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Tribunales

Los juzgados de lo Social de Sevilla señalan ya vistas para el año 2022 por el atasco judicial

Los últimos afectados por estos retrasos son los enfermeros de la prisión de Sevilla I, que demandaron al exdirector del centro penitenciario y al subdirector médico tras un conflicto laboral

Acceso a la prisión de Sevilla I, donde estalló un conflicto laboral en 2016 ABC

Silvia Tubio

Seis años va a tardar en juzgarse la demanda interpuesta por los enfermeros de la prisión de Sevilla I contra el que fuera director del centro penitenciario y el subdirector médico en el año 2016. Un conflicto laboral que supuso el cese de ambos directivos y que la Justicia no consigue resolver por la saturación, ya crónica, que sufren los juzgados de lo Social en Sevilla. La vista debía de haberse celebrado el pasado 25 de junio, pero el letrado de uno de los demandados pidió un aplazamiento por enfermedad de su cliente. El juzgado número 2 no tiene fechas disponibles en los próximos meses y el juicio se ha señalado para dentro de tres años; en concreto, el 27 de junio de 2022.

«Con estos plazos no hay derecho a una tutela judicial efectiva. Los jueces están haciendo un esfuerzo importante, resolviendo a un ritmo rápido, pero están desbordados». se lamenta el letrado Alberto Lag , del despacho jurídico Gómez-Cunningham Abogados , que lleva la defensa de los enfermeros.

La demanda que ha dado origen a este procedimiento se presentó en septiembre de 2016 por un incumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales. Ese verano, un único enfermero se quedó al frente del servicio para una población reclusa que supera el millar de internos. «Ésa fue la gota que colmó el vaso. Los demandantes entendieron que estaban sufriendo represalias de la dirección por la queja que habían presentado contra la Agencia Española de Protección de Datos».

Origen del conflicto

Esa denuncia, según el abogado, es el origen del conflicto . Los enfermeros se habían dado cuenta que la base de datos donde se incorporaban las fichas médicas de los internos tenían fallos en el sistema de seguridad porque no había escalones de acceso y cualquier trabajador de Instituciones Penitenciarias podía consultar esa información de carácter reservada.

El entonces director de la prisión, Jesús Miguel Garrido, fue cesado y trasladado de cárcel. Su letrado presentó un escrito dos días antes del juicio, informando que su cliente había sufrido un rotura del tendón de Aquiles el 19 de mayo, casi un mes antes de la firma del escrito. Una lesión que le impide trasladarse a Sevilla porque en estos momentos está destinado en Asturias. La petición de aplazamiento fue aceptada y la parte demandada ha ganado casi tres años de tiempo.

Los enfermeros, dos de los cuales ya no trabajan en Sevilla I, reclaman una indemnización cada uno de 27.000 euros por las consecuencias derivadas del acoso que vivieron durante el conflicto.

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