareció ahí la Junta, que debía dar el permiso definitivo a los cambios de usos del suelo. Pese a los contactos del alcalde incluso con la presidenta, Susana Díaz , la Administración regional terminó rechazando las recalificaciones y el plan del PPpara reflotar la tabacalera quedó hecho añicos. La llegada del socialista Juan Espadas a la Alcaldía en 2015 supuso una vuelta a la casilla de salida, ya que se anularon los acuerdos adoptados previamente con Altadis al entender los socialistas que eran leoninos y «contrarios a los intereses de la ciudad». En el nuevo marco de diálogo con la empresa las distancias son enormes. Hasta ahora. De hecho, el Ayuntamiento deslizó hace unos meses que incluso se estaba planteando expropiar la finca si la compañía no atendía a las peticiones -a la baja- del gabinete municipal.

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