Los franquiciados se reunieron y mantuvieron un contacto con los medios tras conocerse la operación policial
Los franquiciados se reunieron y mantuvieron un contacto con los medios tras conocerse la operación policial - ABC
Tribunales

Los franquiciados de peluquerías low cost declaran ante la juez que son víctimas del dueño de la firma

La cúpula de la compañía sevillana ha sido citada este martes por la juez instructora en calidad de investigados

SevillaActualizado:

Casi tres meses después de recibir la visita de la Policía Nacional, trece antiguos franquiciados de la cadena de peluquerías low cost ha declarado este lunes en calidad de investigados como supuestos partícipes del fraude fiscal destapado por la Policía Nacional y que ha puesto en tela de juicio la explosiva progresión de esta firma sevillana. Una cadena que en apenas cinco años ha logrado abrir más de 600 establecimientos y ha extendido su red fuera de España.

Ante la juez del Instrucción 19 de Sevilla, los investigados han coincidido en señalar a los responsables de la firma como los autores del presunto fraude que se basaba en los contratos de formación que les hacían firmar a los trabajadores. Esta modalidad contractual está reservada para un determinado perfil de empleado: aprendices que están en el periodo de formación. Por dar de alta a este personal, las empresas reciben beneficios fiscales. El negocio, según la investigación que realizó la Policía con la Inspección de Trabajo, era redondo porque además de las ventajas a la hora de rendir los impuestos, se sumaba el tener mano de obra barata, con nóminas muy por debajo de lo que estipulan los convenios para los trabajadores con cualificación.

La asesoría de la compañía

Los trece investigados que han pasado ante la juez instructora han asegurado que nunca estuvieron al corriente de la contratación de sus empleados porque el acuerdo con la franquiciadora incluía contratar los servicios de su asesoría, que se encargaba de esa parte del negocio. Además, les imponían los trabajadores y el tipo de contrato con el que entraban a trabajar en sus peluquerías.

La operación policial que se desarrollaba a finales de septiembre concluía con 37 detenidos, cinco de ellos son los considerados cabecillas del fraude. Al frente de la sociedad franquiciadora, con sede social en Salteras, está David L.D., un joven empresario de Simón Verde que hasta ahora se ha acogido a su derecho a no declarar. El dueño del negocio, junto a la persona que estaba al frente de la división de formación, Mar. R. S. han sido citados a declarar este martes.

Los franquiciados que han prestado declaración este lunes también ha detallado que se enteraron del posible fraude cuando recibieron la visita de la Inspección de Trabajo o cuando sus trabajadores tuvieron que declarar en Comisaría. Todos ellos abandonaron la franquicia arrastrando una deuda que les reclama Hacienda que oscila entre los 30.000 y los 44.000 euros.