Una de las peluquerías de la cadena que tiene 600 establecimientos abiertos en España
Una de las peluquerías de la cadena que tiene 600 establecimientos abiertos en España - Raúl Doblado

Los franquiciados de las peluquerías Low Cost acusan a los dueños de la cadena sevillana del fraude

Agrupados en una asociación de afectados y defendidos por una letrada, aseguran que les impusieron la asesoría y el centro de formación por el que pasaban sus trabajadores

SevillaActualizado:

Los chanchullos fiscales de la cadena sevillana de peluquerías Low Cost eran un secreto a voces. Al menos eso se desprende de las primeras reacciones que ha habido a la noticia de la detención de 37 personas, sólo en la provincia de Sevilla, por fraude fiscal. Como se informaba este miércoles, cinco de los detenidos conforman la cúpula de la empresa matriz, con sede social en Salteras, y los otros 32 implicados son franquiciados.

Estos últimos se han agrupado en un colectivo de afectados y bajo la dirección legal de una letrada han emitido este jueves un comunicado, desligándose por completo de las imputaciones que hace la Policía Nacional, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, que mantienen abierta una investigación. Acusan a los dueños de la empresa matriz de haberles impuesto una condiciones que están en el germen del supuesto fraude: la contratación del personal con la modalidad de contratos de formación cuando no reunían las condiciones. Se trataría de una argucia para pagar más barato a la plantilla y, además, obtener beneficios fiscales.

«Los franquiciados no se han beneficiado de los contratos en formación. No eran conocedores de tal fraude. Eran los propietarios de la franquicia quienes les obligaban, al firmar el contrato de franquicia de peluquería, a contratar con la empresa de asesoría laboral y fiscal, así como con la academia de formación que ellos les imponían».

Los franquiciados aseguran que dicho centro de formación, que también está bajo la lupa de la Policía Nacional, se les indicaba que estaba homologado por la Junta de Andalucía, pero descubrieron posteriormente que no era así. Es más, señalan que fueron dos de estos pequeños empresarios los que pusieron sobre la pista a los agentes al denunciar hace dos años las prácticas presuntamente ilegales. La plataforma presentó otra denuncia en agosto y a finales de septiembre se desencadenaron las detenciones.

Dos de los franquiciados denunciaron hace dos años a los dueños de la cadena por las condiciones que les imponían: «Los trabajadores seleccionados eran impuestos» y no se sabía si cumplían o no los requisitos para tenerlos contratados como aprendices

La Policía Nacional ya informó en su comunicado que los dueños de la cadena imponía las condiciones de contratación y formación, pero que los franquiciados que han caído en esta primera fase de la operación eran conocedores del fraude que se estaba cometiendo y que ha tenido dos grandes perjudicados: los trabajadores, que estaban sometidos a salarios muy bajos ya condiciones por debajo de convenio; y la Seguridad Social que cifra inicialmente en tres millones de euros el dinero del que se beneficiaron los dueños de Low Cost y los responsables de las peluquerías mediante bonificaciones y deducciones fiscales.

Los franquiciados niegan estar al corriente de cualquier treta y sostienen que estaban condicionados a la franquiciadora hasta tal punto que les imponía los trabajadores seleccionados. Se sitúan, además, como unos afectados más en el supuesto fraude. «Las bonificaciones de los cursos de formación los pagaron a los dueños de la franquicia, y nunca percibieron las bonificaciones de la Junta de Andalucía, puesto que los dueños de la franquicia señalaron en la Tesorería General de la Seguridad Social sus cuentas bancarias y no de los franquiciados, como hubiera correspondido».

Aseguran que lejos de lucrarse los franquiciados están arruinados por deudas que superan los 100.000 euros y que les reclama la Seguridad Social y Hacienda. «Algunos tienen embargados sus cuentas bancarias, sus pisos, otros han cerrado sus negocios y están en tratamiento médico». Una situación que empeoró en septiembre cuando 32 de estos pequeños empresarios fueron interrogados por la Policía en calidad de detenidos «y tratados como delincuentes al mismo nivel que los organizadores de este fraude».