Fraude del reciclaje: varios alcaldes del PSOE crearon un «grupo criminal» para desviar fondos
La Policía señala a los regidores de Casariche y Los Corrales, Basilio Carrión y Juan Manuel Heredia, y asegura que pagaban facturas falsas a la trama

Los alcaldes socialistas de Casariche y Los Corrales, Basilio Carrión y Juan Manuel Heredia Bautista —actualmente contratado como asesor en la Diputación de Sevilla—, formaron presuntamente un «grupo criminal» junto con el interventor del Consorcio Estepa Sierra Sur y principal investigado ... en el fraude del reciclaje, José Antonio Mañas, con el objetivo de desviar fondos a la empresa pantalla Magno Ambiental del Levante, propiedad de este último y del jefe de la planta Matagrande de Estepa , Manuel Ibáñez. Esto es lo que sostiene la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional que está llevando a cabo la investigación en un atestado al que ha tenido acceso este periódico. Los agentes concluyen en su nuevo informe que las diligencias practicadas les llevan a «deducir la existencia de un grupo criminal organizado liderado por José Antonio Mañas» del que también forman parte Heredia Bautista, exregidor de Los Corrales, y Basilio Carrión, actual alcalde de Casariche, «así como aquellas otras que de manera tangencial han colaborado en la consecución de sus fines criminales , como es el caso del testaferro que actuó como primer administrador de Magno o las parejas del secretario-interventor y el jefe de la planta».
La Policía asegura que «todas las actuaciones delictivas señaladas durante la presente investigación, cometidas a lo largo del periodo comprendido entre los años 2014 y 2020, responden a un mismo patrón consistente en el ejercicio indebido de cargos públicos para satisfacer intereses particulares del grupo criminal». Y a partir de esta premisa ha diseñado un organigrama en el que se detallan las distintas responsabilidades en la trama al entender que «cada uno de sus componentes habría ejercido roles según su perfil político, profesional o su vinculación personal, denotando organización y relación de jerarquía , así como especialización técnica». Siguiendo este criterio, en el primer nivel estarían los «responsables políticos nombrados para dirigir los organismos públicos, que deben aprobar los actos administrativos necesarios para lograr los fines del grupo criminal: Juan Manuel Heredia Bautista, presidente de la Mancomunidad y del Ayuntamiento de Los Corrales, y Basilio Gil Carrión, presidente del Consorcio» en el momento en el que se produjeron los hechos que ahora instruye el juez número 2 de Estepa.
Las investigaciones llevadas a cabo por la Policía le permiten concluir que Heredia Bautista acordó externalizar el servicio de recogida de basura de los municipios de la Mancomunidad de la Sierra Sur en 2016. Entonces el interventor del Ayuntamiento que dirigía, el de Los Corrales, era también Mañas. Esto le permitió «justificar el contrato que el Consorcio adjudicó a Magno aunque esta carecía de los medios necesarios para prestar el servicio contratado». Además, el alcalde «habría participado de forma directa y en el ejercicio de sus cargos públicos en actos dirigidos a favorecer los intereses económicos de la sociedad magno», la empresa pantalla a través de la que se desviaron los fondos posteriormente blanqueados por medio de cooperativas olivareras. Ambos pactaron «la venta de dos camiones del Consorcio a Magno por un precio significativamente bajo de 181 euros». Y además el Ayuntamiento de Los Corrales hizo pagos a la citada sociedad propiedad de Mañas « por dos informes inexistentes» . Es decir, pagaron facturas falsas que permitieron desviar más fondos a esta empresa pantalla.
A todo esto, la Policía añade otro vínculo especialmente llamativo: el abogado que trabajaba para el Consorcio , la Mancomunidad y el Ayuntamiento de Los Corrales fue contratado sin procedimiento público de administración y se encargó de gestionar todos estos trasvases. Y aquí aparece otro dato crucial: « se han observado vínculos personales entre el secretario-interventor José Antonio Mañas y el abogado que habrían favorecido su contratación directa como asesor jurídico del Consorcio, la Mancomunidad y el Ayuntamiento sin licitación ni oferta pública de empleo». Concretamente, la Policía indica que el letrado podría ser la pareja del hijo de Mañas . A este triángulo se sumó también posteriormente el alcalde de Casariche, Basilio Carrión.
El atestado revela que «la complicidad» entre Mañas y Heredia Bautista «llevó incluso a provocar» que el alcalde «intentara crear» para el interventor « un nuevo puesto de vicesecretario-interventor que le habría asegurado el control de las cuentas municipales y habría evitado su salida del Ayuntamiento provocada por la llegada de una nueva secretaria municipal». Para crear dicho cargo «ad hoc», el alcalde de Los Corrales «logró incluso que el Pleno del Ayuntamiento, con el voto mayoritario de los concejales de su agrupación política , aprobara en 2018 un presupuesto incrementado en 1.590.638 euros». Pero finalmente, «ante la presión ejercida por la oposición política y probablemente el consejo de la nueva secretaria municipal», no se llevó a cabo. Sin embargo, sí se pudieron acometer otras actividades durante cuatro años que ahora llevan a la Policía a señalar a dos alcaldes socialistas como miembros de este «grupo criminal organizado» y a solicitar al juez nuevas diligencias para comprobar si este «modus operandi» se produjo en otros ayuntamientos de la Sierra Sur.
Noticias relacionadas
- El juez eleva a 3,4 millones de euros el fraude del reciclaje de Estepa y rastrea el patrimonio de los directivos
- El principal investigado en la trama del reciclaje de Estepa vuelve a las oficinas del Consorcio
- El PP pide explicaciones a Susana Díaz por el «grupo criminal» de alcaldes en el Consorcio de Estepa Sur
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete