El metro a su paso por el Aljarafe
El metro a su paso por el Aljarafe - J. C. Rangel
Infraestructuras

La Junta rechazó un acuerdo para ahorrar cien millones del sobrecoste del metro de Sevilla

La constructora ofreció un plan para evitar el juicio, que estuvo vigente durante varios años, pero la división de opiniones entre los consejeros lo frustró

SevillaActualizado:

La línea 1 del metro de Sevilla tendrá un coste definitivo de 890 millones de euros, más del doble de lo presupuestado, pero varios consejeros de la Junta tuvieron en su mano reducir esa cifra en, al menos, cien millones si hubieran aceptado un acuerdo con las constructoras, que lo mantuvieron encima de la mesa aún incluso tras el primer varapalo judicial.

ABC ha podido saber, de fuentes cercanas a los sucesivos procedimientos judiciales, que se ofreció un arreglo por valor de 60 millones de euros para compensar el encarecimiento de la mano de obra y los materiales durante la ejecución del proyecto. El pago de sobrecostes por este asunto estaba recogido en el contrato que se firmó con la UTE encargada de los trabajos, sin embargo, la administración mostró una fuerte oposición cuando se le reclamó el abono.

Para evitar el paso por los tribunales, se propuso el acuerdo que hubiera reducido considerablemente una deuda, que finalmente tendrá que pagar íntegra la actual administración andaluza tras la sentencia firme del Tribunal Supremo del pasado diciembre. Constancia de ese ofrecimiento hay a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas, además de algunos encuentros entre responsables de la Consejería de Fomento de las empresas que se encargaron de la construcción -ACS, Sacyr y Gea21-. Toda esa documentación fue recogida en el primer proceso judicial que resolvió el juzgado número 11 de lo Contencioso Administrativo de Sevilla en 2015 y que fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Supremo.

Desde el principio

Las fuentes consultadas aclaran que aquel acuerdo se propuso en 2009, justo después de finalizar las obras. Las conversaciones fueron con el entonces consejero de Obras Públicas, Luis García Garrido, quien apenas llevaba un año en el cargo. Según indican, el socialista habría aceptado las condiciones por las que se compensaría el encarecimiento del acero y de la mano de obra que se produjo durante el boom de la construcción, que coincidió con la ejecución de la línea 1.

Sin embargo, el documento quedó sin firma cuando se produjo el baile de consejeros tras las elecciones autonómicas de abril de 2009. La exalcaldesa de Córdoba Rosa Aguilar asumió la cartera y, por tanto, la capacidad para decidir. Las constructoras le propusieron el mismo arreglo, que no debió convencerle, pues no hubo contestación alguna ni al correo electrónico que se le envió y que se incluyó en la demanda, ni a los sucesivos ofrecimientos para acercar posturas. Tampoco hubo respuesta de su sucesora, Josefina Cruz Villalón, que permaneció en el cargo los dos años restantes.

Y el problema pasó a la siguiente legislatura, la del bipartito PSOE-IU, que puso en manos de la comunista Elena Cortés la Consejería de Fomento. Tampoco ella quiso aceptar las condiciones, a pesar de que la consejera de Hacienda entonces, María Jesús Montero, presionó para que se firmara ante lo que se avecinaba. Aquel empecinamiento derivó en la batalla judicial que tuvo fin el pasado diciembre con la condena en firme al pago de 160 millones de euros, que para que el lector se haga una idea, es casi el mismo importe en el que se presupuestó el tranvía de Alcalá o el de la Bahía de Cádiz.

Con ese agujero arranca la nueva etapa en la Junta que ahora intenta buscar fórmulas para facilitar ese pago. Lo explica a ABC el viceconsejero de Fomento y Vivienda, Jaime Raynaud, quien lamenta las consecuencias de «una pésima gestión». En declaraciones a este medio asegura que «nos estamos encontrando día tras día con numerosísimas reclamaciones y sentencias que caen como cascadas sobre la administración y, por extensión, sobre el conjunto de los andaluces». Considera que fue «en unos casos por desidia, en otros por falta de atención y hasta por actitudes muy sectarias».

Pagar la deuda

Sobre la construcción de la línea 1 se muestra mucho más tajante: «es sangrante, en primer lugar por el desarrollo del proyecto en su conjunto, que fue adjudicado por 428 millones de euros y al final a los andaluces nos va a costar 886 millones de euros. Eso supone una desviación del 107 por ciento». Y el retraso en el abono también conlleva otra losa, pues, según el viceconsejero, «por cada mes de retraso se suman otros 300.000 euros más de intereses».

«Es lamentable que estemos así por actitudes sectarias y alejadas del mínimo espíritu de consenso y diálogo, cuando de verdad se ofrece una solución negociada que no hubiera sido tan gravosa para las arcas autonómicas. Resulta verdaderamente lamentable que los gobiernos anteriores hayan sido incapaces de llegar a un acuerdo y que por unas actitudes sectarias y cargadas de sinrazón tengamos que pagar ahora estas facturas», sentenció.

Respecto a la posibilidad de reducir la cantidad o encontrar facilidades para abonar el pago, avanza que «la próxima semana se celebrará una reunión con un cualificado representante, pero aún es pronto para saber si daremos con una solución».