Turismo

La Junta de Andalucía no ha inspeccionado la mitad de las 4.000 viviendas turísticas de Sevilla

Los representantes de pisos turísticos piden a la Administración autonómica más recursos para aflorar las viviendas ilegales

Sevilla Actualizado: Guardar
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La Junta de Andalucía tiene registradas 4.111 viviendas con fines turísticos, de las que ha inspeccionado 2.129, el 52% del total, desde 2016, según fuentes de la Consejería de Turismo. El 97% de las viviendas turísticas inspeccionadas se hallan en Sevilla capital y sólo 61 se encuentra en la provincia.

Daniel Gata, gerente de Apartsur, una asociación que engloba a 300 socios en Andalucía y a 100 en Sevilla, con 1.300 unidades de alojamiento en total, denuncia que «no hay recursos en la Junta de Andalucía para inspeccionar todas las viviendas y nosotros no podemos hacer de inspectores». A su juicio, «no hay un vacío legal porque estos pisos se regularon mediante decreto en 2016 y porque hay un registro en la Consejería de Turismo. Cualquiera que quiera inscribirse en este registro puede hacerlo mediante una declaración responsable, lo que le permite comercializar esa vivienda. Actualmente hay algo más de 4.000 viviendas en ese registro pero ¿quién comprueba si esa vivienda cumple los requisitos?».

La Junta de Andalucía cuenta con una ventanilla donde se puede denunciar una vivienda o apartamento turístico ilegal. «La Administración autonómica nos informa si una vivienda está en el registro y si no está nosotros presentamos una denuncia. Lo que es necesario -según el gerente de Apartsur- es que la Junta de Andalucía sea más ágil haciendo esos registros».

Algo que permitiría aflorar las viviendas ilegales es hacer público el registro oficial, «de forma que cualquier ciudadano pueda saber si un piso usado con fines turísticos es legal o no». La Junta indica que ese registro no está expuesto al público pero cualquier persona puede consultarlo si lo solicita.

Daniel Gata, gerente de Apartsur - ABC

Por otra parte, Apartsur ha declarado que el anuncio del Ayuntamiento de modificar el PGOU para regular los alojamientos turísticos «no está en consonancia con lo que dice la Junta de Andalucía, que reguló las Viviendas Turísticas con Fines Turísticos con un decreto de la Consejería de Turismo en 2016. Es la Junta y no el Ayuntamiento quien tiene competencias en materia de viviendas turísticas».

Esta asociación es partidaria de que afloren las viviendas turísticas alegales pero entiende que el Ayuntamiento no tiene competencias para regularlas. «La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) y los tribunales están tumbando las ordenanzas municipales que han pretendido regular las viviendas turísticas», indica Gata. En este sentido, esta asociación subraya que «desde la Consejería de Turismo se nos dice que no nos preocupemos por esas ordenanzas municipales porque la CNMC o los tribunales. «El Ayuntamiento de Sevilla está actuando presionado por la sociedad, cuando no se debía demonizar un sector que hace dos años que se ha legalizado», añade Gata.