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Pleno municipal

El gobierno local de Sevilla respalda la Ley Celaá y critica al PP por «infundir miedo a las familias»

El pleno del Ayuntamiento rechaza posicionarse contra la normativa impulsada por el Ejecutivo central con acusaciones de «complicidad» a Espadas por parte de la oposición

Juan Espadas y Antonio Muñoz dialogan en un momento del pleno Raúl Doblado

E. Barba

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla se ha señalado definitivamente echando por tierra en su sesión de este jueves una moción del PP en demanda de que la institución rechazase la nueva ley educativa promovida por el Gobierno central del PSOE y Podemos, la conocida como Ley Celaá por la ministra del ramo, una normativa que el PP tacha como «una agresión a la educación concertada y a la libertad» con «la complicidad del alcalde socialista, Juan Espadas ». El PSOE, no obstante, ha acusado a los populares de «mentir» e «intentar infundir miedo a las familias». Los votos socialistas y de Adelante Sevilla (la suma de Podemos e IU) han tumbado la iniciativa del PP local.

El mencionado proyecto de ley, ya votado en el Congreso de los Diputados y ante el cual PP, Cs y Vox han anunciado impugnaciones ante el Tribunal Constitucional , contempla, entre otros aspectos, que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; un periodo de diez años para que los centros ordinarios puedan atender a alumnos con discapacidad con los centros de educación especial como referentes o la consideración de las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares en la educación a la misma altura que el castellano.

Durante el debate de la moción, la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, ha recordado que la nueva ley educativa «no nace del consenso» y ha acusado al Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos de «eliminar la demanda social como elemento configurador en las líneas de concierto subvencionadas», algo a su juicio «antidemocrático» porque implica «desatender la demanda de los ciudadanos que sostienen con sus impuestos el sistema» educativo que siguen teniendo a su alcance. Igualmente, ha criticado que la normativa «aspire a integrar a los centros educación especial en los ordinarios» pese a la demanda de atención especializada y vaya contra el «derecho fundamental a elegir» el modelo educativo.

Cs augura una derogación

Por parte de Cs, el concejal Miguel Ángel Aumesquet ha lamentado que la Ley Celaá «asfixie y presione a la educación concertada», pese al papel «integrador» de la misma en zonas de exclusión social, insistiendo en que se trata de una norma «no debatida» con el sector de la concertada, las fuerzas de oposición o las comunidades autónomas. «No es el camino», ha aseverado avisando de que al carecer esta ley educativa de consenso consolidado al igual que la actual y las anteriores, «seguramente será tumbada por la alternancia en el Gobierno», lo que le ha llevado a pedir «una ley educativa para toda una generación y no para una legislatura».

En el caso de Adelante, Daniel González Rojas ha criticado que las fuerzas conservadoras intenten «confundir la libertad de educación y de enseñanza con un derecho a la subvención», diferenciando así entre la «libertad de elegir» el modelo educativo y la educación pagada con «el dinero de todos». Con esos argumentos, ha llamado a «los partidos de la derecha a dejar de usar el sistema educativo de modo partidista», rememorando que la actual ley en la materia fue aprobada por el anterior Ejecutivo del PP con el único apoyo de dicho partido.

El PP acusa al alcalde de «coautor»

El portavoz del PP, Beltrán Pérez , ha avisado de que la Ley Celaá constituye «un intento de derruir el sistema de derechos y libertades de la educación, con nocturnidad y alevosía y con un atropello a la educación concertada». Al respecto, ha acusado al alcalde, el socialista Espadas, de «ser cómplice y coautor de una agresión a la educación concertada», defendiendo la campaña de buzoneo promovida al respecto por el PP en «defensa de la concertada, la educación especial y el castellano».

Desde el PSOE, la edil María Luisa Gómez ha avisado de «las mentiras» difundidas respecto a la nueva ley educativa, acusando al PP de intentar «infundir miedo a las familias y usar políticamente a los menores». Criticando la «campaña de marketing» que a su juicio ha promovido el PP hispalense en torno al asunto en favor de la figura de Beltrán Pérez, la edil socialista ha defendido que el Ayuntamiento goza de «magníficas relaciones con los centros concertados», al «gobernar para toda la comunidad educativa».

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