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SANIDAD

La Junta ha tenido en Sevilla a 1.045 profesionales sanitarios con contratos basura

Las mujeres conforman el 75% de los trabajadores de la sanidad pública con contratos precarios, de un mes o menos

Una de las protestas de los últimos años de profesionales sanitarios J. C. RANGEL

Eduardo Barba

La precarización de la sanidad pública es bastante mayor que todo lo que se había anunciado hasta ahora por parte de la Junta de Andalucía, la administración competente en este ámbito. Los nuevos responsables del Gobierno regional (el equipo de PP y Ciudadanos) han estado analizando los datos reales que obraban en poder de la Consejería de Salud y no sólo no coinciden con los mensajes grandilocuentes de sus predecesores, los del equipo de la socialista Susana Díaz , sino que apuntan a una enorme precariedad en el empleo público que engloba este amplísimo sector. El nuevo Ejecutivo ha puesto en marcha un plan para mejorar ese empleo eventual con contratos de un mínimo de seis meses a partir de ahora para los que están afectados por este asunto, pero antes de ponerlo en marcha ha debido fiscalizar la situación de la que se parte.

ABC ha tenido acceso a esos registros internos y ha podido confirmar que más de un millar de profesionales sanitarios vienen trabajando en la provincia de Sevilla en condiciones de extrema precariedad, con contratos que no pasan de un mes de duración y que, en muchos de los casos, se prolongan sólo por una semana, dos días o incluso unas exiguas 24 horas. Auténticos contratos basura, tal y como se venía denunciando por los sindicatos sin demasiada respuesta por parte de la Administración autonómica. En concreto, según las cifras que ahora se manejan en la cartera de Salud, en toda Andalucía hay 5.766 empleados en esta situación, siendo 1.045 de ellos de Sevilla . Entre estos, los contratos vienen siendo en los últimos años como máximo de treinta días, si bien la mayor parte de los mismos es de únicamente una o dos semanas. Hay un nutrido grupo de contratos de dos y tres días, y también otros de sólo una jornada.

La documentación de empleados que usa de manera eventual el Servicio Andaluz de Salud (SAS) apunta que de ese millar largo de profesionales sanitarios, la amplia mayoría, 786, son mujeres . En términos porcentuales, el 75% de este grupo de trabajadores, lo que refleja con bastante claridad que la precariedad en la sanidad pública tiene rostro de mujer. Tres de cada cuatro contratos basura afectan al sector femenino, mientras que 259 de esos empleados eventuales son hombres. Todos ellos tendrán ahora contratos de un mínimo de seis meses.

Esta tremenda precarización en la sanidad pública, que se ha usado para responder a situaciones en las que la demanda ha sido tan alta que no podía darse la asistencia adecuada a todos los pacientes, ha sido denunciada en repetidas ocasiones por los sindicatos de este sector y suponen, además, un evidente perjuicio para los ciudadanos que son atendidos en centros ambulatorios u hospitalarios. En muchos de los casos, como se ha recogido de manera recurrente por el Defensor del Paciente, se han encontrado con un médico diferente al que le había observado la primera vez cuando ha debido volver a pasar por la consulta, lo que empeora el necesario seguimiento personalizado del enfermo.

El Gobierno andaluz ha denunciado, por otro lado, que durante los últimos ocho años el SAS redujo la plantilla de médicos, enfermeros, administrativos y auxiliares de enfermería en 7.773 profesionales, además de situar la inversión por habitante en los últimos lugares de las comunidades autónomas.

Al hilo de todo ello, el Parlamento acaba de aprobar por unanimidad la elaboración de un Plan de Retorno de Profesionales Sanitarios, que deberá incluir la mejora de las condiciones laborales y económicas de los profesionales sanitarios para que se equiparen a las del resto de España. Según el texto aprobado en la Cámara, una proposición no de ley defendida por el PP, se demanda también al Gobierno que haga un calendario con las ofertas públicas de empleo cada dos años, de tal manera que se limiten los contratos de corta duración, así como la periodicidad de los concursos de traslado y la creación de una oficina de retorno y una campaña informativa para facilitar y difundir las medidas acordadas.

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