La investigación que destapó la corrupción policial en Isla Mayor descubrió a más agentes sobornados

Así consta en el sumario de las diligencias previas 72/2016, que se desgajaron por orden de la magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela , de una investigación inicial. Lo acordó cuando se detectaron conversaciones que apuntaban a que el jefe del acuartelamiento de Isla Mayor, el sargento Cáceres, se había dejado sobornar por los narcotraficantes. Fue entonces, con la información de esos primeros pinchazos, cuando la investigación que tutelaba la titular del juzgado Central de Instrucción 4 se redireccionó hacia el puesto que tiene la Benemérita en la pequeña localidad sevillana, ubicada en la orilla de una de las rutas del hachís más explotadas por los narcos.

ABC ha tenido acceso a toda esa documentación judicial. Recientemente publicaba el contenido de las intervenciones telefónicas que han servido para condenar al sargento Francisco Javier Cáceres y a los agentes Luciano Martínez , Claudio Galván y Juan Rafael Moreno . Pero antes de que la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil consiguiera las pruebas para sentarlos en el banquillo, la investigación tuvo un origen en unos seguimientos que estaba haciendo a mediados de 2015 la Udyco central de la Policía Nacional a un grupo de traficantes que operaban entre Cádiz, Sevilla y Huelva.

En varios de los informes policiales que se incluyen en las diligencias se detalla que esos narcos contaban con la colaboración de varios funcionarios policiales de distintas provincias. Así, en una conversación grabada al líder de una de las muchas bandas que operan en la costa andaluza, identificado como Ricardo R. B., la Udyco descubre cómo dispone de información de primera mano sobre los movimientos de las patrulleras de Vigilancia Aduanera y del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

Estas son las conversaciones grabadas durante una operación de entrada de hachís por la costa onubense y que evidenciaban la connivencia de los traficantes con, al menos, dos funcionarios policiales. El 20 de julio de 2015, a las 17.23 horas, uno de esos agentes sobornados, al que se le da el sobrenombre de alijador principal en las diligencias, le dice al traficante, que está móvil en mano dirigiendo la llegada del cargamento: «El coche ése va por al lado tuyo, va a 50 brazas, va para levante, dile que no le dé de comer, que se aguante un poco».

Con ese lenguaje críptico , explica la Policía en su informe, le está diciendo que una de las patrulleras que se encuentra en la zona, está a 50 brazas del barco de los traficantes, que va cargado de hachís. Y le advierte para que no acelere y llame la atención a los agentes que vigilan el litoral.

Media hora después, los agentes que seguían los movimientos del pesquero, que navegaba en esos momentos por aguas de Isla Cristina, vuelven a interceptar otra conversación de los mismos interlocutores. El narco le apremia a su contacto para que le confirme si tienen el camino expedito y le insiste para que llame al compañero que supuestamente le está pasando la información desde la estación donde la Guardia Civil controla el tráfico marítimo.

El traficante Ricardo R. B. (R): «Dile que esté muy pendiente de donde va la desgracia ésa (en referencia a la patrullera que estaba a 50 brazas)».

Alijador (A): «Está llamando cada cinco minutos para allá».

R: «El que está allí en la base, por los monitores, sabe dónde está».

A: «Tiene que pedirla (la posición de la patrullera) y el otro (piloto de la embarcación y también funcionario) se la tiene que aceptar».

R: «¿No lo ve por los monitores?».

A: «Tan para dentro no se ve, tienen que darle la situación».

La Policía es rotunda a la hora de informar a la magistrada de la importancia de estas conversaciones: «Es claro por tanto que, a través de alijador principal, la organización mantenía en esos momentos puntual contacto con un funcionario que se encontraría en la base de su servicio , a través del cual y por sus pantallas, es capaz de localizar el lugar en que se encuentran las patrulleras».

Esa parte de la investigación quedó en punto muerto porque la organización, tras perder un alijo, interrumpió su actividad y la retomó en enero de 2016 . La Udyco localizó entonces una de sus embarcaciones oculta en una nave de Isla Mayor y a través del seguimiento a otro jefe local, interceptaron una conversación en la que hablaban de un sargento «calvo» , que estaba con ellos, con los narcos. Fue entonces cuando la investigación se centró en lo que estaba ocurriendo en Isla Mayor.

Además, Asuntos Internos del Cuerpo Benemérito remitió al juzgado de Lamela un informe en el que confirmaba que había indicios de la implicación en el tráfico de hachís de efectivos del acuartelamiento de Isla Mayor, pero también de otros miembros de la Guardia Civil: «De los cuales se desconocen más datos identificativos y que están desempeñando sus actividades profesionales en el Servicio Marítimo de Cádiz».

Los cuatro agentes del acuartelamiento de Isla Mayor han sido condenados a penas que van de los cuatro años y medio a los catorce años y tres meses por hacer la vista gorda en la introducción de alijos de hachís por el río Guadalquivir. En el juicio, el sargento Cáceres aseguró que estaba tratando de captar información para usarla en una hipotética investigación policial que ningún mando respaldó. La sentencia concluye que cobró 20.000 euros por cargamento..