Hazte premium Hazte premium

VIVIENDA

Un juez ordena el desalojo de cinco familias en Sevilla

Las viviendas, que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, se encuentran en Valdezorras en terrenos expropiados por Urbanismo

Imagen de la carretera de Brenes RAÚL DOBLADO

ABC

Un juzgado de Sevilla ha ordenado el desahucio de cinco familias que viven en casas bajas alquiladas en Valdezorras por impago de la renta y al no reunir las condiciones mínimas de habitabilidad. Según infoma el grupo municipal de Participa en un comunicado, los afectados tienen ya la orden de desalojo, que será el próximo martes.

Los ediles señalan en la nota que estas viviendas se encuentra «en precarias condiciones» en un terreno cercano a la carretera de Brenes SE-8008, «un lugar que anteriormente fue un centro de rehabilitación de alcohólicos y que luego el dueño lo reformó parcialmente para hacer casas individuales». Igualmente destacan que «tampoco tienen cédula de habitabilidad, porque el dueño no regularizó la situación del terreno en Urbanismo como uso de vivienda, con lo cual no disponen de agua ni luz ». De hecho, ni siquiera podía hacerlo, porque esos terrenos se han expropiado por parte de Urbanismo para poner en marcha la construcción de enlace de la Ronda Supernorte con el acceso de la SE-20 a un centro comercial que iba ser IKEA y que luego rechazó».

Los concejales de Participa critican que «no se han previsto soluciones habitacionales permanentes más allá de los 15 días de una vivienda tutelada que les ofrece servicios sociales a familias con hijos menores a dos de estas familias, las otras tres se quedarán en la calle». De este modo, exigen que se le dé una solución permanente a estas familias «como a cualquier vecino de esta ciudad, tal como se comprometió el PSOE y el alcalde de otorgar vivienda a personas con problemas como un derecho en el acuerdo de investidura o en el Pleno de Medidas de Emergencia de la Vivienda».

De la misma forma, mostraron extrañeza por la decisión judicial que, según el comunicado, ha sido por causas de impago de unas viviendas «que legalmente no existen, pasando por lo alto la irregularidad manifiesta de las mismas». Además, según el comunicado, el dueño de estos terrenos llevó a juicio a las familias cuando éstas habían puesto una reclamación en los juzgados para que el dueño les arreglara las viviendas «ya que no tenían agua ni luz, no hacía reforma alguna de la infraestructura y vivían en condiciones precarias».

Por eso, consideran que «no se puede permitir que este señor que se ha lucrado con las viviendas estafando a las familias, salga ahora de rositas cuando ha estado defraudando a Hacienda y a la administración, incumpliendo las normas y sean sólo las familias las que paguen el pato quedándose en la calle».

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación